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    “Barrios liberados” por delincuentes

    El aumento de la violencia ha llevado a que algunos barrios de Montevideo sean zonas liberadas en las que los criminales se mueven con “impunidad” y reclutan niños para utilizarlos como “brazo armado”, advirtió la jueza penal Blanca Riero. Pese a que ese fenómeno le preocupa, la magistrada sostuvo que Uruguay no debe aumentar las penas o crear nuevos delitos para enfrentar la delincuencia.

    “El Estado en el ejercicio del monopolio de la administración de la violencia que detenta, no debería violentar las libertades, garantías y derechos de los ciudadanos, bajo el pretexto de bajar los índices de violencia, llámese ‘inseguridad’, ‘protección’, ‘alarma social’, ‘lucha contra la delincuencia’, ‘guerra al narcotráfico’”, escribió Riero en un artículo publicado en la última edición de “Tribuna del Abogado”, la revista del Colegio de Abogados. “Podríamos afirmar que la creación de tipos penales como la solución al incremento de la violencia ha fracasado”.

    De acuerdo con la jueza, los estudios indican que en los últimos diez años “la violencia en la comisión de delitos se incrementó sustancialmente”. Ese incremento se produce en Uruguay y sigue patrones similares a la realidad de otros países. Según su descripción, “desde no hace mucho tiempo han comenzado a actuar grupos bien organizados, estructurados, con distribución de roles, con una infraestructura de gran porte, que incluye todo tipo de armas, entre las que se encuentran en gran calibre, sistemas de comunicaciones y logística, para cometer delitos pensados y planeados distinguiéndose de los delitos callejeros”.

    Riera sostiene que esos grupos “controlan barrios prácticamente enteros, donde se mueven con total libertad, ya sea por la impunidad que les brinda su vecindario, por medio o a cambio de una prestación”. Y agrega más adelante: “Estas organizaciones logran adeptos sobre toda de la gran masa de jóvenes que se encuentran desorientados, en las zonas marginales —la pauperización expresada— haciéndolos ingresar al circuito del consumo de sustancias y luego cuando son adictos, los utilizan como brazo armado en muchas ocasiones, como vigilantes, llegando incluso en mucho de los casos a desempeñar estas tareas niños de 8 y 10 años de edad”.

    Como respuesta al aumento de la violencia y al reclamo de mayor seguridad, Uruguay ha seguido el camino de “más delitos e incrementos de las penas privativas de libertad, alejándose inexorablemente de la protección de bienes jurídicos”. Riero escribió que la “creación constante de tipos penales” para enfrentar el problema es un error. El camino correcto, añadió, requiere “una mirada holística de la situación y contexto, regional, local, así como social, económico y cultural del delito, teniendo en cuenta los extremos que lo albergan —víctima y victimario para la búsqueda de soluciones a largo plazo”.