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Cada vez que el Frente Amplio (FA) gobernó Uruguay hubo un Congreso Nacional de Educación. El próximo, el cuarto, se llamará Misiones Pedagógicas y se desarrollará durante este año en cuatro ejes temáticos: la educación como derecho; la educación y la participación; trayectorias educativas a lo largo y ancho de la vida; y virtualidad, inteligencia artificial, oportunidades y obstáculos. Entre otros asuntos, se abordará en este último eje el uso del celular en clase, informó el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, a Búsqueda.
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Setenta y nueve países han restringido el uso de celulares en las aulas, según un reporte de Unesco de enero de 2025. De todas maneras, Quirici opta por la cautela, al igual que el resto del gobierno y el oficialismo. “No hay que apurarse a tomar medidas que parecen la solución definitiva cuando estamos en un momento de cambio cultural”, alertó. “Lo que hay que hacer”, a su entender, “más que regular el uso del celular en sí mismo, es regular a qué le prestamos atención entre todos cuando hay una propuesta pedagógica”. Si algunos docentes plantean que no es apropiado que estén los teléfonos en el aula, es “muy atendible” que limiten su uso. El director de Educación planteó que la clave en esos casos es que los profesores puedan construir “un acuerdo pedagógico” con sus estudiantes al respecto.
Quirici busca ser “cuidadoso” en este tema y pone el foco en las herramientas de conectividad que tienen los estudiantes. Hay “una idea”, que catalogó como “muy importante”, de tratar de expandir las ceibalitas a la universalidad de los estudiantes de educación media. Si el Estado garantiza el acceso universal a la tecnología, “el celular se puede dejar durante los tiempos de aula que precisan concentración”.
El congreso recopilará las experiencias que hay en el país, las públicas y las privadas, para debatir qué estrategia conviene adoptar. Mientras que, desde 2011, en educación inicial y primaria los teléfonos celulares de maestros y alumnos deben permanecer apagados durante las clases, en educación media no hay una reglamentación oficial.
Ante el avance de la restricción a nivel internacional, las autoridades educativas uruguayas consideran que la evidencia aún es insuficiente para cambiar las reglas, por lo que cada liceo, UTU, colegio o docente define si habilita o no los dispositivos en el aula. El primer informe sobre el tema del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, una oficina estatal, concluyó que la restricción en el Colegio Santa Elena halló dentro de la comunidad un “amplio consenso” de que la medida es “positiva”. Además, algunas instituciones públicas también han limitado el uso de celulares, como el Liceo Nº 3 de Paysandú y el Centro Educativo Asociado Nº 128 de Canelones. Por otra parte, el diputado colorado Maximiliano Campo presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos en clase, a menos que se utilicen con fines pedagógicos.
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Dos adolescentes miran sus celulares.
AFP
El alcance
El abanico de temas que tratará el congreso es amplio. La inclusión de las mujeres en la formación científica, la movilidad de los estudiantes en el país, las residencias estudiantiles, la formación permanente y profesional, entre otros, mencionó Quirici. “Aspiramos a llegar a un conjunto diverso de conclusiones estratégicas que tengan una legitimidad sustantiva”, señaló.
El alcance de estas conclusiones generó debate durante la campaña electoral y atrae la atención de actores privados. Por ejemplo, el director nacional de la Asociación Uruguaya de Educación Católica (Audec), Ignacio Cassi, dijo a Búsqueda que hay que ver ”el grado vinculante” que tendrá el congreso, es decir, cuánto de lo que se defina allí se convertirá en norma. “Nosotros como asociaciones siempre hemos defendido mucho el poder conquistar ciertos márgenes de autonomía que nos permitan ofrecer la propuesta centrada en los valores del Evangelio, no solo en lo curricular, sino en lo vinculado a la vida de un colegio”, explicó.
Las bases programáticas del FA proponen convocar al Congreso Nacional de Educación y agregan que sus conclusiones serán “orientaciones políticamente vinculantes, sin desmedro de las autonomías constitucionalmente establecidas”. Esta propuesta generó en 2024 la crítica del entonces ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, quien sostuvo que el congreso es “un órgano controlado por los sindicatos de la enseñanza” y, por ello, si sus conclusiones son vinculantes, el poder político quedaría “sometido al poder sindical”, lo que “no es republicano”.
Del congreso, apuntó el director nacional de Educación, emergerá “un estado de situación” y “sugerencias”. “Mucho más allá de vinculante sí o no, lo que creemos es que un buen congreso educativo, donde la sociedad está involucrada, nos va a mejorar a todos como sociedad y nos va a obligar a hacer cambios”, expresó Quirici. “Pero no obligar (a hacerlos) en el sentido de que alguien nos envió un decreto desde un organismo superior, sino porque en la sociedad llegamos a determinados acuerdos estratégicos donde todos siendo parte entendemos que hay que caminar para ahí”.
MEC
Sistema Nacional de Educación.
Ministerio de Educación y Cultura
Participación
En 2006, se realizó el primer Congreso Nacional de Educación en homenaje a Julio Castro. En 2013, el segundo: Maestra Reina Reyes. El tercero fue en 2017 y se llamó Enriqueta Compte y Riqué. La Ley de Urgente Consideración (LUC), aprobada en 2020, legisló al respecto y estipuló que el congreso “podrá ser convocado por la Comisión Coordinadora de la Educación como máximo una vez por período de gobierno”. Sin embargo, recordó Quirici, el gobierno de coalición no lo convocó.
“Sabiendo cumplir, convocamos el congreso en el primer año del gobierno”, dijo. La Ley General de Educación, de 2008 y reformada en este punto por la LUC, estipulaba que sería convocado “como mínimo en el primer año de cada período de gobierno”.
La Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación convocó en diciembre el congreso. En ese marco, está previsto que este mes se active la Comisión Organizadora del Debate Educativo (CODE), que estará integrada por 40 miembros. Forman parte los siete de la mesa ejecutiva del congreso, quienes representan al Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica, el Ministerio de Defensa Nacional (por la educación militar), el de Interior (por la policial) y la educación privada. Además, integrarán la CODE otros 33 representantes de instituciones y organizaciones, de los partidos políticos, el movimiento sindical, las cámaras empresariales, el Consejo Nacional de Educación No Formal, el Congreso de Intendentes, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional y el Instituto Nacional de la Juventud, entre otros. Aún resta que algunas de estas instituciones definan quiénes son sus delegados en la CODE.
Está previsto también que estudiantes, familias y vecinos participen en el congreso. Las comisiones departamentales de educación, integradas por estos y otros actores, tendrán “un rol muy importante”, remarcó Quirici. Cada eje del debate será presentado en diferentes regiones del país de forma escalonada y se discutirá en todos los departamentos. La Udelar realizará la relatoría de los encuentros. El gobierno pretende que el debate “no quede como una cuestión solamente de algunos, de un grupo selecto o corporativo”, sino que contemple la pluralidad de miradas y de diferentes propuestas que conviven en el territorio. Ese ida y vuelta, subrayó el jerarca, es esencial.
Como cuando habla del bicentenario del proceso fundacional del país, Quirici repite como un mantra cuatro conceptos: participación, territorio, diversidad y democracia.
