Violencia y “creciente intolerancia” de gobiernos “autoritarios”: los principales problemas que afronta la prensa, según la SIP

“Trece periodistas fueron asesinados en los últimos seis meses en México, Honduras, Brasil y Ecuador por el solo hecho de realizar su trabajo. Y una feroz ofensiva encabezada por los mismos presidentes de los países busca silenciar al periodismo independiente en Argentina, Ecuador y Venezuela mediante leyes regulatorias, discriminación de la publicidad oficial e inmensos aparatos mediáticos estatales y privados utilizados para difamar y hacer campañas de desprestigio contra los periodistas”, sostuvo la SIP en su informe final.

Otro aspecto que advirtió la organización fue la promoción de leyes de prensa “que restringen la tarea del periodismo” y que están siendo impulsadas “en Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Perú y Uruguay”.

Sobre Ecuador, la SIP señaló que en ese país “la Justicia carece de imparcialidad y continúa agrediendo a medios y periodistas bajo un discurso oficial hostil que genera autocensura”, mientras que en Brasil “la Justicia sigue fallando en contra de los medios para prohibir dar información”.

Al asumir como nuevo presidente de la SIP, el ecuatoriano Jaime Mantilla Anderson (director del diario “Hoy” de Quito) dijo que “este es un momento peligroso para las libertades en América”. Agregó que su diario y su país enfrentan “graves problemas” debido a “la arremetida de los ataques gubernamentales que, estoy seguro, se incrementarán a partir del inicio de la campaña electoral en estos días”.

El informe de la SIP agregó que “en Argentina la presidenta sigue sin dar conferencias de prensa y abusa de la cadena nacional para anuncios que no contempla la legislación, además de tergiversar estadísticas oficiales y mantener un costoso aparato de comunicación utilizado muchas veces para atacar a los críticos”.

Para la SIP, la amenaza a la prensa independiente o crítica en Argentina “puede tener un capítulo oscuro en diciembre”, dado que el gobierno pretende avanzar sobre los medios audiovisuales del Grupo Clarín “desconociendo fallos judiciales y normas legales”.

“En Nicaragua y Venezuela la publicidad oficial se entrega a medios afines y se niega a los críticos, mientras persiste el secretismo y la falta de acceso a la información pública”, agregó la SIP.

Impunidad.

La ola de asesinatos de periodistas por el ejercicio de su profesión es uno de los principales rasgos del continente aunque lo más preocupante es la cantidad de crímenes de este estilo que quedan impunes.

Durante la asamblea, la SIP analizó este tema de forma particular en varios países del continente y emitió varias resoluciones sobre la impunidad. Condenó los asesinatos de periodistas ocurridos en los últimos meses en México, Honduras, Brasil y Ecuador y reclamó a las autoridades de esos países “mayor voluntad política, investigaciones expeditas y la administración rigurosa de la justicia para impedir que la violencia se mantenga como instrumento para acallar y controlar la libertad de prensa”.

Además enfatizó “la importancia de que los organismos internacionales velen por la resolución plena de los crímenes contra periodistas” y exhortó a la Unesco a “aprobar, durante su próxima reunión de noviembre en Viena, un Plan de Acción de las Naciones Unidas para la Protección y Seguridad para los Periodistas y sobre Impunidad”.

Argentina.

Este año, Argentina fue el país que más consideraciones y preocupación despertó entre los más de 500 delegados que asistieron a la reunión de San Pablo.

De hecho, fue el único país sobre el que se emitieron dos resoluciones al final de la asamblea. En la primera, la SIP consideró que en Argentina “en las últimas semanas se han conocido episodios de importante gravedad institucional que tuvieron como fin silenciar voces críticas y castigar a aquellos ciudadanos, periodistas, medios y organizaciones, que expresan opiniones diferentes a las promovidas desde el gobierno”.

Por ello, la organización resolvió “instar al gobierno argentino a que garantice un ambiente de sano respeto a la libertad de expresión, independientemente de la identificación política e ideológica de quienes se manifiesten”, además de “solicitar a las máximas autoridades de ese país, que cesen en sus acciones para desnaturalizar las funciones propias de los organismos de control”.

La SIP denunció que desde el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se utilizan estos organismos por fuera de sus fines institucionales y se realizan “maniobras de persecución y amedrentamiento sobre aquellas personas, medios y organizaciones que manifiestan o publican opiniones críticas a la actual gestión de gobierno”.

El otro aspecto considerado por la SIP fue la “ley de medios” argentina, denominada “Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.

El gobierno argentino, dijo, aplica esta ley de manera “selectiva” generando un “tratamiento discriminatorio” en materia de medios de comunicación porque la enfoca sobre aquella prensa que es crítica respecto a su accionar.

Por ello, instó a las autoridades argentinas “a respetar la independencia de poderes en todos los casos y específicamente en relación a cuestiones referidas a medios de comunicación y a libertad de expresión”, además de exigirles que “promuevan la generación de condiciones de tranquilidad institucional”.

La asamblea general de la SIP resolvió aceptar un planteo de la delegación de Argentina para enviar una misión a ese país, a efectos de evaluar in situ el estado de las libertades de expresión y de prensa.