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Desde denuncias de una “venganza oligárquica” a celebraciones por el “entierro” del populismo socialista, la sentencia contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva provocó reacciones diversas en el oficialismo y la oposición, que incluyó matices marcados en la interna del Frente Amplio.
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A su vez, en el Poder Ejecutivo existe “mucha preocupación” por la inestabilidad política por la que atraviesa el país norteño y por las dificultades que eso genera en Uruguay.
En el marco de la Operación Lava Jato, Lula fue condenado por el juez Sergio Moro a nueve años y medio de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero. Pese a la condena, aún podrá ser candidato presidencial en 2018 siempre que la sentencia sea impugnada en la apelación, instancia a la que podrá recurrir en libertad.
La decisión de Moro generó inmediata repercusión mundial. “La noticia de la condena a Lula da Silva en Brasil recorre el mundo. La corrupción está enterrando al populismo socialista latinoamericano”, escribió en Twitter el senador colorado José Amorín, que acompañó el mensaje con una imagen de varias figuras de la izquierda latinoamericana cargando un ataúd con la leyenda “socialismo siglo XXI”.
“Si bien no hay una sentencia firme, se demostró que hubo una investigación seria e independiente”, dijo a Búsqueda el senador blanco Luis Lacalle Pou.
“Lula condenado sin pruebas. Venganza oligárquica, ¿qué duda cabe?”, fue la respuesta en redes sociales del diputado socialista Gonzalo Civila. Similar argumento ofreció el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani: “Un expresidente condenado por un juez, por un delito que el fiscal del caso sostiene que no existen pruebas. Y algunos aquí festejan”, tuiteó.
Lula fue condenado por recibir de parte de la constructora OAS la compra y la refacción de un apartamento tríplex ubicado en Guarujá, un balneario de São Paulo, a cambio del otorgamiento de ventajas para contratos con la petrolera estatal Petrobras. “Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión”, determinó Moro, que valuó los beneficios recibidos ilegalmente por Lula en aproximadamente 3,7 millones de reales (algo más de un millón de dólares).
Tanto Lula como el Partido de los Trabajadores sostienen que las cinco causas penales en las que se lo acusa fueron ideadas para evitar que se postule a la presidencia en las elecciones nacionales de 2018, donde las encuestas de opinión ya lo colocan como favorito para recuperar el cargo que ostentó de 2003 a 2010.
La misma explicación han ofrecido en Uruguay algunos grupos del Frente Amplio como el MPP y la 711. El astorismo no tenía previsto hacer una declaración, al menos hasta el miércoles 12.
El presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, dijo a Búsqueda que no quiere “caer en la teoría de que hay una conspiración internacional”, pero sí admitió que existe “una corriente de opinión fuerte” en las sociedades occidentales que “está minando el propio sistema por una desacreditación progresiva” de los mecanismos institucionales.
