Durante tres semanas el programa “Rompkbzas” de radio El Espectador se dedicó a registrar el número de profesionales de la comunicación que trabaja para el Estado. Dicho relevamiento, presentado el jueves 28 y actualizado ayer miércoles, alude a las afirmaciones de miembros del gobierno que consideran que existen falencias en la comunicación de los actos de la administración pública a la ciudadanía.
Frente a tales alegatos, el informe “Los Comunicadores del Estado” muestra que los entes y organismos públicos cuentan con suficientes comunicadores para cumplir dicha tarea. Del relevamiento realizado por el programa radial se desprende que más de uno de cada tres comunicadores uruguayos (38%) trabaja para el Estado. Según “Rompkbzas” su informe se basó en hechos confirmados y en proyecciones “pesimistas”, considerando los números más bajos.
Las radios del Sodre (208 empleados) son las dependencias oficiales donde trabajan más comunicadores. Les siguen en número TNU (Canal 5), TV Ciudad, el Impo, Presidencia de la República, Antel, Educación Primaria y el Poder Legislativo. Son 585 comunicadores que integran la plantilla de los medios estatales, incluido TNU, las radios del Sodre, TV Ciudad y el Impo. Trabajan para el Poder Ejecutivo, incluidos los ministerios, 188 periodistas o comunicadores. Seis trabajan en el Poder Judicial, 28 en el Poder Legislativo y 177 en las intendencias.
El informe reveló que 50% de los periodistas tiene más de un empleo, según datos aportados por la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU).
La mayoría de los comunicadores percibe ingresos de entre uno y dos sueldos mínimos por empleo. Una decena de comunicadores tiene ingresos superiores a $ 200.000 derivados, en general, del multiempleo. Alrededor de un centenar de comunicadores gana cerca de $ 100.000. Los medios que remuneran mejor a sus periodistas son los diarios y la televisión abierta.
En el periodismo deportivo es frecuente que algunos comunicadores mejoren sus ingresos mediante la venta de publicidad.
Precariedad.
En el sector público es común que la contratación laboral adquiera el carácter de empresa unipersonal, lo cual implica que el comunicador no tenga derecho a cobrar salario vacacional ni aguinaldo, aunque deba aportar a la DGI, al Fonasa y al BPS.
De acuerdo a las cifras de la APU, en todo el país 2.000 periodistas trabajan en medios de comunicación, 615 están afiliados al gremio y 925 trabajan para el Estado.
Egresados y ética.
Ciento cincuenta alumnos egresan al año del Instituto Profesional De Enseñanza Periodística (IPEP) de las carreras de Periodismo General, Periodismo Deportivo, Locución y Conducción. Pero de ellos, solo 50 trabajan luego en algún medio. En la última década egresaron de la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar un promedio de unos 160 graduados por año. En la Universidad Católica otro centenar egresa anualmente. No se tienen datos de la graduación en estas disciplinas de la Universidad ORT y de la Universidad de Montevideo.
En la carrera de Comunicación Social de la UTU se reciben 60 técnicos por año, con posibilidad de seguir estudiando a nivel terciario. En base a esta información, “Rompkbzas” estimó que son unas 2.600 personas las que egresaron de carreras relacionadas con la comunicación en la última década.
Gran parte de los comunicadores y técnicos ocupados en cargos de comunicación del Estado no son funcionarios públicos sino contratos de arrendamiento de obra, por lo cual no cuentan con la estabilidad laboral de los funcionarios públicos y generalmente tampoco tienen iguales beneficios.
La situación de informalidad queda en evidencia en casos en los que, por motivos burocráticos relacionados con la modalidad de contratación del Estado, los comunicadores cobraron hasta seis meses juntos de salario, sin contar con ningún beneficio a su favor. El relevamiento confirmó tres casos de este tipo.
El informe describe, a su vez, situaciones puntuales de comunicadores en las que podría generarse conflicto de intereses. A vía de ejemplo se cita a presentadoras de TV privada que conducen más de un programa y simultáneamente trabajan en la comunicación institucional de varias dependencias del Estado. Varios “presentadores” trabajan en más de un medio público o privado. Y se da el caso de periodistas que asesoran a políticos mientras, simultáneamente, cumplen funciones en medios de comunicación.
“Fortalece la credibilidad del periodista evitar el desempeño de cualquier actividad que afecte su independencia y el derecho de la ciudadanía a ser informado con honestidad”, establece el capítulo IV del Código de Ética Periodística de la APU, bajo el título “Conflictos de interés”.
“Es recomendable evitar el desempeño simultáneo de otras tareas remuneradas vinculadas a la comunicación, en dependencias de cualquier organismo público, empresa privada, grupo político u organización no gubernamental”, agrega.
Entre 50 y 70 periodistas dejaron los medios de prensa en los últimos 10 años para trabajar en empresas privadas de comunicación institucional, industrias, bancos privados y públicos, y partidos políticos. Entre ellos, más de media docena trabaja para sectores de los cuales a su vez informa como periodista en medios públicos o privados.
En base a fuentes, “Rompkbzas” constata que algunos profesionales que estuvieron en la comunicación institucional de administraciones pasadas recibieron como compensación empleos en medios públicos, en los que perciben sueldos una vez y media superiores a los de sus colegas en ámbitos privados.
Entre las situaciones puntuales está la de un reconocido panelista de radio y televisión que está en comisión de una Intendencia del interior y durante años cobró un salario sin desempeñar función alguna. Por lo menos un presentador de TV dejó su trabajo público porque consideró que tenía un conflicto de intereses. Otro optó por conservar su trabajo en el Estado, pero en un área desvinculada de la comunicación.
Jaque a la imparcialidad.
El relevamiento deja en evidencia el riesgo de que exista parcialidad en la información a nivel político. “Fuentes de “Rompkbzas” dijeron que les llama la atención cómo comunicadores vinculados a la lista 711 de Raúl Sendic son los responsables de la difusión de información de la mayoría de los ministerios y entes públicos aunque los jerarcas pertenezcan a otros sectores políticos”, sostiene.
El relevamiento no es exhaustivo y aclara que no se accedió a información de todas las direcciones de los distintos ministerios y de algunas reparticiones del Estado. Todos los cálculos se realizaron considerando el número más bajo. “La cifra final es superior a la que manejamos”, afirma el informe.
Al menos 1.228 funcionarios trabajan para el Estado en comunicación.
El informe hace un recuento de empleados en prensa y comunicación en los gobiernos departamentales. La Intendencia de Montevideo reúne la mayor cantidad de funcionarios: 51, ninguno trabaja para un medio de comunicación privado porque, según declararon a “Rompkbzas”, intentan no mezclar trabajos. A Montevideo le siguen Canelones, Cerro Largo y Paysandú, con 13 funcionarios encargados de la comunicación en cada una de estas Intendencias.
Río Negro, Salto, Rivera y Maldonado tienen ocho empleados cumpliendo dicha función. Florida tiene siete; Durazno, Artigas, Colonia y Lavalleja seis. En Tacuarembó son cinco, mientras que en Flores, Soriano, Treinta y Tres y Rocha cuatro. San José es el departamento con menos funcionarios destinados a tareas de comunicación, solo tres.
