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La situación que desembocó en la renuncia de José López Mazz al equipo de búsqueda de desaparecidos durante la última dictadura generó acusaciones en el seno de la Universidad de la República.
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El martes 15 se presentó al Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad un informe sobre lo ocurrido de febrero a agosto de 2014, cuando se denunciaron ante la Secretaría de Derechos Humanos hechos que vinculan a un grupo de antropólogos de la Universidad en la causa de Nebio Melo, el hijo desaparecido de Luisa Cuesta.
Nilo Patiño, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, afirmó en esa denuncia que López Mazz, coordinador del equipo de antropólogos de la Secretaría de DDHH, impactó mediante sus declaraciones en “el crédito” de las medidas judiciales solicitadas en el marco de la inspección ocular al Batallón Nº13 y al Servicio de Materiales y Armamento del Ejército, realizada por la desaparición de Melo.
Patiño escribió luego una nota a la Universidad para solicitar las medidas administrativas que “se entiendan del caso”. La nota fue remitida a Álvaro Rico, decano de la Facultad de Humanidades y coordinador del equipo de historiadores de la Secretaría de DDHH, quien reconoció descoordinaciones, pero consideró que no correspondía adoptar ninguna medida.
Sin embargo, a pedido del orden estudiantil el CDC designó un grupo de trabajo para elevar un informe de lo sucedido. El informe, presentado el martes, sostiene que la situación en torno a la inspección derivó en “un enfrentamiento entre Familiares y la Secretaría de DDHH” y que luego de los acontecimientos Familiares le retiró la confianza a López Mazz.
Agrega que Rico entendió conveniente que “estos hechos no trascendieran por el contexto político nacional y universitario del momento, y Familiares, también consciente de ello, no lo hizo trascender durante el proceso de elección de rector (lo que el Dr. Rico reconoce y valora)”. Durante aquel momento Rico competía ante Roberto Markarian en las elecciones a rector de la Universidad.
“Esto es una mentira y atenta contra mi honor. Esa afirmación me hace desconfiar de la objetividad de las transcripciones que el grupo de trabajo presenta”, respondió Rico el martes, molesto ante el informe.
Alejandra Veroslavsky, integrante del grupo de trabajo que investigó la situación, propuso discutir el tema en régimen de Comisión General, lo que fue pospuesto. “Esto es grave porque nos están acusando de mentirosos. Hay que dejar todo en claro”, señaló Veroslavsky.
