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“Ya no podemos seguir aumentando la carga a la población”, dijo esta semana el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, en radio Sarandí, reafirmando una definición que había hecho en Búsqueda en diciembre: “Hemos llegado a un límite que no conviene trascender, ni para el país ni para la gente que está sustentando con su esfuerzo el aumento de la presión fiscal”.
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Como presión fiscal se entiende la carga total de impuestos que soporta una sociedad —las familias y empresas— expresada como el cociente entre la recaudación y el Producto Bruto Interno (PBI). Es un cálculo que, con los datos disponibles hasta ahora, solo se puede hacer parcialmente.
La Impositiva se encarga de recaudar los tributos nacionales, que son los de mayor peso en la presión fiscal global (que abarca además los impuestos al comercio exterior, los departamentales y los aportes a la seguridad social, si bien es discutido si estos últimos corresponde computarlos como tales).
Con el dato del PBI informado la semana pasada por el Banco Central, Búsqueda estimó la presión de los impuestos cobrados por la DGI; aún faltan datos de otras categorías de tributos, como los departamentales, para poder realizar un análisis más amplio.
En parte por algunos incrementos impositivos que entraron en vigor en 2017 —en especial del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF)—, lo pagado por los uruguayos en tributos a la DGI se incrementó respecto al año anterior y, por primer vez en lo que va del siglo, representó más de 18% del Producto Bruto Interno (PBI).
El total neto recaudado por esa oficina fue US$ 11.042 millones; eso representa 18,6% del PBI del año pasado. En 2016 esa relación había sido de 17,6%, en torno a los niveles en que estuvo desde 2008; antes la presión de la DGI era menor.
En la campaña electoral de 2014 el entonces vicepresidente y actual ministro de Economía, Danilo Astori, había asegurado que no habría incrementos de tributos. Pero, en un contexto de un déficit fiscal relativamente abultado, fueron aprobados aumentos impositivos que entraron en vigor en enero de 2017 junto a otras medidas de ajuste. “Dije eso cuando no se había producido todavía el deterioro tremendo que sufrieron Brasil y Argentina a comienzos del 2015. Y eso tuvo una influencia muy grande en el hecho de que no pudiéramos cumplir con el anuncio de que no íbamos a aumentar tributos. La verdad es que entonces el panorama se alteró profundamente”, explicó Astori (ver Búsqueda Nº 1.951).
En enero de 2017 el incremento se aplicó para varias franjas del IRPF y fue de entre tres y cuatro puntos porcentuales, a la vez que se subieron de igual modo las alícuotas del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). La mayor presión de la DGI observada en ese año se explica en dichos cambios: el IRPF pasó de recaudar menos de 3% del Producto en 2015 y 2016 a superar el 4% el año pasado. Por su parte, el IASS fue 0,5% en 2016 y 0,6% en 2017.
El resto de los impuestos sobre la renta (a la Renta de las Actividades Económicas-IRAE, a la Enajenación de Bienes Agropecuarios, a las rentas de no residentes) también elevaron su “presión” sobre los contribuyentes: su recaudación pasó de significar 6,6% en 2016 a 8,2% del PBI en 2017.
La recaudación de los impuestos al consumo y a la propiedad mantuvo su nivel en relación con el Producto en torno a 11% y 1,2%, respectivamente, como en años anteriores. De todas formas, los primeros —como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Específico Interno (Imesi)— representaron en 2017 el 56% de los ingresos totales de la DGI.
En su informe Perspectivas económicas de América Latina 2018 divulgado esta semana, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirmó que los sistemas tributarios actuales en la región tienen una “baja capacidad redistributiva”. También que una “mejora” del impuesto sobre la renta de las personas físicas puede contribuir a aumentar los ingresos con un impacto redistributivo positivo. De ese análisis se desprende que la carga por ese concepto aplicada en Uruguay supera la media de América Latina (2,15% del PBI), pero están por debajo del promedio de la OCDE (8,4%).
Otras cargas.
Todavía no está disponible la Rendición de Cuentas de cada gobierno departamental, lo que impide ampliar el análisis para aproximar a una presión fiscal global en el país. En los últimos años sus tributos aportaron cerca de 1,5% del PBI.
Por otro lado están los aportes que realizan los trabajadores a la seguridad social, ya sea al Banco de Previsión Social o a las distintas cajas especiales (de policías, militares, escribanos, otros profesionales universitarios y empleados bancarios). Su recaudación equivale a otros 9,5% del PBI.
Si se asimila a los aportes previsionales al concepto de impuestos, la presión fiscal total en el país habría rondado el 30% en 2017.
A diferencia de lo que piensa Astori, el PIT-CNT considera que hay espacio para aumentar la carga impositiva. Esta semana insistió con la idea de elevar el IRAE y gravar las herencias.