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El sábado 21 del corriente mes el diario El País publicó un artículo titulado Gobierno de Estados Unidos advierte a Uruguay por posible injerencia de Rusia en las elecciones1.
Ahí se informaba que, según el servicio de inteligencia norteamericano, el Kremlin “intentó socavar la legitimidad de al menos 11 elecciones en nueve países democráticos entre 2020 y 2022”.
Asimismo —siempre de acuerdo a ese cable diplomático—, se habrían atacado “a través de campañas en redes sociales la validez de elecciones en otros 17 países” y esto sería “solo una pequeña parte de las actividades rusas de desestabilización”.
En tal comunicado se afirmaba también, refiriéndose a distintos países, que “Rusia está realizando operaciones para degradar la confianza pública en la integridad de las propias elecciones” y que ante un supuesto fraude perpetrado en cierta nación sudamericana se habrían detectado “páginas web conectadas con la inteligencia rusa en las protestas contra el resultado de la elección”.
Asombrosamente, imputaciones de tanta gravedad no han tenido repercusión alguna en la mayoría de los medios informativos nacionales.
Pocas horas después el mismo diario difundió una declaración de la embajada rusa en Uruguay expresando que “las acusaciones contra Rusia, como siempre, son absolutamente infundadas y no contienen ninguna prueba. De hecho, ni siquiera se identifica el nombre del ‘país afectado’”.
Acto seguido se agregaba que “a diferencia de la práctica tradicional de las élites políticas y estructuras financieras norteamericanas de apoyar directamente a ciertas fuerzas políticas en otros Estados, Rusia siempre respeta la libre expresión de la voluntad de los ciudadanos de cada país y está dispuesta a trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente. Además, Rusia no practica en su política organización de ‘revoluciones de colores’ y ‘golpes de Estado’, como lo hacen algunos otros países que son bien conocidos”2.
Esto es muy preocupante: la estabilidad política de toda sociedad estriba en su capacidad para definir a través de comicios libres y confiables el rumbo que deciden seguir voluntaria, pacífica y mancomunadamente quienes la integran.
Sin embargo, desde hace ya varios años la corrección de los procesos electorales está siendo puesta en tela de juicio por doquier; basta recordar los episodios referidos a Donald Trump, a Jair Bolsonaro y —en estas últimas horas— a lo dicho por el candidato a la presidencia de la República Argentina Javier Milei…
Cierto es que hasta el momento los cuestionamientos formulados no han generado consecuencias de significación por falta de pruebas contundentes que los respalden, pero es un deber de cada Estado poner al servicio de la ciudadanía un sistema electoral que brinde absolutas garantías de transparencia y de precisión, absteniéndose de requerir que demuestren la existencia de manipulaciones fraudulentas quienes jamás podrían reunir las evidencias necesarias para ello.
Y si bien el prestigio de nuestro país con respecto a las prácticas democráticas ha sido hasta hoy muy alto, es imprudente olvidar lo acontecido en las elecciones de 1973 —particularmente por lo que sucedió luego— y ciertas afirmaciones realizadas hace poco más de un lustro por quien fuera postulado en aquel momento para fungir como autoridad electoral máxima de nuestra República —el señor Óscar Bottinelli”—, quien —por ejemplo— apenas frustrada su candidatura sostuvo, aludiendo a los funcionarios de la Corte Electoral, que “En 2009 y 2010 se enredaron con el voto en blanco total y el voto en blanco parcial y resolvieron olvidarlo. Si agarrás las elecciones departamentales, de municipios, no te da la suma. A mí me da que hubo 76.741 votos faltantes. Es mucho, es demasiado”.
Expresó además: “En 2014, la mayoría parlamentaria la obtuvo el Frente Amplio por menos de 6.000 votos y en 2004 no hubo balotaje por menos de 10.000 votos. ¿Qué pasa en 2019 si la presidencia, el balotaje o la mayoría parlamentaria se disputan por un puñado de votos inferior a los votos que faltasen? ¿Quién se imagina qué pasa con la base fundamental de la democracia, que es el voto y la confiabilidad en el voto?”.
Aseguró también: “Se están perdiendo las garantías electorales”. “No puede ser que en más de la mitad de las mesas no cierren los números”. “No se puede permitir más que los números de votos en las actas de escrutinio no cierren”.
Y procurando ilustrar lo alarmante de la situación agregó: “(…) en México, en las elecciones presidenciales, con una diferencia porcentual más o menos parecida a la nuestra en 2004 y con irregularidades menores a las que tuvimos en 2014, estalló el país. Está bien, ellos vienen con el fantasma del fraude y nosotros con el fantasma de la confiabilidad. Pero la mayoría absoluta del Frente se definió por 4.849 votos, que es lo que le faltó al Partido Ecologista. Y le faltó porque no tuvo hojas de votación visibles en las mesas. Eso lo vimos en una muestra que hicimos”.
Por último, resumió su opinión acerca del régimen electoral vernáculo, formulando con respecto a él dos afirmaciones contundentes: “Cruje” y está en su “etapa final”.
Atendiendo a estos elementos de juicio, no puede haber dudas en cuanto a que sería conveniente —diría “indispensable”— revisarlo y ajustarlo con la máxima urgencia, considerando especialmente que hay una sola forma real de preservar la confianza pública en su integridad y en su corrección: permitir a cada votante constatar de manera sencilla, inmediata y expeditiva —y sobre todo sin poner en riesgo el secreto que debe amparar su pronunciamiento— que lo expresado por él a través de las urnas fue debidamente contemplado al momento del escrutinio y que por consiguiente gravita de manera ponderada y efectiva en el resultado electoral.
Semejante atribución debería considerarse un derecho político y cívico inalienable de todo ser humano a lo largo y a lo ancho del planeta…
Y hacerlo posible de manera práctica es un objetivo que cumple a cabalidad el mecanismo de votación propugnado por la Fundación Homini Veritas denominado “Sufragio por voto secreto verificable y por calificación integral de opciones”.
Debido a esto sugiero a las autoridades públicas, a los medios periodísticos, a los comunicadores y a la ciudadanía en general conocerlo, analizarlo y contribuir a que sea discutido y evaluado criteriosamente por nuestros compatriotas cuanto antes…
