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En el centro de la controversia por el caso de la frustrada venta de los aviones que pertenecieron a Pluna está el aval que el Banco República otorgó a la empresa española Cosmo para poder presentarse a la subasta. Pero ¿qué es un aval bancario y qué se necesita para obtenerlo?
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Los avales son un instrumento de uso relativamente frecuente en el sistema financiero uruguayo y operan como una garantía en la que un banco se compromete a pagar una deuda de su cliente —ya sean personas físicas o empresas— si no lo hace él mismo.
Este contrato involucra a tres partes: el emisor, que es el banco que toma el compromiso; el ordenante, que es el cliente que solicita que se emita el aval, y el beneficiario, quien tendrá derecho a reclamar que se le pague el importe del aval. En ese contrato también se establece la suma de dinero y el plazo en el que podrá ser reclamada.
En forma simultánea con la entrega de dicho aval, el cliente afianzado suscribe un vale a favor del banco por el capital adeudado y los intereses que se devenguen hasta la fecha de vencimiento del mismo, convalidando además determinado interés moratorio.
Al momento de emitir el aval el banco cobra por ello una comisión al ordenante, cuyo monto dependerá de la cantidad de dinero asegurada, el plazo y el riesgo crediticio del cliente.
Si el cliente no paga su deuda, el beneficiario ejecuta el aval y el ordenante pasa a convertirse en deudor del banco por la suma respaldada más intereses, como si hubiera solicitado un préstamo.
Este instrumento funciona como un crédito, con la particularidad de que el banco no pone los fondos a menos que se ejecute. Es lo que en la jerga bancaria se denomina un crédito contingente. Por esa razón el emisor debe tomar las mismas precauciones que cuando otorga un préstamo cualquiera.
El banco necesita información del cliente para evaluar su capacidad de repago. Eso, sumado al plazo establecido, podría determinar que se le exija alguna garantía para cubrirse, que puede ser real o una garantía de otra institución financiera.
La normativa vigente exige que el banco le pida la información necesaria al cliente para poder calificar el crédito. Esto incluye información financiera, estados contables y proyecciones, si la operación es de largo plazo. Luego, solicitar o no garantías queda a criterio del banco.
Basándose en esa calificación, el aval se debe previsionar, como ocurre con los créditos. Esto es una operación contable que implica computar como pérdida parte del dinero que el banco se compromete a pagar para mitigar el impacto en caso de impago. Existen cinco categorías de riesgo crediticio, que implican distintos niveles de previsionamiento.
En el caso de contar con una garantía de otra institución financiera también es necesario tener información de esta para poder evaluarla. Si obtiene un buen rating puede ser computada para reducir los niveles de previsionamiento exigidos.
Fuentes bancarias explicaron a Búsqueda que si un banco no tuviera suficiente información sobre un cliente pero quisiera emitirle un aval de todos modos porque considera que la garantía que presentó es “a prueba de balas”, puede hacerlo, pero se le otorgaría una categoría cuatro —en un rango de 1, que es la más alta, a 5, que significa que es incobrable— y requeriría una previsión del 50%. “Es legítimo, pero no es negocio”, remarcaron.
Estos instrumentos son muy comunes en Uruguay, y se pueden utilizar, por ejemplo, como garantías inmobiliarias, al presentarse a licitaciones públicas o para habilitar el ingreso de bienes en la Aduana, señalaron las fuentes.
