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    “Es totalmente indigno” que el Poder Judicial deba mendigar por dinero

    La nueva presidenta de la Suprema Corte, Elena Martínez, dijo que faltó coordinación con la Fiscalía para implementar la reforma penal y sostuvo que la ley contra la violencia de género, tal como está, no se puede aplicar

    A diferencia de sus más recientes antecesores, que tuvieron mucha presencia en los medios, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) quiere mantener un perfil bajo. Elena Martínez pretende dejar la comunicación en manos del vocero de la Corte y solo hablar públicamente en casos excepcionales. Su tarea como presidenta no es más que representar a la Corte, aclara, y no implica darle una impronta personal.

    De todas formas, la flamante presidenta, que asumió el cargo este jueves 1º, es firme en sus opiniones, y tiene claras las prioridades para este año: la nueva ley contra la violencia de género y la reforma del proceso penal. Sobre la primera, el diagnóstico es contundente: “Así como está no la vamos a poder aplicar”.

    “No hay previsión alguna de recursos, funcionarios, ni de jueces, ni de nada”, criticó, y añadió que en el proceso de elaboración de la norma no hubo “ninguna” participación del Poder Judicial, cuando era “obvio” que debieron escucharlos.

    En cuanto al nuevo Código del Proceso Penal (CPP), Martínez cree que faltó coordinación con la Fiscalía en las primeras etapas de implementación y pretende lograr un “diálogo más fluido” para el futuro.

    También es tajante cuando se refiere a la situación presupuestal del Poder Judicial: el servicio logró mantenerse gracias a un “gran sacrificio” y viéndose obligados a asumir una “actitud mendicante” para conseguir pagar las cuentas. “Esa necesidad de ir a pedir por favor porque no tenemos para pagar la luz es una actitud totalmente indigna”, cuestionó. 

    Lo que sigue es un resumen de la entrevista que mantuvo con Búsqueda tres días antes de asumir la presidencia.

    —¿Se fijó prioridades o temas que le gustaría abordar durante su presidencia?

    —No, porque la presidencia de la Corte no tiene ninguna particularidad más que la representación de la Corte. El presidente no tiene ni más iniciativa ni más poder de decisión. Así que las iniciativas van a ser las que tengan los demás, y las que yo misma pueda presentar, pero para consensuar. Por supuesto que hay cuestiones en la agenda que hacen que las prioridades se marquen solas. Tenemos que ver qué hacemos con la ley contra la violencia de género, tenemos que hacer un seguimiento y coordinar acciones con la Fiscalía para la aplicación del CPP.

    —¿Apuesta a que el Poder Judicial y la Fiscalía trabajen más coordinados en la reforma penal?

    —Me parece que algunas cosas deberían tener un diálogo más fluido. Es bueno tener más oportunidades de consensuar actividades e ir zanjando dificultades juntos. Porque es obvio que va a haber dificultades, ya que estamos en una etapa muy reciente desde la aplicación. Hay un sistema judicial que es una unidad, y ese sistema funciona bien si las partes que lo componen funcionan bien. Esa es mi idea. Cada vez que surja un inconveniente, hay que sentarse y tratar de superarlo juntos.

    —¿Por qué lo plantea? ¿Faltó coordinación en las primeras etapas de implementación?

    —Faltó un poco. Todavía no es tiempo de evaluar nada, es muy reciente, pero sí me parece que tenemos que tener un diálogo franco y abierto sobre las dificultades que van surgiendo. Ver dónde están los problemas y qué podemos hacer desde cada lugar para mejorar y allanar las dificultades.

    —En 2015, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un presupuesto que no contempló ningún aumento para el Poder Judicial, aun cuando tenían la reforma penal por delante. Eso hizo que debieran “apretarse el cinturón” y, por ejemplo, dejar de imprimir las sentencias para ahorrar papel. ¿Cuál es la situación financiera del Poder Judicial hoy?

    —Lo presupuestal se ha saneado un poco gracias a grandes ahorros hechos por el Poder Judicial. El presupuesto que tenemos no nos permite mejorar demasiado el servicio, sino solo mantenernos gracias a un gran sacrificio. Eso permitió llegar a fin de año sin dificultades serias, como las que tuvimos en 2016, que tuvimos que pedir permanentemente refuerzos presupuestales. Tampoco estamos contentos ni cómodos con una actitud mendicante, de tener que pedir permanentemente refuerzos presupuestales. Esa necesidad de ir a pedir por favor porque no tenemos para pagar la luz, es una actitud poco digna del Poder Judicial. Por más que te lo den, porque debo reconocer que cada vez que se fue a pedir se nos dio. Con bastantes exigencias de informes previos, ‘por qué necesitan la plata’, ‘en qué gastan’, pero al final te lo daban. Ahora, esa actitud de tener que ir a rogar para que te den la plata es totalmente indigna. Y, sinceramente, no creo que eso afecte nuestra independencia. Afecta nuestra dignidad institucional.

    —¿Por qué se pone al Poder Judicial en esa posición? ¿Falta comprensión sobre las necesidades de la Justicia o se debe a un recelo político?

    —No voy a entrar en las motivaciones. Yo constato el hecho de que ello redunda en la necesidad de ir a pedir. Y eso es lo que a mí me parece bastante poco digno.

    —El largo conflicto salarial generó rispidez entre las autoridades del Poder Judicial y del Ejecutivo, que se agravaron cuando no se contemplaron los pedidos presupuestales de la Justicia. ¿Cómo está hoy la relación?¿Piensa buscar un acercamiento, pidiendo, por ejemplo, una reunión al presidente Tabaré Vázquez?

    —Por ahora no veo ninguna necesidad de que eso ocurra. El conflicto salarial está en vías de solución parcial, porque hay integrantes del Poder Judicial que no están comprendidos en el convenio que estamos a punto de firmar. Además, se tienen que reunir el 80% de las firmas, así que no tengo claro si el conflicto está o no terminado. Pero eso no ha llevado a rispideces especiales con ningún miembro de un poder del Estado. Simplemente está planteado, desde hace mucho tiempo, siete años a esta altura.

    —Un mayor diálogo con el Ejecutivo puede ser útil en el tema presupuestal…

    —Puede ser útil, sí. En su momento lo evaluaremos, porque ahora viene la última Rendición de Cuentas. Es el único momento que vamos a tener para tratar de lograr, por ejemplo, implementar debidamente la ley de género, porque hoy por hoy, no tenemos los recursos.

    —¿Qué pasará con esa ley, cuando la Corte ya manifestó que tendrá enormes dificultades para implementarla?

    —Así como está no la vamos a poder aplicar. No fueron creados los juzgados necesarios para eso, que la ley los da como creados. El artículo 51 habla de los juzgados especializados en violencia y género. No existen. No está prevista la creación de cargos para implementarla. Y por supuesto que no hay previsión alguna de recursos, funcionarios, ni de jueces, ni de nada. Entonces tenemos serias dificultades.

    —Claramente, este será uno de los temas que ocupen a la Corte este año…

    —Este tema es fundamental. Nos tenemos que reunir el 1º de febrero para formar una comisión que estudie nuestras necesidades, tanto económicas como de organización, y que rápidamente nos diga cuál es el diagnóstico.

    —¿Por qué se aprobó una ley con un montón de responsabilidades para el Poder Judicial sin consultarlos?

    —Esa pregunta no es para mí. Es para el Legislativo.

    —¿No hubo participación del Poder Judicial en el proceso?

    —No, ninguna. La necesidad de escucharnos no es para toda la ley, pero cuando se crean competencias diferentes y se crean juzgados, es obvio que tendrían que escuchar al Poder Judicial. Eso no sucedió. Y pienso que es por eso que la ley tiene las carencias que tiene.

    —El anterior presidente Jorge Chediak también planteó que la solución de ir a un juez que maneje varias materias es contraria a la política de especialización de la Corte.

    —Por supuesto. Es contraria a un principio que venimos desarrollando desde hace bastante tiempo. Nos parece que, a cierta altura de la carrera, la especialización es fundamental. No hay ningún juez de ningún país que conozca todo el Derecho. Es una cosa elemental. Pero bueno, si la ley decide que la especialización no es tan importante, es la ley y hay que aplicarla. Si nos hubiesen escuchado, hubiéramos dicho que contraría el principio de especialización que para muchos jueces y abogados es una necesidad.

    —La ley es una respuesta del Legislativo a la cantidad de femicidios que ocurren en el país. ¿Cree que la Justicia tiene un rol importante en el combate a ese problema?

    —Creo que desde el Poder Judicial atacar este fenómeno y sus causas no es posible. Salvo capacitar a los jueces en el tema. Eso ni que hablar. Pero ahora no tenemos los recursos ni la forma de hacerlo. En la escuela judicial, por ejemplo, podríamos haber previsto la necesidad de capacitar a los jueces, pero la ley se sancionó en diciembre y entró en vigencia en enero. Existe un grupo de género dentro de la órbita del Poder Judicial, que quizás tenga que ser revisado y renovado a la luz de esta ley. Pero tampoco es algo que sirva para combatir las causas del tema, que son muy profundas, muy variadas, y no es desde el Poder Judicial desde donde tenemos que poner el foco para atender esas necesidades. Pero sí estamos absolutamente alarmados, como está toda la población, por el aumento increíble de las situaciones de violencia de género. Estamos en los primeros lugares de la región, es muy preocupante.

    —¿Es feminista?

    —Muchas veces tengo discrepancias, no diría que comparto todas las ideas del feminismo. Pero sí soy feminista en el sentido de que para mí lo más importante que pasó en el siglo XX es el cambio en el rol de la mujer, y creo que fue para mejorar absolutamente la vida de las mujeres. Sigo viendo secuelas y rastros de machismo en la sociedad y me preocupan. Creo que están presentes en la cotidianidad de la vida, sin que nos demos cuenta a veces. Lo simbolizo con un ejemplo: cuando un marido le pregunta a la mujer ‘¿te puedo ayudar en algo?’, es un síntoma de que aquello todavía no terminó de armarse con las ideas del nuevo rol de la mujer. Porque no se trata de ayudar. Se trata de hacerlo en conjunto. Menciono ese como podría mencionar 8.000 ejemplos de la vida cotidiana, donde todavía no está instalada esa cultura de que los hombres y las mujeres tienen un reparto de tareas equivalente. Eso todavía no es así, y yo todavía lo siento, en mi vida personal y en la vida de las mujeres que conozco. Pero no me gusta enrolarme con los ismos. Eso lo decía Carlos Vaz Ferreira: pensar por ismos es una pérdida de libertad muy grande. Y yo soy muy independiente.

    —Un año atrás, en una entrevista con Búsqueda, habló de su preocupación por el bajo nivel de los estudiantes de Derecho. ¿Piensa trabajar en ese tema desde la Corte, junto a las universidades?

    —La base del problema es muy ajena a lo que nosotros podemos hacer desde el Poder Judicial. El tema es cómo vienen formados desde la escuela, el liceo y la facultad. ¿Cómo hacer para influir en ese proceso? Es muy difícil. Son las autoridades de la enseñanza del país las que deberían estar todo el día preocupándose por ver dónde están las fallas. Y reconocerlas. Porque sin asumir, diciendo que está todo bárbaro, obviamente no va a haber mejoras.

    —¿Cómo evalúa las sentencias que llegan a la Corte, y los tiempos de duración de los procesos?

    —Creo que los tribunales de apelaciones tienen un muy buen nivel. En primera instancia es más desparejo. Y también hay un esfuerzo muy grande para acortar los tiempos, cosa que no se nota en primera instancia. La primera instancia civil tiene una duración que realmente es preocupante. Fui juez civil seis años, tuve más o menos los mismos números de entrada de expedientes y sentencias redactadas por año, y la diferencia en tiempo es abismal. En mi generación, no pasábamos de nueve meses, ninguno estaba ni siquiera cerca del promedio que tienen los jueces hoy. Realmente me llama la atención qué es lo que está pasando allí, como para irnos a más de 20 meses.

    —¿La Corte va a hacer algo al respecto?

    —Sí, vamos a tratar de hacer un seguimiento de eso. A mí me tiene muy preocupada y sé que a toda la Corte también, porque no terminamos de entender el fenómeno.

    —¿Ha pensado en cuál será la política de comunicación de la Corte? Los anteriores presidentes —Chediak y Ricardo Pérez Manrique— han tenido un perfil alto, con fuerte presencia en los medios. 

    —Sí, he pensado. Será todo lo contrario. Va a haber un sistema de comunicación institucional, a cargo del Raúl Oxandabarat, que es vocero de la Corte desde el 2003, y quiero que cumpla esa función. Por lo menos durante mi presidencia. Solo cuando haya una necesidad especial de que salga directamente el presidente de la Corte, lo haré. Eso es un cambio importante, ya que tanto Pérez Manrique como Chediak fueron de aparecer en la prensa con cuestiones mucho más cotidianas. Además, me parece que esa forma de actuación produce cierta confusión, sobre si es la opinión de la Corte o del que está hablando. Me gustaría que esa confusión no se produjera. Que quedara clarito que cuando habla Oxandabarat, habla la Corte. Cuando hablo yo, habla la Corte. Pero ante situaciones que lo justifiquen. Durante 5 o 10 años, tener que estar permanentemente en televisión o radio, no. No pasa en ningún lugar del mundo. Pienso en cualquier país de Europa. No va de suyo con el cargo.

    ?? Prescripción de crímenes de la dictadura es una posición “jurídica” y no ideológica