Ya no se limitan al hostigamiento a los medios de comunicación locales. Los países del eje bolivariano iniciaron una arremetida contra la Relatoría Especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión, que les ha criticado por disponer medidas y aplicar políticas que atentan contra ese derecho básico de sus ciudadanos.
Durante la 42ª asamblea general de la OEA celebrada del 3 al 5 de junio, los gobiernos de Venezuela, Bolivia (el anfitrión de la ceremonia) y Ecuador acusaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de defender intereses políticos y económicos contrarios a sus estados, y reforzaron una campaña en su contra, apuntando sus dardos contra la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
Dependiente de la OEA, la CIDH y en especial su Relatoría, han sido puntales fundamentales en la defensa de la libertad de prensa en el continente. En el correr de estos años, la Relatoría impulsó activamente los procesos de despenalización de la calumnia y la injuria en toda la región, además de denunciar e identificar sistemáticamente los riesgos que enfrentan los periodistas en el continente.
También hizo visibles los mecanismos de censura indirecta, como por ejemplo la asignación de la publicidad oficial o de las licencias de radio y televisión. En Ecuador se enfrentó a varias decisiones del presidente Correa, en especial en el sonado caso en el que el mandatario demandó y ganó un juicio contra el diario “El Universo”, sus directivos y un periodista de ese medio por U$S 40 millones. Apremiado por la presión internacional, finalmente Correa “perdonó” a los condenados.
Estos procesos le generaron la antipatía y enemistad de varios mandatarios, entre ellos el ecuatoriano Rafael Correa, quien fuera invitado por su homónimo Evo Morales a la cumbre de la OEA y donde se despachó contra este organismo internacional, al que tildó de ser defensor de la “libertad de extorsión del periodismo” y pidió urgentes reformas que acaben con “su espíritu de ONG” que sirve a corporaciones.
Morales en tanto, dijo que la CIDH “no vigila” las “violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos”.
Historia y pedidos.
El 29 de junio de 2011, el Consejo Permanente de la OEA creó un grupo de trabajo para “el funcionamiento de la CIDH y el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos”. El organismo funcionó hasta diciembre, cuando en su última sesión el martes 13, emitió un informe con recomendaciones para la “mejora” del sistema.
Ese texto, aprobado por unanimidad, llegó a la Asamblea General, que acogió el documento y encargó “al Consejo Permanente que, en diálogo con todas las partes involucradas, formule propuestas para la aplicación del mencionado informe”. En concreto, la OEA aplazó tomar una resolución sobre las reformas propuestas y las pondrá a estudio durante seis meses, según reportaron agencias internacionales de prensa.
Aunque se votó por consenso, Estados Unidos ya anunció que está en contra de las propuestas, y en su discurso en la Asamblea advirtió que “libertad de expresión y prensa son componentes esenciales en el ejercicio de la democracia”.
Según un análisis de la Relatoría, a cuyo texto accedió Búsqueda, la reunión se celebró “en un contexto de marcada hostilidad por parte de algunos estados miembros”, entre ellos Ecuador.
Tras la presión ecuatoriana, los estados miembros aprobaron tres recomendaciones que afectarán “de manera desproporcionada” o “directamente” a la Relatoría. Estas son: “incorporar todos los informes de las relatorías en un capítulo único de su informe anual”, “asignar recursos adecuados, suficientes y balanceados a todas sus relatorías, grupo de trabajo y unidades” y establecer “un Código de Conducta que regule la gestión de las relatorías de la CIDH, para asegurar la coordinación que debe existir entre dichos mecanismos y los Estados”.
Recomendaciones.
Sobre estas recomendaciones, la Relatoría Especial realizó fuertes cuestionamientos. Sostuvo que la idea de hacer un capítulo único en el informe anual de la CIDH con todos los informes de las relatorías “pondría en riesgo la práctica establecida por la Relatoría Especial, que desde hace una década publica un informe anual donde se evalúa la situación de la libertad de expresión en todos los países del hemisferio”.
Estos informes han sido elogiados por los países miembros y se utilizaron en varias asambleas generales de la OEA para instar a los países a cumplir sus recomendaciones. Además, la Relatoría Especial es la única de todas las dependencias que elabora un extenso informe de más de 200 páginas, ante los informes de 3 o 4 páginas de las otras.
“Por consiguiente —sostiene la Relatoría Especial— esta recomendación pretende claramente poner fin a la práctica afianzada (...) y reemplazarla con un breve informe sobre actividades, lo cual reduciría notablemente su visibilidad, impacto y trascendencia”.
En los últimos informes, países como Ecuador o Venezuela han sido duramente criticados por sus actitudes con la prensa y su continuo hostigamiento a los medios independientes o críticos de su gestión.
“Un verdadero fortalecimiento del sistema interamericano propondría elaborar otros informes exhaustivos y especializados, como el informe desarrollado por la Relatoría Especial, en vez de intentar limitar el alcance y el impacto de un informe existente, relegándolo a una sección de uno de los capítulos del informe anual de la CIDH”, añadió.
Respecto a la propuesta de asignar recursos suficientes y “balanceados” a todas las relatorías, entiende que esto “minaría gravemente la capacidad de la Relatoría Especial de recaudar los fondos necesarios para cumplir su mandato”.
La gravedad de la recomendación radica en que al no establecerse la asignación de recursos adicionales para las otras dependencias, “la única manera de conseguir una distribución ‘balanceada’ de los fondos sería reducir drásticamente el nivel de financiamiento que recibe”. El recorte económico podría ser hasta del 90%.
La Relatoría Especial es la única de todas las relatorías que no recibe fondos de la OEA, ya que una de sus atribuciones es la de recaudar sus propios recursos.
Con respecto al Código de Conducta solicitado, señaló que eso podría “restringir seriamente” la efectividad e independencia de la Relatoría Especial.
Aunque en un principio esa recomendación “no parece problemática” para dicho órgano, ese pedido debe enmarcarse “en el contexto de las medidas actuales por parte de gobiernos como el de Ecuador, que buscan debilitar gravemente a la Relatoría Especial”.
“En efecto, el fin último de esta iniciativa es imponer escollos adicionales al trabajo de la Relatoría Especial, de modo de impedir, por ejemplo, que pueda emitir comunicados, cartas o recomendaciones de manera oportuna antes que se consume una violación o se genere un perjuicio irremediable”, señala.
Alerta mundial.
La resolución provocó el repudio internacional a nivel mundial. Decenas de asociaciones de medios y organizaciones de defensa de la libertad de expresión emitieron varios comunicados condenando estas medidas y alertando sobre el “certero debilitamiento” de este derecho si se concretan las reformas propuestas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Mundial de Periódicos, así como varias organizaciones locales y regionales, cuestionaron dichas propuestas por considerarlas un “atentado grave” contra la libertad de prensa.
