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En los últimos tiempos la atención de los uruguayos se ha centrado, entre otros temas, en la legalización de la marihuana, el Mundial Sub 20, la devolución de excedentes del Fonasa, la despenalización del aborto, la inseguridad, los riesgos para la salud de la mayonesa y la sal, y las responsabilidades en el golpe de Estado de 1973. Todos pueden ser importantes para diferentes sectores.
Pero casi nadie le presta atención a un tema de fondo que es no solo permanente, sino que vincula todos los aspectos de la vida de los uruguayos: el procedimiento para la designación de integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), con transparencia, exigencia y amplitud de miras.
Por su abstracción ocupa un segundo o tercer plano en el interés de todos. Se olvida o desconoce que por los fallos de los jueces pasa la libertad, el honor y el patrimonio. Son quienes administran las normas que regulan la vida en sociedad, los límites constitucionales y administrativos, las sanciones penales, las infracciones de los menores, el respeto por los derechos humanos y las fracturas en las relaciones familiares, comerciales o laborales. Garantizan la convivencia y, por eso, deben tener la mayor calificación, aunque les pese a algunos jueces que pretenden anteponer su ambición personal al interés general.
Con la base de una revolucionaria iniciativa del Colegio de Abogados del Uruguay, la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado comenzó a analizar cambios para las designaciones en la Corte y el TCA. La propuesta fue impulsada por senadores del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado.
El artículo 236 de la Constitución establece que la Asamblea General designará a los ministros y que si dentro de los 90 días de la vacante no hay acuerdo, ingresará “automáticamente” el más antiguo de los Tribunales de Apelaciones. Como ha sucedido en general.
Ese círculo vicioso se rompió en 2012 al coincidir cuatro vacantes. Sin considerar antigüedades, los partidos acordaron designar a Juan Tobía y Alfredo Gómez Tedeschi para el TCA, y a Ricardo Pérez Manrique y Julio Chalar para la Corte. Del artículo 235 de la Carta surge que esos cargos no son exclusivos para jueces. Pueden designarse abogados de la matrícula y fiscales que reúnan las características establecidas: 40 años de edad, ciudadanía natural o legal en ejercicio o 25 años de residencia, ser abogado con una experiencia de 10 años, o haber ejercido la judicatura o el Ministerio Público.
Si el proyecto se concreta se prevé un llamado público. Además del currículum, los magistrados aspirantes deberían presentar diez fallos y los abogados trabajos profesionales o académicos. Quienes fueran seleccionados por una comisión especial, serían interrogados públicamente sobre cuestiones legales y constitucionales y sobre todo lo que la comisión considere necesario. Esas entrevistas serían públicas y transmitidas por Internet, radio o TV.
Durante ese proceso, cualquier ciudadano podría opinar sobre los postulantes. La palabra final la tendrá la Asamblea General.
¿Cuáles son las virtudes del proyecto?: 1) No surge de un partido político concreto, lo que evita suspicacias; 2) No hay que modificar la Constitución, lo que además de complejo podría observarse como un intento de reforma “a lo Cristina Kirchner”; 3) No regula la estructura del Poder Judicial sino el procedimiento a seguir; 4) Despeja la imputación de injerencias, aunque algunos la utilicen como argumento en contra; 5) Obliga a postularse: elimina la hipocresía de las antigüedades sin importar otros méritos y desaparece la “escala del burro”; 6) Para postularse los interesados deben estar seguros de su formación e idoneidad para comparecer ante los “examinadores”; 7) Permite que los legisladores conozcan personal y técnicamente a quienes votan, minimizando el lobby personal; 8) Habilita a la sociedad civil a participar; 9) Los legisladores conocerían los antecedentes sumariales y las sanciones de los magistrados; 10) La negociación se transparentaría en todos los terrenos.
El proyecto debería aprobarse con celeridad porque en 2014, año preelectoral, sobre la fecha de las elecciones, ocurrirá la primer, vacante. Otras seis tendrán lugar durante el próximo gobierno: la primera al día siguiente de que asuma el nuevo presidente de la República y en los meses siguientes habrá otras tres. Serán en total cinco vacanes.
El orden de los ceses es el siguiente: Julio Chalar (SCJ), 5 de noviembre de 2014; Dardo Preza (TCA), 2 de marzo de 2015; Jorge Ruibal (SCJ), 6 de junio de 2015; Ricardo Harriague (TCA), 23 de agosto de 2015; Mariela Sasson (TCA), 10 de noviembre de 2015; Jorge Larrieux (SCJ), 26 de noviembre de 2016; Ricardo Pérez Manrique (SCJ), 17 de mayo de 2017; Juan Tobía (TCA), 12 de marzo de 2020; Alfredo Gómez Tedeschi (TCA), 29 de abril de 2021.
Según la Constitución, los ministros deben dejar sus cargos al cumplir 70 años de edad o 10 años en la función. Todos los actuales cesarán por límite de edad, salvo Harriague, por haberse desempeñado durante 10 años. Tobía y Gómez Tedeschi son los únicos que se mantendrán durante la próxima administración.
La cuestión es, como siempre, desentrañar hasta dónde llega la voluntad política y si los corporativistas logran torcerles la mano a los legisladores.
