“Nada va a sustentar” a largo plazo la Caja de Profesionales “sin altibajos, salvo una reforma legal” que debió hacerse antes

“Se habla de que puede ser un costo político implantar la idea de una reforma, pero creo que el costo político que no se debería pagar es dejar que el sistema se caiga”, considera Deleón.

—¿Cuál es la situación de la Cjppu?

—La caja tiene una viabilidad actuarial de 10 años. Esto es un problema estructural y no de gestión. La reforma es la manera de darle sustentabilidad y viabilidad a largo plazo. Desde 2014 los aportes que recibe no cubren sus egresos y se está haciendo uso de los dividendos financieros para enfrentar los balances operativos. Los recortes de 2016 aplacaron algo, porque el déficit pasó de $ 880 millones a $ 557 millones. Pero desde 2012 había señales de que había que hacer un cambio. Las proyecciones que tenemos hoy son muy preocupantes. Y eso nos llevó a visualizar la reforma como solución. Se tendría que haber hecho antes, los profesionales la están esperando.

—Parece haber sectores aún contrarios. ¿Cómo se crean consensos?

—No creo que una o dos personas representen un colectivo. Hay quienes siempre, de alguna forma, son opositores a estas ideas. Pero no han presentado alternativas para salvar la caja.

—¿Se refiere a los representantes de los jubilados?

—No… Acá hay egresos y hay ingresos. Y si no discutimos los ingresos de forma responsable ¿qué va a hacer el próximo directorio? Pues va a discutir los egresos y recortar beneficios otra vez. Las cuentas tienen que dar. No creo que los jubilados estén unánimemente en contra. Y existen algunas imprecisiones: se habla de mejorar las rentabilidades, pero la caja tiene activos que están dando 10% o más de ganancia en dólares. Uno no puede sostener un sistema de seguridad social a partir de rentabilidades.

—En las últimas elecciones en la caja se hizo hincapié en la gestión, en sueldos de funcionarios y en la necesidad de fiscalizar para sortear los recortes. ¿Eso no es suficiente para cubrir el déficit?

—Todo ayuda. Se propuso mejorar la situación de los préstamos y estamos pidiendo información para una línea inmobiliaria. No se renovaron contratos con proveedores y se hicieron llamados abiertos, se mejoraron condiciones y erogaciones. Y hay un grupo de trabajo siguiendo las fiscalizaciones. Pero las mejoras que tiene eso en los balances son mínimas. Con mejoras en la gestión no es suficiente. Nada va a sustentar la caja a largo plazo sin altibajos, salvo una reforma legal.

—El directorio anterior dejó un borrador de reforma. ¿Por qué no convenció ese proyecto?

—Se entendió que hubo un rechazo de los profesionales a esa gestión, que deslegitimaba las opciones que se habían tomado tanto sobre recortes como de una reforma, tardía. Y se creyó que se debía rediscutir y no encorsetarnos en algo ya diseñado. Que la edad de jubilación va a haber que aumentarla, va a haber que aumentarla. Es uno de los parámetros más importantes. Pero lo más importante es entender que a la caja le va a ser muy difícil transitar los próximos años sin una reforma del marco legal. Si fuera jubilado, estaría encantado de que se hiciera una reforma que me asegure mi jubilación. Parece menor, pero en el período anterior no se pudo concretar en tiempo y forma porque la mitad de la gente decía que no había que hacerla.

—¿Hoy existen esos consensos?

—Teníamos la meta de llegar a marzo (de este año) para presentar en octubre un proyecto al Parlamento. Pero el conflicto que sufrimos hasta abril con los funcionarios consumió gran parte del trabajo. Nos dimos cuenta de que no llegábamos y que había que reformular los objetivos, pensando ahora que esta sea la primera ley que se apruebe en marzo de 2020. Eso nos da muchísimo más tiempo. No era lo deseable, pero ya que lo tenemos, hay que aprovecharlo.

—¿Aprovecharlo para definir el proyecto o para lograr consensos?

—El proyecto no está ni siquiera realizado. Hay algunos tópicos que se está estudiando cambiar porque se consensuó estudiar. Esto no quiere decir que se definió su dirección ni magnitud. Vamos a analizar la edad de jubilación, la tasa de reemplazo, el cálculo del salario básico jubilatorio, y las prestaciones de incapacidad y maternidad. No creo que exista un grado de oposición importante en este tema.

—En su momento se dijo que los recortes aprobados en 2016 eran una medida paliativa para bajar el déficit. ¿Fueron acertados?

—Fue un error porque se vulneraron derechos adquiridos y hubo un deterioro de la imagen de la caja. Hay gente que te pregunta: “Y cuando yo me vaya a jubilar ¿voy a tener esos derechos?”. Para mantenerlos había que transformar el marco legal, pero no se hizo y llegamos a lo que llegamos.

—Si eran derechos complementarios cuya renovación dependía de una votación, ¿dónde está la vulneración?

—Los derechos legales siempre se cumplieron. La caja honró sus compromisos y la legislación. Eran derechos extra, pero muchos contendieron contra la resolución asumiendo que eran derechos adquiridos. El grupo que yo represento no estuvo de acuerdo con el recorte, porque no es una forma de hacer cerrar balances. Lo que habría que haber hecho, que estamos tratando con tanta dificultad, es crear un nuevo escenario sustentable y viable para las jubilaciones de los profesionales.

—¿Está convencido de que mostrando los números sobre el estado de situación se logra ese consenso?

—Es un problema de honestidad. Estamos acá para administrar los fondos de los profesionales y vemos un escenario difícil. Tal vez muchos de los que se oponen no ven el mismo grado de dificultad. Acá se van a construir consensos, pero no va a haber unanimidades. Tiene que nacer en los profesionales la idea de que es necesario un cambio. Y debemos colectivizar esta información para que se sepa exactamente dónde estamos parados.

?? Los lineamientos