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Los argentinos “tienen muchísimo interés” en obtener la residencia fiscal en Uruguay, dado que la administración tributaria de su país viene adoptando una postura recaudatoria “sumamente agresiva” y de un “modo desmedido”, en particular sobre los patrimonios financieros, sostuvo ayer miércoles 1º Cecilia Goldemberg, socia de GSRC en Argentina y experta en estructuras de planificación patrimonial. Uruguay es una posibilidad “de escape” y “aislamiento respecto a la normativa fiscal” argentina, añadió en una charla a través de la plataforma Zoom organizada por Andersen Tax & Legal Uruguay.
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Juan Ignacio Troccoli, socio del área de impuestos de esa consultora, explicó los criterios ya vigentes y los nuevos, aprobados y propuestos por el gobierno uruguayo, para la obtención de la residencia fiscal en el país. La intención de estimular por esa vía la radicación de extranjeros había sido anticipada por el entonces presidente electo, Luis Lacalle Pou, en un foro organizado en enero pasado en Punta del Este por Andersen Tax & Legal.
Al informar en la anterior edición sobre los datos referidos a las residencias fiscales tramitadas y concedidas, se incurrió en algún error e imprecisión.
La cantidad de contribuyentes que obtuvieron el certificado de residencia fiscal (CRF) vino en aumento en los últimos años, según los datos entregados por la Dirección General Impositiva (DGI) en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. Se pasó de 551 en 2016 a 710 al año siguiente, a 876 en 2018 y a 891 en 2019. Para 2020 consignó 565 casos, lo que de seguir con ese ritmo, se mantendría la tendencia de incremento. Al igual que en el caso de los CRF efectivamente entregados, la mayoría corresponde a personas jurídicas; especialistas explicaron que en muchos casos se trata de empresas uruguayas que buscan ampararse en los convenios para evitar la doble imposición tributaria. La DGI no especificó nacionalidades u orígenes de esos contribuyentes, por lo que es un error asociar esa cifra con “extranjeros” (aunque muchos efectivamente lo son), como se hizo en el artículo.
El jueves 25, y ya publicada la información que había entregado pocas horas antes del cierre de la edición, la DGI dio respuesta a una consulta aclaratoria referida a otros datos. Explicó que una solicitud de CFR puede corresponder a uno o más certificados; estos se emiten por el período solicitado y por el destino donde el contribuyente lo va a presentar. “A modo de ejemplo, una solicitud puede generar CRF para el año 2017 y 2018, y a su vez para ser presentado en dos instituciones diferentes, por lo cual en este caso, una solicitud generará cuatro CRF”. Por tal razón los certificados entregados fueron más: 925 en 2016, 1.206 en 2017, 1.631 en 2018 y 1.708 en 2019. En lo que va del presente año (al 31 de mayo) fueron 1.006, de los cuales 318 correspondieron a individuos (personas físicas), una cifra similar a la de años anteriores.
Según algunos consultores, si se produjera una mayor demanda de residencias fiscales por parte de familias argentinas u otros extranjeros —a partir, por ejemplo, de las condiciones más flexibles en los requisitos decretadas por el gobierno—, eso se vería en los datos de los próximos años.
