El “incremento de la criminalidad por un mal manejo de los reclusos dentro de los recintos” genera al Estado “mayores gastos para combatir los problemas de delincuencia en la sociedad”, se afirma en los documentos elaborados.
En las cárceles que se usan ahora, “los accidentes edilicios, más que nada por la deteriorada infraestructura, ponen en peligro la vida tanto de los reclusos como de los policías”, dice uno de los estudios.
Hoy “no existe un adecuado control alimenticio”, hay “problemas de instalaciones eléctricas y cañerías rotas”, un “mantenimiento deficiente y roturas habituales”, agrega.
El sistema PPP, en cambio, “le quita al Estado la tarea de conseguir una gran cantidad de dinero, que no tiene, en el corto plazo”.
Con ese sistema “el privado se compromete a construir una infraestructura nueva financiándola totalmente”. Además “realizará ciertos servicios como mantenimiento y equipos, control de plagas, limpieza y lavandería, mientras el Estado se encargará de la vigilancia, salud y rehabilitación de los reclusos”.
En los contratos público-privados “el Estado paga si el privado cumple con el nivel de servicios acordados (pago por disponibilidad), descontando parte del pago si se encuentran deficiencias”.
Si bien el costo de un recluso con el sistema PPP será unos U$S 2.000 mayor que el actual, los cálculos del gobierno indican que el “valor por dinero” de ese esquema es mayor y los costos totales para el Estado serán menores.
Los informes del gobierno señalan que el esquema “permite dividir las tareas acorde a la capacidad de cada agente, logrando mayores niveles de eficiencia en los servicios brindados”. También “hay incentivos para que los servicios siempre sean provistos en los estándares acordados”.
El sistema, agregan los documentos, “simplifica y potencia el control de las actividades por parte de la administración penitenciaria” y “permite incorporar tecnología moderna en todos los aspectos penitenciarios”. A su vez, “el riesgo queda administrado por quien está mejor capacitado para enfrentarlo, dada su dotación y expertise”.
Los estudios indican que “la transparencia y equidad, la mayor seguridad al Estado y a los inversores, y la distribución de riesgos más eficientemente, son todos aspectos favorables a trabajar bajo la ley de PPP”.
Los especialistas que realizaron los estudios estimaron que “es previsible que el nuevo recinto mejore la atención de la problemática carcelaria y contribuya a incrementar las posibilidades de rehabilitación de las personas privadas de libertad”.
La cárcel.
El contrato de la nueva cárcel será por 22 años, de los cuales 2 años y 4 meses corresponden al período de construcción. El Estado pagará durante ese tiempo cuotas trimestrales para repagar la inversión inicial y pagar la provisión de los servicios. Al final del contrato el privado transfiere la infraestructura y los servicios al Estado.
La unidad tendrá 1.960 plazas y, según los informes, “permitirá eliminar el hacinamiento actual de reclusos hombres en el área metropolitana”.
Estará ubicada en el predio de la actual cárcel de Punta de Rieles, en un espacio de 45.220 m2 a un costo promedio de U$S 1.603 el m2. El valor total estimado de las obras es de U$S 72,5 millones.
En el Edificio de Admisión y Clasificación, que tendrá 80 plazas en celdas individuales, los internos no podrán permanecer más de 10 días. Allí se diagnosticará su salud, su perfil y su entorno social y familiar. Serán clasificados y derivados a la unidad más apropiada. Habrá un área de servicios con zonas de locutorios, peluquería e instalaciones para exámenes médicos, además de servicios higiénicos y ducha.
“En las condiciones actuales no es posible para el Ministerio del Interior realizar una correcta clasificación penitenciaria de las personas que ingresan al sistema, ya que la falta de infraestrucutra, de procedimientos y de recursos humanos les obliga a alojarlos en cualquier centro”, dice uno de los informes.
La Unidad de Personas Privadas de Libertad será el edificio de mediana seguridad que alojará a los reclusos. Tendrá 1.880 plazas, en celdas individuales y compartidas.
Habrá un módulo de 100 celdas individuales, cinco módulos de celdas con tres plazas (con 1.260 plazas en total) y dos módulos de celdas con cinco plazas (500 plazas en total). Además el edificio tendrá zonas de administración y control de ingresos, espacios para visitas con capacidad sumada para 1.000 personas, atención médica, cocina, lavandería y lugares de desarrollo socio-educativo, laboral y deportivo.
El estudio realizado recomienda “considerar la posibilidad de contar con instalación de venusterios (espacios acondicionados para compartir visitas íntimas con un cónyuge)”.
Además “se deberá contemplar la posibilidad de realizar la construcción por etapas (...) para poder hacer un uso inmediato de las instalaciones terminadas, mientras se construyen las restantes”.
El privado que realice la obra deberá brindar algunos servicios. Uno de ellos es el mantenimiento de la infraestructura. A diferencia de la actualidad, habrá “un cronograma de reposición de acuerdo a la vida útil de cada elemento”.
El mantenimiento se hará para los sistemas de agua, saneamiento, evacuación de aguas, energía eléctrica, gas y detección y extinción de incendios.
También proveerá la alimentación de los reclusos y los funcionarios. Ambos consumirán lo mismo y se asegurarán ciertos “niveles nutricionales, según una dieta básica determinada con criterios técnicos”. Habrá desayuno, almuerzo y cena.
Los familiares de los presos ya no podrán ingresar mercaderías. En cambio, funcionarán almacenes internos en la cárcel.
La higiene dejará de correr por cuenta de los reclusos. La prisión contará con un servicio de lavandería. Cada preso tendrá derecho a 2,5 kg de ropa por semana y un buzo y una campera cada dos semanas, dos sábanas y una toalla por semana y un cubrecama y frazada dos veces al año.
Se limpiarán a diario todas las instalaciones, y las celdas cada quince días.
Además los estudios prevén que se lleven adelante actividades deportivas, culturales y recreativas “de manera de ofrecer una utilización constructiva del tiempo libre”.
Valor por dinero.
Uno de los requisitos para llevar adelante proyectos PPP es que se haga un estudio que permita comprobar que el sistema es el que presenta mayor “valor por dinero” entre las opciones disponibles.
La CND y el Ministerio del Interior recopilaron literatura internacional y casos nacionales y realizaron un “taller de expertos” para calcular los sobrecostos y sobreplazos estimados, que son los principales riesgos de las obras de infraestructura. En base a eso se calculó el riesgo y luego el valor por dinero de la obra bajo el sistema PPP y bajo un sistema de concesión tradicional.
El costo de inversión inicial de la obra será, según los cálculos del gobierno, de entre U$S 63 millones y U$S 87 millones. El costo operativo estará entre U$S 4,8 millones y U$S 6,5 millones al año. El pago por disponibilidad que tiene que hacer el Estado fue situado entre U$S 13 millones y U$S 17,8 millones.
De acuerdo a lo estimado por el taller de expertos, el sobrecosto rondará el 46% y el sobreplazo el 28%.
Los cálculos arrojaron que el 20,6% del riesgo de sobrecosto será retenido por el Estado mientras que el 79,4% será transferido al privado.
El sistema PPP implica que “todo sobrecosto asociado al mayor tiempo que insuman las obras será asumido por el privado”, sostienen los autores del informe.
En cuanto a los sobreplazos, el 47,4% del riesgo quedará en manos del sector público, según las previsiones. Eso se debe, dice el informe, a que “las causas del riesgo de sobreplazo están en muchos casos ocasionadas por decisiones discrecionales y procesos que están bajo la órbita pública”.
Los estudios dicen que el costo de un “proyecto público de referencia” bajo la concesión tradicional sería de U$S 273.680.277. El costo con el sistema PPP sería de U$S 243.194.472. La diferencia entre ambos, U$S 30.485.806 es el “valor por dinero” que, según el documento, determina que sea “recomendable” hacer la obra bajo ese régimen.
Una vez que la cárcel esté en marcha el gobierno hará tres tipos de pagos: uno fijo trimestral “por disponibilidad” si el privado cumple con sus obligaciones; será la “variable de adjudicación de la licitación”. En caso de sobrepoblación, un pago por día por cada interno que exceda la capacidad de diseño, más una multa por día en que la población exceda el 120% de capacidad. El tercer pago será por obras adicionales.
De acuerdo a lo previsto por el informe, el inversionista privado pondrá un 10% de la inversión inicial y obtendrá el resto del capital con un crédito bancario. A su vez obtendrá una “Tasa Interna de Retorno” del 16%.
Es decir que “el privado, si cumple sus obligaciones, cobrará un repago por su inversión y operación durante el período del contrato, que le permitirá obtener una ganancia económica por su inversión”.
