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Uno de los capítulos de la tragedia de Ancap se terminó el fin de semana pasado, cuando con los votos de la mayoría oficialista el Parlamento aprobó una capitalización de U$S 622 millones, a lo que seguirá un crédito de U$S 250 millones, para tapar pérdidas por U$S 800 millones en los últimos cuatro años.
A eso hay que agregar el subsidio que diariamente todos los uruguayos aportan a Ancap al pagar los combustibles con un sobreprecio destinado a cubrir los déficit en los negocios del portland, los biocombustibles, el alcohol y tantas otras actividades “estratégicas” para el “desarrollo nacional”, además de las propias ineficiencias de gestión.
Nadie en el gobierno se hizo responsable por el desastre. El gobierno reconoce la catástrofe (por eso capitaliza) pero, insólitamente, mantiene a los directores responsables del desbarranque. Apenas un importante dirigente del Frente Líber Seregni, Esteban Valenti, ha pedido un sincero “perdón” a la sociedad uruguaya. Además hubo explicaciones realistas del ministro de Economía, Danilo Astori, y de su antecesor, Fernando Lorenzo. En cambio, el ex presidente José Mujica habla frívolamente de “chamboneadas” por U$S 800 millones. Por supuesto, solo “metieron la pata” —dicen— pero nadie “metió la mano en la lata”. Habrá que esperar qué dice la Justicia.
Lo cierto es que lo ocurrido en Ancap fue muy serio. Debería encender una luz anaranjada sobre todas las empresas públicas y, en general, sobre el manejo global del gasto público. ¿Cuál es la rentabilidad del tendido de fibra óptica realizado por Antel y del proyectado Antel Arena? ¿Por qué no bajan más las tarifas eléctricas a pesar del cambio en la matriz energética con la incorporación de la energía eólica? ¿Qué se va a hacer con la regasificadora? ¿No hay mejor destino para las decenas de millones de dólares que todos los años se queman en el Fondes? ¿Por qué OSE no es capaz de asegurar la calidad del agua? ¿Es imposible parar la sangría que implica AFE? ¿Cuál es la importancia estratégica de tener una aerolínea de bandera?
Mientras tanto: ¿es razonable que la sociedad uruguaya acepte los deficientes resultados en educación y seguridad públicas a pesar de los miles de millones de dólares adicionales volcados en estas áreas desde el año 2005? ¿Es aceptable que no se haya logrado disminuir estructuralmente la vulnerabilidad de los sectores más sumergidos a pesar de 10 años de bonanza económica y de las transferencias otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social?
Probablemente no haya comisiones investigadoras para cada uno de estos temas, pero la oposición y la sociedad civil tienen derecho a exigir respuestas para todos estos asuntos y muchos otros. Y el gobierno debe asumir sus responsabilidades.
Las “chamboneadas” vienen sucediéndose desde hace tiempo. Fue una “chamboneada” guiar la política de inserción internacional del país según “afinidades ideológicas”; fue una “chamboneada” gastar todo lo que ingresó durante los 10 años de bonanza; fue una “chamboneada” meter a los jefes sindicales a gobernar la educación; fue una “chamboneada” haber llenado de rigideces el funcionamiento del mercado laboral; fue una “chamboneada” haber apostado por un “país productivo” y, al mismo tiempo, no haber evitado el “apagón logístico” en la infraestructura física y, lo que es peor, un “apagón” aún mayor en la creación de capital humano por el descalabro de la enseñanza y el deterioro de los hábitos de trabajo; fue una “chamboneada” haber aplicado el mismo “clientelismo” en el Estado que el que toda la vida la izquierda criticó con razón en los partidos tradicionales; y fue una “chamboneada” haber contratado a 60.000 nuevos empleados públicos en la última década.
El “viento de cola” que Uruguay disfrutó hasta hace un par de años impidió que el ciudadano común percibiera cómo lo afectarían estas y otras “chamboneadas”.
Margaret Thatcher dijo alguna vez: “el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero… de los demás”. Y el dinero de los demás se acabó, más allá de las “picardías” que de tanto en tanto hará el gobierno para conseguir más recursos, como se observó en diciembre de 2015 con el cambio en la forma de liquidar el IRAE para las empresas.
Si las divisiones en el partido de gobierno ya eran intensas en medio de la abundancia, cabe esperar que se profundicen en épocas de “vacas flacas”. Aunque, es verdad, lo peor sería que los sectores irresponsables del Frente Amplio consiguieran el “giro a la izquierda” que reclaman. Eso nos conduciría directamente al despeñadero.
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