Las obras preliminares de caminería y preparación del terreno para construir la planta regasificadora frente a Punta Sayago ya comenzaron. Los vecinos denuncian que deben caminar al costado de la calle entre los camiones que entran y salen del lugar, por lo que a su juicio ya se están produciendo impactos sobre el barrio.
“No nos da ningún tipo de garantía el proyecto que se ha hecho y el análisis de impacto ambiental y por lo tanto este proyecto no tiene una licencia social”, dijo Ruben Bouza, integrante de la Coordinación de Vecinos del Oeste de Montevideo, el jueves 7 durante una conferencia de prensa.
Ante la perspectiva de que varios proyectos de gran escala se instalen en el lugar luego de la regasificadora, ese grupo de vecinos prepara recursos administrativos y amenaza con ir a la Justicia para determinar la “responsabilidad” de los jerarcas que, a su juicio, desactivaron los “mecanismos legales” que permitirían oponer resistencia al proyecto.
La regasificadora es impulsada por Gas Sayago, propiedad de UTE y Ancap, que le encargó un estudio de impacto a la empresa CSI Ingenieros y adjudicó el desarrollo del puerto a GDF Suez. Se instalará en Punta Sayago, frente al barrio Santa Catalina, un lugar con altos índices de pobreza, desocupación y embarazo adolescente.
Verónica Lara, representante de la Coordinación de Vecinos, dijo el jueves que “la consultora, la empresa” y “quizás el propio gobierno, han tomado con mucha liviandad el tema de los impactos sociales de este proyecto y de todos los otros proyectos que vienen asociados a esto”.
En el estudio de CSI se identifican algunos impactos sociales. La generación de empleo y la dinamización de la economía son los positivos. Como impactos negativos aparecen las afectaciones sobre la pesca y los productores rurales, el aumento en la demanda de servicios de seguridad y la alteración al paisaje de la playa.
“Peligro”.
La zona del oeste donde impactará el proyecto, que abarca desde el Cerro hasta Pajas Blancas y tiene su población más próxima en Santa Catalina se trata de “un territorio en el que la mayoría de su población son niños, jóvenes o adultos jóvenes” y que tiene “una enorme pobreza y desigualdad social que no es de ahora, que podríamos decir que ya a esta altura es intrínseca, que viene de generaciones en generaciones y que ningún gobierno ha podido revertir”, dijo Lara durante la conferencia.
Lara mencionó varios datos sobre la zona: dijo que “el 28% de los pobres de Montevideo se concentran en la zona oeste”; “el 57% de los menores de 14 años del oeste de Montevideo están por debajo de la línea de pobreza”; “el porcentaje más alto de embarazo adolescente se da en el oeste”; “se estima que entre 4 y 7 puntos por encima del promedio nacional estaría la desocupación en la zona oeste hoy por hoy, sin contar con que la mitad o más de la población ocupada del oeste de Montevideo sobrevive con salarios de 8.000 pesos”; hay “68 asentamientos” y “el 40% de la población del oeste de Montevideo vive en un asentamiento”.
“Son números que se dicen rapidito cuando no es uno el que tiene que mantener una familia con 8.000 pesos (...). ¿Hay una sensibilidad real con respecto a lo que implica vivir en estas condiciones?”, preguntó.
Dijo que el problema de la prostitución y la trata de personas “ya está instalado en la zona, ya se está desarrollando” pero “ninguno de estos datos cuenta en la línea base de la empresa consultora con respecto al territorio donde se van a instalar”.
“Ese es un punto fuerte por el que nosotros decimos que la regasificadora no se puede instalar ahí. Y mucho menos el puerto, pero para empezar la regasificadora no se puede instalar en la zona oeste de Montevideo”, afirmó.
Sin embargo los vecinos ven que por parte del Estado, de la consultora y de Gas Sayago hubo “mínima dedicación” a los impactos sociales en el oeste, que “parece no interesarle a nadie más que a sus propios pobladores”.
En cuanto a la generación de empleo, Lara dijo que se generan “400 puestos máximo durante un año y medio máximo” y “después quedan 15 puestos de trabajo”. En cambio, dijo, se perderán como mínimo 350 puestos de trabajo que ya hay en el territorio” vinculados a la pesca artesanal, a las playas, el comercio, alimentación y deportes. Además sostuvo que se perderá el “recurso pesquero”, que “ha sido una salida para prácticamente todos los vecinos de la zona”. Denunció que la empresa fue “a hablar con los pescadores” y “les prometieron casa, les prometieron barcas, les prometieron plata” pero no les dieron “nada firmado”.
Los 100 viajes diarios de camiones que entrarán y saldrán del lugar donde se hará la obra es “un peligro que ya está operando en la zona porque las obras ya empezaron, los camiones ya están y de Santa Catalina a la policlínica la gente se traslada a pie”.
“Hay mucha gente que sale a pie hacia el Cerro porque no tiene para el boleto. Entonces ahí ya hay un peligro. ¿Ellos cuándo lo van a empezar a mitigar y a poner las mitigaciones que ofrecieron para este tema? Se ve que cuando estén obligados nada más, no es un tema de interés por la población, porque ese peligro ya está en la zona”, dijo.
“Esta intervención de la empresa ha estado abocada a dividir el territorio, a fragmentarlo y a venir con espejitos de colores. Nosotros nos hemos resistido a eso y no pensamos entrar en esa dinámica. Eso es un impacto social que está intentando ejercer esta empresa ya, hoy, en el territorio”.
Bouza sostuvo que los “proyectos acumulados” que habrá en la zona “se tienen que presentar en conjunto”.
No es lo mismo lo que nosotros estamos analizando ahora, una regasificadora, con lo que implica de impacto, con todos los impactos acumulados. No se pueden tratar en forma aislada porque favorece esto únicamente a los emprendimientos. Porque se generan evaluaciones de impacto fragmentadas y menores a lo que haría el conjunto de impacto. Los impactos tienen que evaluarse acumuladamente de todos los proyectos. Es una irresponsabilidad que esto no se haga”.
“Los impactos acumulados de todos estos proyectos tienen que ponerse arriba de la mesa. Si quieren meter la nariz en el oeste de Montevideo, esto es imprescindible para hacer una evaluación real de lo que se viene”
Justicia.
Mauricio Fioroni, abogado del estudio SPU y asesor legal de los vecinos, afirmó que “el derecho prevé procedimientos en los cuales se debería, si todo funcionara bien, ir procesando toda la información” pero “esos mecanismos están como apagados para permitir que esto salga”.
“Si acá los mecanismos legales estuvieran funcionando, estaríamos permanentemente con alarmas, porque estás haciendo mal esto, está mal ubicado, estás perjudicando a la gente, a los recursos. Pero para eso lo apagan. ¿Quién lo puede apagar? El gobierno lo puede apagar. Entonces nosotros entendemos que el gobierno lo ha apagado y eso se ve en cada uno de los procesos que va siguiendo. Nosotros estamos abocados ahora a iniciar instancias de diferente alcance, algunas administrativas y otras judiciales, porque nos parece que alguien tiene que prender esos mecanismos”, sostuvo.
El abogado dijo que “en paralelo” van a “tratar” de que “las personas que no están escuchando las alarmas también tengan responsabilidad, porque no puede ser que hoy tan livianamente en medio de risas se diga que acá si explota va a haber un calorcito de verano en la playa porque eso es muy grave, porque aunque fuera cierto, una persona que tiene la responsabilidad de la persona que declaró eso (el director nacional de Energía, Ramón Méndez) nunca podría hacerlo porque ante una situación de emergencia crítica en la cual haya que evacuar y se den situaciones de riesgo para la población, a la población le va a quedar eso en la cabeza de que en realidad si explota no me va a pasar nada”. Eso “es una responsabilidad importante y puede llegar a tener consecuencias legales en algún momento”.
Fioroni puntualizó que ya se presentó un recurso administrativo contra la Autorización Ambiental Previa que otorgó la Dinama y se presentarán también acciones contra resoluciones de la Administración Nacional de Puertos y el Ministerio de Transporte que amplían el “área de influencia” del puerto de Montevideo y conceden parte del álveo del río para la obra. También accionarán contra el Ministerio de Economía y Finanzas porque consideran que “desde la parte tributaria se están generando demasiadas facilidades y se está beneficiando un proyecto que va en contra de los intereses del país y está perjudicando principalmente a la gente de Montevideo oeste”.
El abogado también anunció “alguna actividad judicial”. En la actualidad está en curso en un tribunal de apelaciones un pedido de acceso a la información que fue rechazado por un juez. Además iniciarán otras “acciones para obtener informaciones” que “son sumamente relevantes”. También “existiría la necesidad en principio de instaurar un proceso judicial de tutela anticipatoria, que viene a ser medidas de protección para la comunidad y para los recursos naturales amenazados”.
En la firma del contrato con GDF Suez, que desarrollará el proyecto, “la guardia del Estado en defensa de los ciudadanos estuvo completamente baja no solo en la parte ambiental sino en la parte económica”. Por lo tanto van a “cuestionar” el contrato y “profundizar en quiénes tuvieron responsabilidades en decidir las cosas que se decidieron ahí”.
