“El CPJ define como asesinato a todo ataque deliberado contra un periodista en particular en relación con el trabajo de la víctima. Asesinatos son más del 70 por ciento de las muertes de periodistas relacionadas con su labor, según datos del CPJ. Este índice no incluye casos de periodistas caídos en combate o mientras realizaban tareas peligrosas como la cobertura de protestas callejeras”, sostiene el informe.
Tres latinos en el ranking.
A partir de esta medición tres países latinoamericanos figuran en el Índice.
En el quinto puesto se ubica Colombia que mostró poca variación respecto al 2012, pero el país “en una época uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, ha logrado sostenidos avances con el tiempo”.
“Ningún periodista ha sido asesinado por su labor en Colombia desde 2010. Las mejoras en el clima de seguridad por lo general han superado los avances en el ámbito judicial, según Carlos Cortez, uno de los fundadores de la organización colombiana Fundación para la Libertad de Prensa”, sostiene el informe.
El país se ubicaba en el mismo puesto el año pasado, pero con un índice de 0,173 casos no resueltos por millón de habitantes frente al 0,171 actual.
“El presidente Enrique Peña Nieto ha heredado un índice de impunidad del 90% en los casos de asesinato de periodistas”, señaló el CPJ sobre el caso mexicano.
“Un total de 15 asesinatos en los últimos 10 años continúan sin resolverse, y la mayoría se ha atribuido a criminales afiliados a los poderosos carteles de la droga o a funcionarios policiales y de gobierno corruptos”, agregó.
Según el índice, los asesinatos a periodistas “han disminuido ligeramente” en los últimos tres años, pero esto se debe, según la investigación, “a la autocensura que se ha afincado prácticamente en todos los rincones del país fuera de la capital”.
Uno de los casos más emblemáticos se dio en mayo de 2012 cuando un diario de Nuevo Lardeo anunció oficialmente que no cubriría ningún tema relacionado con el crimen organizado.
“Los periodistas mexicanos, muchos de nosotros madres y padres, no queremos permanecer callados, pero tampoco queremos morir”, escribió la reportera investigativa Anabel Hernández en una carta de noviembre del 2012 dirigida a los delegados de la ONU, en la cual los exhortaba a tomar medidas en México de conformidad con el nuevo plan contra la impunidad.
El país pasó del octavo al séptimo puesto este año.
El otro país iberoamericano incluido en el índice es Brasil. “Con nueve casos sin resolver, el puntaje de Brasil en el índice de impunidad ha subido dramáticamente en los últimos años. A pesar de sus compromisos declarados con la justicia, las autoridades brasileñas no han logrado ninguna nueva condena desde 2010”, asegura el CPJ.
“Cuatro periodistas fueron asesinados en 2012, el mayor saldo de víctimas fatales que el país ha visto en una década. Tres de las cuatro víctimas del 2012 trabajaban para publicaciones digitales. Entre ellas se encuentra el editor de sitio web Mario Randolfo Marques Lopes, quien había cubierto enérgicamente la corrupción gubernamental y policial. Los periodistas de los estados del interior, quienes trabajan lejos de los reflectores de los medios nacionales y en zonas donde las autoridades son débiles o corruptas, han sido particularmente vulnerables en Brasil”, agrega.
Visión general.
“Azotada por militantes en el norte del país y por conflictos políticos en todo el territorio, Nigeria se ha convertido en una de las naciones con los peores registros de violencia letal y sin castigo contra la prensa”, destaca el informe.
La organización “halló mejores condiciones en Nepal, país que abandonó el índice completamente, y en Rusia, nación que ha poseído una de las culturas de impunidad más profundamente arraigadas del mundo. Aunque ambas naciones siguen presentando peligros para los periodistas, en ellas se ha observado en general un declive de la violencia letal contra la prensa y varios procesamientos parcialmente exitosos en casos de asesinato de periodistas”.
El análisis del CPJ concluyó que “la violencia contra la prensa se ha intensificado en Somalia, Pakistán y Brasil, y que las circunstancias se han exacerbado por la falta de voluntad o la incapacidad de los líderes nacionales a la hora de abordar esta problemática”.
“Aunque Colombia ha progresado modestamente en la resolución de los asesinatos de periodistas, Afganistán, Sri Lanka y México han fracasado completamente en el enjuiciamiento de los responsables de numerosos asesinatos. Estos fracasos de las autoridades con frecuencia llevan a otro problema pernicioso: la censura generalizada”, agregó.
Otros hallazgos del índice.
De los 12 países que figuran en el Índice, diez han aparecido cada año desde que el CPJ comenzara a llevar estas estadísticas, en 2008. Solamente Nigeria, que este año estuvo por primera vez en el índice, y Brasil, que se ausentó un año, son las excepciones.
“El carácter estático de la lista resalta los desafíos de revertir la arraigada cultura de impunidad y los elevados índices de violencia contra los medios”, sostuvo el CPJ.
Además de Nepal, otros dos países, Bangladesh y Sierra Leona, han abandonado el índice. En los dos casos, la disminución de los niveles de violencia causó el cambio de la clasificación de estos países, explicó la organización.
Aunque Siria tiene un alto numero de muertes de periodistas no figura en el índice, según la investigación del CPJ por cuanto “la gran mayoría de las víctimas murieron en incidentes de fuego cruzado relacionados con el combate”.
Sólo 11 de los 265 casos de asesinatos estudiados por el índice corresponden a periodistas extranjeros. Así, la amplia mayoría de reporteros asesinados son locales.
“La fuente política fue la de mayor peligro. El 30 % de las víctimas que figuran en el índice del CPJ informaban sobre política. Otro 20 % cubría la corrupción, el segundo tema de mayor peligro”, agregó la organización.
Según el CPJ “funcionarios militares y gubernamentales se encuentran entre los principales sospechosos en el 26 % de los casos de asesinato del índice”.
La mitad de los casos analizados recibieron amenazas de muerte antes de ser asesinadas. Además “en decenas de casos, está claro que los asesinos intentaron enviar un mensaje intimidatorio a toda la prensa. En el 48 % de los casos del índice, las víctimas fueron secuestradas o torturadas antes de ser asesinadas”.
