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“Que siempre ha habido chorros”, ya lo sabemos. Nos lo recuerda Enrique Santos Discépolo cada vez que escuchamos el tango Cambalache. Pero los chorros de hoy no son los mismos de ayer. Han perdido todos los “códigos” y ganado en desfachatez. Roban a cara descubierta, lo hacen con la tranquilidad de saberse amparados en un sistema legal que les es favorable y eso los envalentona hasta llegar a matar a sangre fría con una sonrisa ganadora.
Esta situación insostenible socialmente, también hace insostenible a las empresas. Estas deben gastar más dinero en vigilancia privada, cámaras de seguridad, rejas, seguros y psicosis que afecta la productividad del personal.
“A las empresas en la ciudad de México, la inseguridad les cuesta hasta el 20% de sus ingresos”, según un estudio realizado por la comisión de seguridad de la Coparmex, una asociación empresarial que informa que “de enero a julio de 2017, cerraron más de cuarenta negocios en la ciudad de Chilpancingo”, cerca de Acapulco.
Adrián Alarcón Ríos, presidente de Coparmex en Chilpancingo, dice que “en una ciudad que se encuentra en los primeros lugares delictivos, dudamos mucho que haya inversión”. Y tiene razón. La inseguridad afecta el clima de negocios.
Uruguay no llega a estos niveles de inseguridad, pero parece estar en un tobogán enjabonado. El fiscal Gustavo Zubía detalla el marco legal que ampara al delincuente y desprotege al ciudadano y al comerciante: “Las estadísticas muestran que más del 35% de personas que cometen delitos, no cumplen un solo día de reclusión, por todos los beneficios liberatorios”. En cambio, “al ciudadano común que comete una infracción de tránsito, le guinchan el vehículo, le hacen pagar miles de pesos o lo dejan días sin auto. Es mayor la sanción al ciudadano común de bien, que comete un error administrativo, que al delincuente que comete un delito”.
Agrega Zubía: “Mientras sigamos filosóficamente creyendo que el delincuente es un ‘pobrecito’ que tuvo una mala infancia y por eso el Estado no debe de sancionarlo, la cosa no camina”.
Los costos de vivir y producir en Uruguay son altísimos, y el gran culpable es el Estado: demasiados empleados públicos, empresas públicas deficitarias, tarifas públicas saqueadoras, ineficiencias y, cuando no, amiguismos, nepotismo y corruptelas varias. A todo esto se le suman los costos de la inseguridad. Un cometido esencial que el Estado uruguayo no cumple.
Zubía nos recuerda “el pacto social” que propusiera Rousseau, mediante el cual los ciudadanos renuncian a su derecho a la legítima defensa y le ceden al Estado el monopolio de sancionar. “Y el Estado dice: voy a perdonar, voy a tener un trato condescendiente con el delincuente… y eso genera en el ciudadano un descontento muy profundo”.
Es el mismo descontento que tienen los “autoconvocados”. Y no van a lograr absolutamente nada hablando con el presidente Tabaré Vázquez. No le están pidiendo que cambie un impuesto o una política menor. Le están pidiendo que cambie su ADN. Y no lo hará.
Por eso, como los sindicalistas demandan más Estado para ellos trabajar menos y apoyan al Frente Amplio, los empresarios deben reclamar más libre mercado y apoyar a quienes defiendan el libre mercado, la meritocracia y la innovación a capa y espada.
No tienen otra alternativa. Y algún día se van a avivar.
