“Honda preocupación” entre operadores privados por proyecto del gobierno que crea una unidad reguladora de los servicios portuarios

La Ursep “es un engendro para tapar otro engendro”, aseguró otra fuente portuaria, molesta porque se pretenda crear un organismo “innecesario”, con partidas presupuestales y tres cargos más “para repartir y callar al Partido Colorado”, que tuvo la idea original de que exista un órgano regulador de los puertos.

“Este texto es un problemón desde el punto de vista de la seguridad jurídica y de la viabilidad de los negocios. Acá entramos todos en un problema que no es de todos. Se quiere tomar salvaguardas por un acuerdo político, y la solución que encontraron no se ciñe a resolver el problema sino que genera otro frente” de controversia, analizó esa fuente. “Se corre el riesgo de que mañana, arbitrariamente, el Estado se meta en el negocio de los privados y pueda terminar matando a empresas de muchos años” que trabajan en los muelles públicos y tienen contratos que cumplir, añadió.

El proyecto

En el articulado elevado al Parlamento con fecha del miércoles 18 se propone crear la Ursep como un órgano descentralizado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para asesorar al Poder Ejecutivo y a la Administración Nacional de Puertos (ANP) de manera “técnica e imparcial” en materia de servicios portuarios y tarifaria, a fin de “fortalecer la regulación y el control en el sector portuario”.

Entre las competencias de la Ursep se establece que podrá “emitir recomendaciones” sobre las tarifas, para lo que además podrán constituirse comisiones (integradas por representantes del sector privado y público) que las monitoreen y evalúen sus efectos, de modo que “reflejen los costos del servicio y contribuyan a una competitividad eficiente”.

Además, podrá “dictaminar (…) en los procedimientos de otorgamiento de concesiones, permisos, autorizaciones u otros actos jurídicos habilitantes” para la prestación de servicios portuarios.

La unidad asesorará para “asegurar el control de monopolios de hecho cuando la competencia no fuere posible”. Para ello podrá pedir a actores públicos y privados “información y documentación necesaria” para cumplir con su objetivo.

Uno de los artículos más cuestionados por los actores de la comunidad portuaria consultados es el octavo y último. Prevé que, con el asesoramiento de la Ursep, el Poder Ejecutivo “podrá establecer regímenes específicos de funcionamiento de las terminales portuarias otorgadas bajo el régimen de concesión, con la finalidad de incentivar la actividad de dichas terminales”. También podrá “determinar restricciones o limitaciones a la actividad de aquellos operadores que no se encuentren habilitados por un contrato de concesión, a los efectos de que los concesionarios alcancen la escala necesaria para maximizar su eficiencia”.

Interferencia

Entre las críticas que hacen los operadores portuarios al proyecto, señalan que la Ursep regularía la actividad de todos los puertos, no solo el de Montevideo.

Aducen que como no se delimita ni define el universo de “servicios portuarios”, la regulación de las tarifas, de los espacios portuarios, títulos habilitantes y regímenes en general, puede “pesar” sobre las terminales especializadas, los operadores, los depósitos intraportuarios y eventualmente los que están fuera de los recintos. “También en las zonas francas con frente marítimo y puerto” especializado, así como a la terminal que se construye para albergar a las embarcaciones pesqueras”, apuntaron. Entienden que incluso podría intervenir en la actividad de los remolcadores, prácticos y sobre quienes prestan servicios a los cruceros, entre otros agentes. “Transversalmente toca” a todos los operadores públicos y privados de los puertos del país, subrayó una de las fuentes.

Recordaron, por otro lado, que ya existe el Instituto Nacional de Logística con facultad de monitorear y evaluar costos y tarifas portuarias.

Asimismo, los operadores consultados cuestionaron que el proyecto habilite a que la Ursep pueda pedir información sensible a los operadores con el propósito de evaluar costos y tarifas. “Los acuerdos privados y contratos tienen cláusulas de confidencialidad y contienen datos de tarifas, condiciones, eficiencias, productividad, volúmenes y escalas comprometidas”. Eso puede significar una “interferencia” sobre la libertad de empresa y negocios entre privados, dijo uno.

Según otra de las fuentes, la Ursep no regularía las tarifas de los servicios logísticos que intermedian y que a menudo terminan encareciendo la cadena de valor.

En general, los consultados consideraron que  es preciso un “pienso colectivo” para que el sector privado aporte información y su visión sobre los negocios, de modo que el texto se modifique y no interfiera negativamente en la actividad portuaria.