“Ingenuidades” varias

Estos acontecimientos pusieron de manifiesto una vez más el distanciamiento del microclima reinante en una izquierda, cautiva de sus propias construcciones y fantasías ideológicas, de los intereses y las preocupaciones comunes de la gente. 

Es obvio que la historia no absolverá al responsable del fracaso económico de una revolución que prometió libertad para terminar sojuzgando a su pueblo, que reprimió y encarceló toda disidencia, que supo ser peón de la Unión Soviética en tiempos de Guerra Fría. Aplicó políticas colectivistas que arruinaron la economía del país y llevaron a la miseria y el atraso a sus compatriotas.

El paso del tiempo no le dará la razón ni justificará los costos que su experimento hizo pagar a sus compatriotas. Tampoco el intento de exportar su revolución. No dará razón a los nostálgicos que en el continente siguen venerándolo, anclados en el romanticismo revolucionario de los 60, que se niegan a reconocer —que incluso justifican— el carácter totalitario y represivo de su régimen.

La impronta de los previsibles tributos a Castro siguió presente cuando los congresistas se abocaron a definir aspectos y procedimientos de una reforma constitucional con la que se pretende dar el anunciado “giro a la izquierda” que implica avanzar por el camino del socialismo.

La sola mención de las propuestas en danza da una idea del microclima que existe en la dirección frentista y del distanciamiento respecto de lo que son hoy las principales preocupaciones de los uruguayos: la creciente violencia de una delincuencia carente de códigos y límites, el progresivo deterioro de la educación pública, la expansión de la drogadicción en sectores juveniles, un pesado y burocrático sistema de salud, la escasa generación de empleos de calidad.

Los planteos reformistas refieren a modificaciones en la estructura del Poder Judicial (al que el gobierno le retacea recursos), al voto epistolar o consular de los uruguayos que residen en el exterior (dos veces desestimado por la ciudadanía), limitaciones al derecho de propiedad sobre las viviendas desocupadas, eliminar exoneraciones fiscales a templos religiosos y a instituciones privadas de educación, restricciones al derecho a las herencias, incorporar modelos de propiedad social y colectiva, consagrar la autonomía y el cogobierno en todos los niveles de la educación, potenciar las comisiones investigadores parlamentarias (casualmente negadas en estos días). Se propuso también incorporar en la Constitución una cláusula que establezca que Uruguay procurará “una profunda integración sudamericana y latinoamericana” y la no aceptación de tratados que impliquen ceder soberanía en la resolución de controversias en materia de inversiones en una entidad del Banco Mundial.

La declaración final del Congreso expone el simplismo y el alto grado de ideologismo que caracteriza a las corrientes mayoritarias. Como ya lo sostenía la izquierda en los 60, advierte que el capitalismo está “en crisis estructural y crónica” y que se proyecta “un ajuste global” que se cargará sobre los países dependientes. Los “gobiernos progresistas” de la región, añade, demostraron que “era posible construir una alternativa al modelo neoliberal avasallador” que redujo la pobreza y mejoró la distribución de la riqueza. Ese impulso se ha detenido y “la derecha” pretende imponer la idea del “fin del ciclo progresista” para “desarticular la resistencia del bloque social de los cambios”.

Resulta falso, además de cínico, aludir a la detención del impulso de cambios del ciclo “progresista” si se ignoran las penurias del pueblo venezolano, el autoritarismo y la flagrante corrupción del régimen kirchnerista o la vergonzosa financiación de la compra de voluntades políticas para conservar el poder a costa de recursos públicos por parte de los gobiernos petistas. ¿Acaso es un invento de “la derecha“ y de los medios “al servicio de la oligarquía”?

 Apenas el Congreso Rodney Arismendi había concluido sus deliberaciones, en la tribuna Amsterdam del Centenario se desató una violencia demencial. En venganza por no haber recibido entradas de favor de funcionarios de su club, un grupo mafioso destrozó instalaciones del estadio, atacó puestos de alimentación y arrojó todo lo que tenía a mano contra los policías que estaban fuera del estadio.

Sorprende que las autoridades hayan declarado que por intercepciones telefónicas previas sabían lo que se estaba gestando —y por tanto que tenían identificados a algunos de sus cabecillas— y que poco o nada hicieran para impedir las acciones vandálicas.

No menos sorprendentes han sido declaraciones del titular del Ministerio del Interior que calificó de “exitoso” el procedimiento policial, aunque expuso a cientos de hinchas que quedaron en la tribuna en medio de la acción de los violentos. Y las del presidente Vázquez: “Si hay un violento la policía lo sacará del forro”, anunció desde España. ¿De dónde se los sacará, si la Policía se niega a ingresar a las canchas durante los partidos? Pero además, ¿por qué esperar los incidentes del domingo para hacerlo?

Hace un par de semanas, en una Mesa sobre seguridad ciudadana organizada por el PIT-CNT, el ministro Bonomi volvió a reconocer que fue “una ingenuidad galopante” de la izquierda creer que solo con políticas sociales se puede combatir la delincuencia y por ende mejorar la seguridad. Tiene razón. La ingenuidad y las fantasías ideológicas caracterizan una cierta mentalidad de nuestra izquierda.