Operación Merlín.
El centro de la Operación Merlín, desarrollada por la CIA, implicaba que un ex científico ruso filtrara intencionalmente planos nucleares falsos a Irán para lograr que los iraníes intentaran construir un arma de esa índole basándose en esas instrucciones, lo que retrasaría sus actividades en esa área. Cuando el científico vio los papeles, les advirtió a los agentes de inteligencia que los errores eran demasiado groseros y que cualquiera con conocimientos en el tema se daría cuenta en seguida, incluidos quienes se pretendía engañar. La CIA decidió que la operación siguiera tal cual lo previsto y el resultado, como lo había anticipado el ruso, fue un fiasco para la agencia norteamericana.
Dos años después el periodista recibió un paquete FedEx que contenía una citación judicial; se estaba investigando la difusión no autorizada de la Operación Merlín a través de su libro y el gobierno pretendía que Risen testificara y entregara documentación sobre sus fuentes confidenciales. El sospechoso principal de la investigación era Jeffrey Sterling, un ex oficial de la CIA.
Como el plazo previsto para el proceso judicial expiró, la citación al periodista quedó sin efecto.
Sin embargo, en enero 2010 el gobierno redobló la apuesta. El fiscal general, Eric Holder, autorizó a que se consiguiera una nueva citación judicial, pero esta vez con el objetivo de conseguir información detallada respecto del “dónde, el qué, el cómo y el cuándo” de todas las comunicaciones del periodista con las fuentes que le brindaron datos para el capítulo 9 de su libro.
Risen intentó desarticular esa citación y tuvo un resultado positivo en la primera instancia judicial. “Si un reportero presenta alguna evidencia de que obtuvo información bajo un acuerdo de confidencialidad o que la meta de la citación busca hostigar o intimidar al periodista, puede invocar un privilegio calificado para no tener que testificar en un proceso criminal”, sostuvo el juez de distrito que actuó en el caso.
Según recuerda el documento presentado ante la Suprema Corte por los abogados del reportero, el juez concluyó que el testimonio del periodista implicaría divulgar información sobre relaciones confidenciales con fuentes “sin una necesidad legítima de las autoridades, porque la evidencia que se pretende que Risen entregue ‘simplemente sería la frutilla de la torta’”, ya que “el gobierno tenía amplia evidencia sin el testimonio de Risen para asegurar una acusación” contra Sterling.
Pero el 19 de julio de 2013, un tribunal de Apelaciones de distrito revirtió, en opinión dividida (2 a 1), la decisión de primera instancia. Si bien el periodista había prometido confidencialidad a la fuente, “no hay privilegio testimonial en la Primera Enmienda, absoluto o calificado, que proteja a los reporteros de ser obligados a testificar por la Fiscalía o por la defensa en un proceso criminal acerca de una conducta criminal que el periodista haya presenciado personalmente o en la que haya participado”, sostuvo la mayoría del tribunal. Agregó que no hay justificación legal clara para tratar a un periodista de modo diferente a cualquier otro ciudadano, y que “además del propio Sterling, Risen es el único testigo que puede identificar a Sterling como la fuente (o no) de la filtración ilegal”.
El juez que quedó en minoría dentro del tribunal, Roger Gregory, sostuvo en su opinión discordante que el gobierno “falló en demostrar una necesidad suficientemente imperiosa por el testimonio de Risen”, ya que “el cuerpo de evidencia de la Fiscalía (contra Sterling) es fuerte aun sin él”.
Al hacer un balance entre el valor noticioso de la información filtrada frente al daño causado por su publicación, el juez Gregory encontró que mientras “es difícil imaginar muchos temas que merezcan más escrutinio público y debate” que los reporteados por Risen el gobierno no ha “articulado claramente la naturaleza, alcance, y severidad del daño resultante de la filtración”.
“Si los reporteros son obligados a divulgar sus fuentes confidenciales, el libre flujo de información periodísticamente valiosa se vería restringido y el entendimiento público de asuntos y eventos importantes se vería obstaculizado en modos inconsistentes con una república sana”, añadió.
Crece la presión.
“Todos los días en redacciones a lo largo del país, reporteros recolectan información de enorme importancia para el público de fuentes que solo aceptan brindarla si los periodistas se comprometen a mantener su identidad en reserva”, explican los abogados de Risen. “Incontables reportajes de tremendo significado histórico —la entrada forzada a Watergate y el encubrimiento posterior, el abuso a prisioneros en Abu Ghraib, Iraq, el empleo del ‘submarino’ (técnica de tortura) a sospechosos de terrorismo por parte de la CIA, la existencia de prisiones secretas de la CIA en el este de Europa, las escuchas telefónicas sin orden judicial de la NSA sobre ciudadanos norteamericanos, y la sistemática falta de cuidado adecuado a los veteranos en el Centro Médico del Ejército Walter Read, para nombrar algunos— nunca habrían sido escritos sin la habilidad del periodista de prometer confidencialidad a sus fuentes y mantener esas promesas”.
El documento recuerda que la situación que hoy enfrenta Risen no es “única” y posiblemente se repita. Solo en el 2006, las redacciones recibieron 67 citaciones federales por información confidencial, 41 de las cuales buscaban la identidad de las fuentes. En los hechos, la Administración de Barack Obama es la que más investigaciones sobre filtraciones de información clasificada a la prensa ha iniciado en la historia de Estados Unidos.
“Desafortunadamente”, sostienen los abogados de Risen, “mientras el número de periodistas citados ha crecido, la ley que gobierna la relación entre reporteros y sus fuentes se ha vuelto cada vez menos clara”. Recuerda que la Suprema Corte “no ha considerado si los periodistas tienen algún derecho de no revelar la identidad de sus fuentes confidenciales desde que (el caso) Branzburg fue decidido hace 40 años”. En esa instancia la Corte sostuvo que los periodistas deben testificar en casos criminales como cualquier otro ciudadano.
Los abogados afirman que esa resolución “ha sido descrita por Cortes y comentaristas como ‘confusa, enigmática’ y repleta de ‘contradicciones internas’”.
Pese a la confusa situación legal del presunto privilegio de los periodistas, antes de la decisión del tribunal en el caso de Risen, “una cosa era clara”, según los representantes del periodista: “Cada tribunal de apelaciones que abordó el asunto ha encontrado que los reporteros citados a testificar sobre la identidad de sus fuentes confidenciales en un juicio criminal tienen un privilegio calificado como reporteros que exige un balance caso a caso de los intereses en disputa”.
El ministro de la Suprema Corte de Estados Unidos que dio el voto decisivo en el caso Branzburg, Lewis Powell, aclaró poco después del fallo que en “una interpretación correcta” de la resolución “la Corte debe balancear los valores en competencia entre la prensa libre y el interés social en detectar y perseguir un crimen”.
Con respecto a ese análisis, los abogados afirman que el tribunal de Apelaciones del caso Risen “se equivocó al concluir que el balance favorece al gobierno” porque las autoridades ya tenían suficiente información como para procesar al ex agente de la CIA sospechado.
Más adelante, los abogados argumentan en el escrito que “mucho cambió” desde que la Corte falló en el caso Branzburg y que hoy 49 estados tienen una ley que reconoce privilegios a los periodistas y 38 aprobaron “leyes escudo” para impedir que los reporteros sean obligados a declarar sobre sus fuentes.
“La protección de fuentes confidenciales ha sido reconocida hasta en países alrededor del mundo que típicamente tienen menos protecciones para los periodistas que Estados Unidos”, advierten.
Con esos argumentos, el periodista solicitó a la Suprema Corte que escuche su caso y que decida anular la citación. La Corte puede desestimar el pedido de tratar el caso, o aceptarlo y luego fallar a favor o en contra del reportero. Mientras eso sucede, la investigación sobre Sterling está en suspenso, informó la revista norteamericana “Político”.
Si la Corte desestima el pedido de Risen de que no se lo obligue a testificar, el periodista está dispuesto a ir a la cárcel por desacato antes que revelar sus fuentes.
El peligro.
Tanto Risen como Sullivan creen que este caso puede ser un mojón importante que puede afectar la libertad de expresión en Estados Unidos.
Después de que se conoció el fallo del tribunal de Apelaciones contrario a la posición de Risen, varios medios y reporteros emitieron declaraciones en las que expresaban su preocupación por el tema.
En un artículo publicado por el Comité para la Protección de Periodistas, Scott Shane, encargado de las noticias de seguridad nacional en “The New York Times”, relató que existe un “problema real” en Estados Unidos a partir de la presión del gobierno para amedrentar a las posibles fuentes de información. “La mayoría de las personas están desalentadas por estas investigaciones”, relató Shane. “Están asustados a muerte. Existe una zona gris entre información clasificada y desclasificada, y la mayoría de las fuentes estaban en la zona gris. Las fuentes ahora tienen miedo de entrar en esa zona gris”.
La decana de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Maryland, Lucy Dalgish, resumió así el problema: “El público está en peligro de conocer solo lo que la Administración quiere que ellos sepan”.
