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“En las condiciones actuales la apicultura es inviable”, afirmó el presidente de la Sociedad Apícola del Uruguay (SAU), Ruben Riera, quien, secundado por sus colegas del sector, culpa al uso de productos agroquímicos de la creciente mortandad de las abejas y los perjuicios al negocio de venta de miel en el exterior.
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Con el aumento de la demanda internacional de productos agrícolas, sobre todo desde la aparición de China como principal socio comercial de Uruguay, también creció el uso de productos agroquímicos para evitar que la aparición de malezas y de insectos dañen los cultivos. Eso ha tenido un impacto en la mortandad de las abejas, afirman los apicultores.
“Hoy estamos entre un 20% y 30% de mortandad de abejas por año”, informó Riera durante el XIIII Congreso Latinoamericano de Apicultura organizado por la Federación Latinoamericana de Apicultura (Filapi), realizado del 3 al 5 de agosto en la Rural del Prado. “Cuando tenemos una mortandad del 20%, tenemos una pérdida de productividad del 27%. Pero cuando tenemos 30% de mortandad, tenemos 40% de pérdida de productividad”, explicó.
El director general de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Federico Montes, agregó que desde 2011 hasta 2017 la secretaría recibió 94 denuncias por muerte de abejas debido al uso de productos químicos.
También se planteó durante la actividad el problema que la desaparición de la especie acarrearía para la diversidad de las plantas, ya que se perdería el proceso de polinización.
A este problema se suma la consecuencia que ha provocado en el comercio de la miel la presencia de residuos de glifosato. En 2016 se detectaron mieles uruguayas que contenían restos del herbicida por encima de lo permitido por la Unión Europea, lo que dificultó su comercialización en Europa, su principal mercado de exportación.
Si bien el glifosato baja la calidad natural del producto, también se han detectado aumentos de algunas enfermedades en poblaciones cercanas a cultivos que lo utilizan, y las organizaciones ambientalistas luchan para que se lo prohíba. De todas formas, aún no se ha podido comprobar científicamente que el producto patentado originalmente por Monsanto tenga una relación directa con enfermedades cancerígenas en humanos que consumieron productos con residuos del herbicida.
En 2015, la Organización Mundial de la Salud elevó la categoría de riesgo del glifosato a A2, que significa que se trata de un producto “potencialmente cancerígeno”. Pero en 2017 la agencia Reuters publicó que los informes en los que se basó la organización habían sido adulterados, lo que generó dudas sobre la evaluación. Hasta el momento se han encontrado residuos del herbicida en productos como el agua potable, la carne, el pan, la miel e incluso en la leche materna.
“El uso de plaguicidas y pesticidas es un problema del modelo de producción agroindustrial”, dijo durante el evento el director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Uruguay tiene 16,4 millones de hectáreas destinadas a la agricultura, lo que lleva a que gran parte del territorio cultivado tenga agroquímicos. Nario señaló la “necesidad de conocimiento” para estudiar los efectos de los pesticidas en los cultivos. “Es difícil para un tomador de decisiones, para un gestor, avanzar en una dirección u otra si no tenés conocimiento”, afirmó.
El planteo no cayó bien entre los integrantes del sector apícola que estaban presentes. “En la región no podemos tener gobernantes que tengan el tupé de decir que se van a estudiar los efectos, pero no investigar nada para probarlos. Hay un principio que es el de prevención. No podemos tirar veneno si no podemos controlar qué efecto tienen esos venenos en el ambiente o en los alimentos que ingerimos”, criticó Pedro Kaufmann, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores.
“Nosotros estamos convencidos de que la apicultura va a ser viable, pero si logra las condiciones de coexistir, porque es imposible en el corto plazo que se sustituya un modelo de producción por otro”, opinó Nario.
Desde 2016 se encuentra a estudio un proyecto de ley para crear un Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas, impulsado por legisladores del Frente Amplio. Sin embargo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, no está de acuerdo con algunos artículos de la propuesta y pidió “tomarse un tiempo” para que vuelva a ser analizado.
Para José Luis Inciarte, presidente de la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos del Uruguay (Camagro) que también participó en la actividad, los agroquímicos “son necesarios para evitar los males” que impiden el crecimiento vertical de la producción, pero aclaró que deben ser “utilizados de forma coherente”. “Cualquier fitosanitario utilizado en forma responsable no causa ningún daño”, afirmó.
