Uruguay está viviendo una “expansión de la cadena biotecnológica”, según un informe de febrero de 2015 del Consejo Sectorial de Biotecnología (CSB), dependiente del Ministerio de Industria (MIEM), al que accedió Búsqueda. Este sector en crecimiento cuenta desde hace unos días por primera vez con regulación, ya que el 18 de febrero se aprobó la ley (19.317) que regula la biotecnología.
La biotecnología es todo tipo de aplicación tecnológica que use organismos vivos, sistemas biológicos o sus derivados para poder crear o modificar productos o procesos, según la ley. Estos pueden dar lugar a soluciones muy variadas desde productos farmacéuticos para la salud humana y animal hasta soluciones para tratamientos de residuos en la industria láctea, entre muchas otras posibilidades. El desarrollo de la biotecnología está basado en la innovación y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Entre 2005 y 2013 la “masa crítica empresarial” se duplicó. Existen 62 empresas biotecnológicas que generan 2.597 empleos concentrados principalmente en medicina y salud (kits y servicios de diagnóstico, y producción de insumos), biofármacos (de uso humano veterinario) y agroindustriales (inoculantes microbianos, servicios de mejoramiento genético y material de propagación vegetal). Estas empresas exportan U$S 24,3 millones en vacunas, fracciones de la sangre y preparaciones enzimáticas. Son empresas jóvenes, la mayoría pequeñas y medianas y muy diversificadas entre sí. El 89% son innovadoras; “invierten en innovación y la mayoría obtiene resultados: productos o procesos biotecnológicos novedosos”, según el informe del MIEM.
Los datos son “una foto pero a nosotros nos gustaría ver la película, cómo va evolucionando, actualizada y con indicadores”, dijo a Búsqueda Carolina Da Silva, coordinadora del CSB.
“En los resultados preliminares de la gestión de 2014 de la ANII vemos un crecimiento de los proyectos de biotecnología aprobados. Además está siendo mayor en términos de monto que el de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Hubo toda una época en que hubo muchos proyectos de TIC porque eran las empresas más dinámicas en ese momento, las que lograban inscribir y ganar proyectos en las condiciones de evaluación. Ahora están tan desarrolladas en el país que ya no logran elite innovadora y la tasa de aprobación más grande es en biotecnología. Muestra que el sector está madurando y está logrando inscribir proyectos que luego son aprobados”, destacó Pittaluga.
Según el acumulado de proyectos aprobados de ANII entre 2009 y 2014, las áreas tecnológicas de TIC y biotecnología representaron el 60% de los subsidios comprometidos por la agencia para innovación. El acumulado de proyectos entre 2009 y 2014 muestra que se aprobaron 84 proyectos en TIC y 37 en biotecnología y el monto de subsidio comprometido suma U$S 4.548.586 y U$S 5.068.010 respectivamente.
Además, otros proyectos aprobados por ANII para centros tecnológicos muestran “que hay demanda de innovación del sector privado, que se está posicionando junto a las TIC como otro sector dinámico y con masa crítica en Uruguay”, destacó Pittaluga.
Regular.
Fomentar la biotecnología es complejo porque abarca cinco ministerios que dictan política o son contralor. En junio de 2010 comenzó a trabajar el CSB, integrado por empresarios, trabajadores, representantes de institutos tecnológicos de formación, investigación, sector público y organismos de apoyo y en 2011 se definió un Plan de acción.
“Vimos que había algunas incoherencias entre promover y regular. Obviamente había que regular porque es un sector que lo requiere pero también queremos promover la biotecnología en Uruguay”, explicó Da Silva. Por eso la nueva ley es un balance entre “regulación y promoción”, todo está vinculado.
La nueva ley crea un Grupo Interministerial de la Industria Biotecnológica en el que participarán el CSB y los ministerios de Salud Pública, Ganadería, Industria, Educación y Vivienda. Según Da Silva esto va a permitir por primera vez tener una instancia de diálogo conjunto con todos los ministerios involucrados, una política y una agenda de trabajo coordinada.
Fondo.
El sector ya cuenta con un beneficio de exoneración de IRAE desde 2013 (decreto 011/13) pero ahora la ley permite agregar nuevos beneficios para las empresas, que se definirán en la reglamentación.
La ley crea además un Fondo de Estímulo a la Biotecnología “destinado a financiar aportes de capital inicial a nuevos emprendimientos”.
Las empresas de biotecnología presentan “dificultades de acceso a capital inicial para el financiamiento del desarrollo de la investigación y escalado de productos biotecnológicos que es muy costoso, ya que implica la introducción de alta tecnología, personal calificado, implantación de normas de seguridad biológica elevadas y certificados de buenas prácticas a nivel internacional”, indica el informe del MIEM.
La nueva ley pretende “ser un marco regulatorio que permita una mayor participación del sector privado en el terreno de la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica”.
El CSB trabaja en un documento que le entregará a las nuevas autoridades del MIEM en el que planteará cuáles son a su criterio las áreas estratégicas del país en biotecnología, con el objetivo de que sean tomadas en cuenta para distribuir los fondos y que se hagan llamados que promuevan estas áreas. Los grandes rubros son la salud humana, animal, agropecuaria e industrial, y dentro de la industrial la láctea y la biorefinería, un rubro nuevo pero con potencial.
Hay dos criterios que se tuvieron en cuenta: el impacto —económico o en calidad de vida— y las capacidades biotecnológicas que tiene el país para “aportar en esto”, indicó Da Silva.
El fondo aún no tiene un monto asignado, una lección aprendida de la ley argentina, que fijó un monto en el texto y luego nunca se reglamentó. Da Silva explicó que están pensando en un fondo como el de Orestes Fiandra de la ANII que maneja proyectos de hasta un millón de dólares cada uno. Podrá manejar capital nacional y también podrá recurrir a fondos internacionales que existen pero que hasta ahora estaban desaprovechados.
“No tenemos tan buena gimnasia de esos fondos internacionales como hay en otros países. Ahora el marco regulatorio nos ayuda y el Consejo Sectorial de Biotecnología pasa a ser como una dirección técnica dentro del MIEM. Va a tener las manos libres para presentarse y acceder”, comentó Da Silva.
Será un fondo “que se anime a arriesgar y no solo financie Tecnologías de la Información y la Comunicación. Actualmente la biotecnología en el país no tiene acceso a capital de riesgo porque los que existen en Uruguay no arriesgan”, opinó Da Silva. Es que un proyecto biotecnológico necesita montos elevados para contar con un sitio de trabajo adecuado, un laboratorio bajo estrictas normas de seguridad y el uso de costoso equipamiento.
El documento que el CSB le presentará a las nuevas autoridades incluirá la visión de que “si realmente la apuesta es a una diversificación de la matriz productiva, agregarle valor a los productos, entonces requiere apoyo”, dijo Da Silva.
La ley también incluye la posibilidad de fomentar la demanda de productos biotecnológicos a través de las compras públicas, algo para lo que hace falta mucha capacitación, según Da Silva. La nueva ley plantea preservar “la diversidad biológica sin afectar la salud de la población y el equilibrio ambiental”. Da Silva explicó que esta frase va dirigida a contemplar a los detractores de la biotecnología que tienen miedo de las consecuencias que tiene el uso, por ejemplo, de organismos genéticamente modificados. El CSB prevé talleres de capacitación y sensibilización.
Necesario.
“Si realmente apostamos a que se haga biotecnología en el país y pensamos en algún desarrollo biotecnológico en la salud humana, necesitamos un Ministerio de Salud Pública fuerte, que pueda acompasar eso, que tenga personal capacitado y capacidad de análisis y que la normativa también acompañe”, dijo Da Silva. Por primera vez Uruguay reguló el mercado de los medicamentos biotecnológicos mediante un decreto (28/015) del 27 de enero. Esto es parte del mismo camino. De hecho la iniciativa surgió del CSB, que a mediados de 2013 elevó un informe al Gabinete de la Innovación.
En otras instancias no tan exitosas el CSB le planteó a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación la necesidad de contar con un Sistema Nacional de Tecnólogos, como el Sistema Nacional de Investigadores pero para los profesionales de la biotecnología, algo que hasta el momento no se ha concretado.
La nueva ley le da al CSB una jerarquía, un estatus que no tenía hasta el momento, destacó Da Silva. Queda pendiente determinar quién estará a cargo de la “autoridad de aplicación” de la ley.
