¡Así nos va!

Según la academia, la corrupción es la “acción o efecto de corromper” y, pese a la creencia general, no se limita a las normas penales. Es muchísimo más amplia. Vale cuando se altera la normalidad o se perjudica a terceros por acción u omisión de las personas, tanto en el terreno público como en el privado.

Quienes tienen menos de 50 años probablemente no conozcan al cómico Roberto Barry (1917-1981). Se destacó en radio, teatro, tablados y televisión a través de su personaje, el comisario de Cerro Mocho. Ese “comesario” de ficción, inculto e ineficaz, era el mandamás de una localidad rural.

Hace dos semanas llamaron desde Fray Bentos a la jueza Fanny Canessa para informarle que trasladarían a un detenido cuya captura había solicitado por libramiento de cheques sin fondos. Llegó esposado y cuando se dispuso a interrogarlo, como corresponde, pidió que le quitaran las esposas. Pero, con una expresión que me imagino parecida a las de Mr. Bean, el policía respondió que no tenía las llaves. No lo podían creer. Cundió la desesperación entre la jueza, la fiscal y los actuarios. No podía declarar esposado y si se vencía el plazo constitucional quedaría en libertad. Cuando poco quedaba para el vencimiento del plazo, alguien acercó un manojo de llaves y apareció una que permitió abrir las esposas.

Lo ocurrido se parece a un guion de Cerro Mocho y se suma al caos que padecen los viejos juzgados penales con 90% de las personas presas. Me comentaron tres jueces que desde que rige el nuevo Código del Proceso Penal pasaron a ser las cenicientas de un sistema en el cual la ineficiencia policial es central. Señalan su morosidad en responder oficios, cursar citaciones y celebrar pericias de autos y armas. Si eso no se cumple, se paralizan los procesos en juzgados con poco personal. Promesas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de aumentar el número de funcionarios brillan por su ausencia. Tampoco son suficientes los fiscales.

El segundo ejemplo de decrepitud es la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) involucrada en una investigación penal. Por otra parte, debido a su omisión en aprobar nuevos estatutos, la FIFA decidió su intervención, que comenzó este lunes. Pese a que los dirigentes expresaron sorpresa, se basa en normas que ellos mismos admitieron. El gobierno quiso reivindicar su control sobre su personería jurídica pero la ministra de Educación, María Julia Muñoz, le erró. El catedrático de Derecho Internacional Privado Didier Opertti la corrigió: la AUF se rige por el Derecho Privado y no por el estatal o gubernamental.

Poco importa lo que ocurrirá. Más tarde o más temprano reaparecerán otros corruptos y camanduleros. Un ácido amigo sostiene que el fútbol no crea a los corruptos porque muchos siempre están adentro y las decisiones de fondo se toman en la cueva de Alí Babá.

El más doloroso y patético ejemplo —si consideramos la educación terciaria de los protagonistas, su futuro profesional y el nuestro como pacientes— es el que protagonizaron el 31 de julio médicos recién recibidos. Para celebrar el fin de una carrera que les pagamos con nuestros impuestos fueron al Mercado del Puerto.

Veinte de ellos robaron del Hospital Maciel bolsas de drenaje que también pagamos nosotros. Esos recipientes, destinados a la orina de los pacientes, los utilizaron para cargarlos de cerveza. Robaron tubos de suero que utilizaron como pajitas para beberla y como si fueran actores de un circo, se pusieron pañales de adultos: una burla para quienes padecen incontinencia. Todo planificado. Colgaron fotos en las redes sociales donde se aprecia el uso de los insumos robados: además de ladrones, imbéciles. Se creen dueños de una impunidad que algunos abonan.

Ni el Hospital Maciel, ni la Facultad de Medicina ni el Ministerio de Salud Pública formularon denuncia penal. Tal vez porque algunos de sus jerarcas hicieron algo parecido, porque los ladrones tienen padres médicos o son amigos de los jerarcas, o porque consideran que los médicos son superiores al resto de los infractores de la ley. A otros los habrían denunciado. Para exculparlos argumentaron que se comprometieron a pagar lo que robaron.

El acuerdo de pago debió realizarse legalmente, para lo cual hubiera tenido que actuar de oficio la fiscal de turno, Adriana Costa, responsable de la defensa de los intereses de la sociedad. La fiscalía es la habilitada para actuar de oficio. No ocurrió. Todos somos iguales ante la ley, pero algunos más que otros.

A todos nos interesa saber quiénes son esos médicos por si tenemos que elegir a quien nos atienda. Ese conocimiento nos permitiría saltear sus nombres. Tanto en lo administrativo como en lo jurisdiccional la transparencia está ausente.

Desconozco si estos energúmenos hicieron el juramento hipocrático, un texto de fuerte contenido ético. El último párrafo dice: “Si el juramento cumpliere íntegro, viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posteridad. Pero si soy transgresor y perjuro, avéngame lo contrario”.

Una frutilla final. La nueva directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú, Cinthya Moizo, admitió desconocer el origen del vocablo Paysandú y las fechas en las que Uruguay celebra su independencia y el juramento de la primera Constitución. Como decía un personaje interpretado por el actor argentino Mario Fortuna: “Garrá lo libro, que no muerden”.

La ignorancia de Moizo quedó al desnudo en el programa radial sanducero La felicidad del atardecer. Moizo es licenciada en Gestión Cultural y docente de esa materia en el Instituto Crandon y en el Claeh.

¡Así nos va!