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La Auditoría Interna de la Nación (AIN) instó alMinisterio de Defensa Nacional(MDN) a reformar la gestión de un plan habitacional vigente desde 2011, destinado a funcionarios de bajos recursos. Un informe del organismo identificó deficiencias en el control documental, la verificación de entrega de materiales a beneficiarios y el sistema de información, lo que compromete la trazabilidad de los bienes y el seguimiento de las obras.
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El informe, presentado en abril, abarcó el período enero 2024-diciembre 2025, y advierte que las fallas detectadas ya habían sido señaladas en una auditoría previa realizada en 2017, sin que Defensa las haya subsanado.
La AIN, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, concluyó que, dado el carácter social y económico del programa —que registra demanda continua y apunta a mejorar el bienestar de los funcionarios—, es “necesario implementar acciones para fortalecer los mecanismos de control, de seguimiento e información que mitiguen los riesgos y permitan garantizar la transparencia y sostenibilidad en su ejecución”, según el informe sobre el que informó el domingo 24 El País y al que accedió Búsqueda.
Información-Vivienda-PVS-Ministerio de Defensa
Una de las viviendas construidas a través del programa, en imagen de 2021.
Ministerio de Defensa Nacional
Denominado Programa de Vivienda Social (PVS), el proyecto es implementado por la Dirección General de los Servicios Sociales del MDN y está dirigido al personal militar subalterno —cabos, sargentos y similares— y al personal civil del inciso que tiene carencias edilicias o vulnerabilidad social en su núcleo familiar.
En todos los casos, consta de la entrega de una canasta de materiales de construcción no retributiva, de acuerdo a las necesidades de cada vivienda. El monto estimado de la canasta de materiales es de hasta $ 240.000 —aunque excepcionalmente puede alcanzar los $ 430.000— para la construcción de un módulo básico que comprende un baño y un ambiente con una superficie aproximada de 16 m2.
En el año 2024, el MDN registró el ingreso de 56 solicitudes al programa, cifra que subió a 58 en 2025. Del total de solicitudes realizadas desde la creación de la herramienta, 61 permanecen sin trámite de resolución.
¿Cuáles fueron las advertencias al Ministerio de Defensa?
De acuerdo a la auditoría, el PVS no garantiza la integridad ni la confiabilidad de los datos que maneja, lo que compromete la calidad de la información para la gestión, el seguimiento y la toma de decisiones. “Esto afecta la verificación del cumplimiento de los objetivos establecidos y la adecuada asignación de los recursos públicos”, indica el informe.
La información de los beneficiarios se distribuye entre planillas electrónicas y carpetas físicas, pero ninguno de esos soportes funciona de forma integral: la documentación no está íntegramente digitalizada, los registros están incompletos y el sistema carece de herramientas básicas de gestión, como reportes o generación de indicadores. Para suplir esas carencias, cada funcionario lleva sus propios registros, que no siguen criterios unificados, lo que fragmenta aún más la información y dificulta consolidar datos sobre montos por beneficiario, etapas de obra o procesos de compra. La AIN advierte que esto “limita la integridad, confiabilidad y trazabilidad de la información para la gestión”.
En cuanto a la documentación, la que respalda la entrega de materiales a los beneficiarios mostró “incumplimientos e irregularidades respecto de los requisitos dispuestos en los pliegos de condiciones que rigen las compras realizadas”. En concreto, se constataron remitos sin firma del receptor y documentación presentada sin remito válido conforme a la normativa vigente, omisiones que, según la AIN, exponen al programa al riesgo de fraudes.
Información-Vivienda Social-Defensa-Zina-adhoc
Viviendas construidas en 2024 en el barrio Piedras Blancas de Montevideo.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Por otra parte, el ministerio tampoco logró acreditar razonablemente la entrega efectiva de los materiales mediante documentación “válida, suficiente y fehaciente”, lo que impide verificar que el beneficio llegue a quienes atraviesan una situación de precariedad habitacional.
A ello se suma la ausencia de informes jurídicos entre 2024 y 2025 que permitan verificar si los respaldos presentados para acreditar la relación jurídica con la propiedad cumplen los requisitos obligatorios para otorgar el subsidio. La AIN documenta, además, un caso ocurrido en 2024 de entrega de materiales a un beneficiario que ya no pertenecía al MDN: “Si bien al momento de la solicitud revestía el carácter de funcionario, cinco meses posteriores al cese se emitió la resolución de la entrega de materiales, la cual se efectivizó, de acuerdo con la documentación que consta en dicha carpeta”.
En 2021, durante el pasado gobierno, integrantes de la Dirección General de los Servicios Sociales de Defensa relevaron domicilios entregados a beneficiarios en distintos barrios de Montevideo, entre ellos, Unión, Barros Blancos, Piedras Blancas, Curva de Maroñas, Santa María y Manga, en el departamento de Montevideo. El objetivo fue revisar las viviendas y el estado socioeconómico de las familias beneficiadas. “Los resultados fueron más que auspiciosos”, informó entonces el ministerio.
