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    “Atropello” y pérdida de soberanía al flexibilizar el secreto bancario

    Darles la facultad a organismos recaudadores de otros países para solicitar el levantamiento del secreto bancario directamente a la administración tributaria uruguaya, sin la intervención de un juez, sería un “atropello no solo a la privacidad de las personas, sino un abandono significativo de la soberanía nacional, asociado a una disminución de las facultades judiciales”. Eso planteó Casilda Echevarría, ex subdirectora de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, en una columna publicada el martes 5 en “El País” referida a la nueva flexibilización del secreto bancario que prepara el Poder Ejecutivo (Búsqueda Nº 1.872 y 1.873).

    “Ninguna de las consecuencias mencionadas es positiva, salvo la necesidad de quienes, asiduos concurrentes a foros internacionales, sienten mayor predisposición a coincidir con sus colegas que a defender los derechos y libertades de nuestro país”, señaló.

    “La base de relacionamiento internacional en un país pequeño como el nuestro debe fundarse en el buen clima de negocios y la jerarquización del sistema judicial, de modo de atraer capitales para invertir en el país, sea para adquirir tierras y aportar nuevas tecnologías, como realizando depósitos en el sistema financiero o captando fondos para la instalación de industrias o cualquier tipo de empresas lícitas”, afirmó Echevarría.

    Para la columnista, “poco a poco los pueblos han ido aceptando la sustitución de las democracias representativas, cuyos gobiernos no deberían hacer otra cosa que defender los derechos e intereses de sus representados, por las corporaciones gubernamentales o supragubernamentales. El peligro es que las decisiones se tomen en beneficio de quienes tienen el poder y desean perpetuarse en él a un altísimo costo para los pueblos”.

    Abogada de profesión, Echevarría fue también asesora del secretario de la Presidencia en el segundo gobierno de Julio Sanguinetti, representó a Unicef en el país y a Uruguay ante la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos. Además actuó como consejera de la Facultad de Derecho e integró el Claustro de la Universidad de la República. Actualmente se desempeña como asesora de empresas y hoy está al frente del Departamento Legal del grupo empresarial argentino Eurnekian —que opera los aeropuertos de Carrasco y Punta del Este, entre otros negocios— en el país.