Uruguay pasó de creer que la capacidad de los ríos era “infinita” a reconocer que tiene un problema “grave” y recién ahora actuar

A continuación un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda.

—Mientras acá lo ambiental todavía no se veía tan ligado a lo económico.

—Exacto, es que la visión tradicional de la protección ambiental es la protección de la flora y fauna, la biota. Hoy trabajamos bajo el paradigma del desarrollo sostenible y ahí está la parte económica, productiva, ambiental y social. Eso empieza a explicar la importancia de tener un organismo de coordinación transversal. Cuando comenzamos a funcionar, efectivamente identificamos que estaban bastante fragmentados los temas de ambiente. Una de las primeras cosas que hicimos a través de una cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue contratar una consultoría que hizo un análisis sobre las fortalezas y debilidades que tenía la creación de la nueva institucionalidad. La otra parte fue una hoja de ruta para ver cómo pararnos ante esta tarea compleja. Dijeron que era totalmente innovadora la creación de la nueva institucionalidad. Está muy dinámico este tema, en el mundo se ve la necesidad de tener una visión transversal.

La función de coordinación está bajo el Ministerio de Vivenda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), no es que la haya perdido. El problema es que cuando se genera una labor de coordinación transversal desde un ministerio…

—Siempre es como que la fuerza la tiene ese ministerio…

—Por eso en este caso tenemos la visión transversal desde Presidencia. Una visión de toda la gestión de los distintos ministerios.

—Han surgido rispideces. Recientemente Jorge Rucks al anunciar el plan de trabajo para el río Negro y hablar sobre la contaminación señaló claramente la responsabilidad del agro. Al Ministerio de Ganadería (MGAP) no le cae demasiado en gracia que apunten al sector así directamente con el dedo. A la interna del gobierno hay diferentes visiones.

—Claro, cuando me hiciste la pregunta de cómo nos posicionamos nosotros, por supuesto que surgen ese tipo de temas. Las visiones no son tan radicales porque ni desde el agro obvian lo ambiental ni viceversa, pero es cierto que cada cual pone más énfasis, más acento en algunas cosas que en otras. Entre estos dos sin lugar a dudas es donde más hemos tenido que trabajar para lograr acuerdos. Al definir las políticas y medidas, empiezan a decir “no, no, yo no estoy de acuerdo con eso”. En lo ambiental y productivo hay que tratar de poner ese punto de equilibrio que es el paradigma del desarrollo sostenible. Nos pasó en todas las grandes tareas que ha intervenido esta secretaría: los compromisos del Acuerdo de París de cambio climático, la redacción de los artículos de la ley de riego, aspectos específicos del Plan Ambiental Nacional que se aprobó recientemente y logró una posición llevadera (justamente por haber negociado a la interna) y en aspectos específicos de cómo encarar la segunda generación de medidas para el Santa Lucía.

—En referencia a ese último punto, el paquete de medidas es variado, con exigencias para el agro y prevé la ampliación de la red de saneamiento porque su ausencia contamina la cuenca. Desde el MGAP, Fernando García Préchac opina que pasará al menos una década para que se empiecen a ver resultados contundentes. ¿Cómo ve el avance de las obras de saneamiento?

—Estoy de acuerdo en que son labores de largo aliento. Después que se implementaron estas medidas, no incrementó el nivel de fósforo y nitrógeno histórico sino que entramos en una meseta, eso también es un resultado. Ahora va a ser cuestión de bajarla.

—Pero ¿se empezó tarde?

—Bueno… acá es la historia del Santa Lucía y cuándo se abrió los ojos. En la década de 1980 y entrada la de 1990 seguíamos con la concepción de que nuestros recursos naturales nos bancaban todo lo que hiciéramos. Se tendría que haber empezado en 1950 con estas medidas y demoramos 30 años de pique nomás en comprender que teníamos un problema. No fue solo en Uruguay, fue el mundo.

—Pero el Frente Amplio va por el tercer mandato ya. Comenzó en 2005 y las medidas del Santa Lucía son de 2013.

—En 2005 había una identificación del problema. No culpo a las autoridades anteriores, fue un problema de concientización de la década de 1990. Cuando asumo en el MVOTMA se contrató una consultoría con el organismo de cooperación japonesa Jica que tuvo tres etapas y comenzó en 2006. ¿Qué podías hacer antes de eso? Se empezó por el abecé. Me decís que las medidas fueron en 2013 después del evento de agua (hubo problemas con la floración de cianobacterias). Y sí, no es lo deseable pero es un proceso. En 2005, en las prioridades de obras de saneamiento no estaba la protección del Santa Lucía.

—Usted tuvo diferencias con respecto al proyecto de OSE de hacer represas en el Soldado y Casupá. ¿Desde el punto de vista económico y ambiental vale la pena construirlas? Los embalses son sitios propicios para floraciones de cianobacterias.

—OSE tiene identificado que necesita aumentar su reserva. Acá podríamos entrar en la discusión que se da con la ley de riego, vamos a lo mismo. Podríamos tratarlas como represamientos de agua. Es cierto lo que dicen los críticos, que son ámbitos mucho más propensos a que se generen floraciones algales. Las aguas más quietas tienden a calentarse más y puede haber mayor acumulación de nutrientes. Si hay más represas, hay más riesgo de que se produzcan floraciones algales, pero el represamiento se puede gestionar para que no tenga aportes de fósforo y nitrógeno. Gestionás la cuenca de la represa con áreas buffer sobradas, la estudiás específicamente y que te lo autoricen o no en función del manejo y el uso para evitar el riesgo. Está previsto en la legislación actual.

—Antes de 2018 no estaban dadas esas garantías.

—Es que eso está en los decretos reglamentarios de la ley de riego que obliga a las represas existentes y futuras a tener un plan de manejo de calidad de agua. Ahora hay otra mirada en la normativa. Para una cuenca en Uruguay hay que hacer una evaluación ambiental estratégica, que es una herramienta que en el país casi no se ha usado, y Uruguay tuvo incluso una experiencia no muy feliz. Es una evaluación de desarrollo sostenible estratégico. Antes se estudiaba el proyecto específico y se hacía un estudio de impacto ambiental. Si la represa no generaba mayores problemas, se la autorizaba. Tenemos 1.300 represas hechas con este criterio. La nueva normativa que el Ministerio de Ganadería está implementando incluye mirar toda la cuenca. ¿Cuántas represas voy a dejar tener? No es cuestión del que llega primero. Puedo defender el plan de trabajo que hubo en los últimos 10 años, pero este problema se lo identificó como grave hace algunos años. En 30 años pasamos de creer que el río tenía una capacidad infinita a la época en que se prendió la luz amarilla y a la época en que se empezó a actuar. Son cuatro épocas muy recientes en la historia.

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