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“Relato” que justifica homicidios por el narcotráfico impide buscar soluciones de fondo y causa “falsa sensación de seguridad”
“También los sectores más acomodados van a sentir los impactos negativos de organizaciones criminales fortalecidas”, advierte investigación del PNUD, que llama al sistema político a evitar la lucha “partidaria” sobre cifras de delitos
Insistir en el relato de que ciertos crímenes son inevitables debido al fortalecimiento del narcotráfico impide que las autoridades se enfoquen en buscar soluciones “estructurales” . Además, “culpabiliza a la víctima”, “legitima el modus operandi” de esa actividad delictiva y genera una “falsa sensación de seguridad” en la población que no está vinculada al crimen.
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“Si en el imaginario social el narcotráfico es un problema del que participan solo aquellos que así lo desean, quienes no se involucran no tienen por qué temer. Sin embargo, las actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico se van expandiendo y afectando a la sociedad en su conjunto”, advierten los autores de un estudio encargado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la serie Ideas para Agendas Emergentes, titulado Crimen y narcotráfico: un análisis exploratorio del caso Uruguay.
Los autores de la investigación, Juan Bogliaccini, Carlos Díaz, Rosario Queirolo y Emiliano Tealde, del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, también advierten sobre el riesgo de “perder la perspectiva del componente estructural del problema de la delincuencia” debido a fenómenos específicos que alteran el comportamiento del crimen, como la pandemia de Covid-19. El problema sanitario provocó una caída del crimen global y existe el “riesgo” de que los gobiernos “asuman estos resultados como permanentes”. En ese sentido, la investigación que se presentará hoy jueves 16 señala que la evidencia sugiere que en general los delitos “retornan a los niveles prepandemia”.
Por esto, los investigadores subrayan la importancia de que el sistema político evite vincular las subas y bajas de delitos en el corto plazo a la “lucha político-partidaria”. Especialmente debido a que en Uruguay la seguridad tiene un “efecto electoral”, lo que dificulta la búsqueda de soluciones que tengan efecto en el largo plazo.
El informe también hace hincapié en la necesidad de profundizar el diálogo entre política y academia para mejorar las estrategias de combate al delito y reclama “la apertura de datos para la investigación con carácter evaluativo” de las políticas. “Es constante la tentación a cerrar los datos precisamente porque estos hacen vulnerable al gobernante, máxime en ámbitos de política, de costos concentrados y de corto plazo, con posibles resultados de política de largo plazo. Sin embargo, retroceder en el camino de usar la evidencia para la toma de decisiones genera un mayor perjuicio en el mediano plazo”, afirman los investigadores.
Poco alentador
El panorama en Uruguay y América Latina con relación al crimen organizado y las políticas públicas para afrontarlo “no es alentador”, advierte la investigación. “El país enfrenta un problema estructural asociado al fortalecimiento del mercado de drogas, tanto en tránsito como en consumo interno”, señala.
En los primeros meses de 2022 los asesinatos crecieron 33% con respecto al año anterior. Esto provocó críticas de la oposición y motivó la comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al Parlamento. Las actuales autoridades han usado un discurso muy similar al de las administraciones frenteamplistas para referirse al agravamiento de los homicidios: las víctimas están vinculadas a la venta de drogas y se explican por el enfrentamiento entre las bandas criminales (Búsqueda N° 2.173).
Sobre este tema, los investigadores señalan que “es importante no construir un relato en el que el crimen asociado al narcotráfico es una problemática segmentada y alejada de la sociedad”. Ese relato conduce a cierto sector de la población a sentirse equivocadamente seguro. Los primeros afectados son los sectores más pobres, ya que la consecuencia más inmediata es la disputa territorial entre los narcos, que se dan en los lugares más peligrosos y de menor presencia estatal. Pero eventualmente “también los sectores más acomodados van a sentir los impactos negativos de organizaciones criminales fortalecidas”. A medida que crecen, las organizaciones narco suelen crear redes tanto con miembros del Poder Judicial como de la Policía, lo que los empuja a sumar otras actividades ilícitas a la organización a un costo relativamente bajo.
“Finalmente, el relato de que el problema del narcotráfico es ajeno a la sociedad deja de lado y a la deriva a los recursos humanos que el narco explota”, señalan. El informe detalla cómo el narcotráfico capta recursos humanos entre la población más vulnerable. “Sociedades desiguales y con alta incidencia de pobreza e informalidad van a ser lugares donde el reclutamiento será más exitoso”, explica.
Penas desproporcionadas
Entre las recomendaciones que plantean para combatir el crimen, los autores mencionan analizar el impacto de legalizar otras drogas además del cannabis, una “discusión ausente” en la agenda pública. Si bien indican que los estudios sobre la legalización de la marihuana han arrojado resultados mixtos, se trata de una droga de valor reducido y con bajo nivel de adicción, que no es central en el negocio de los narcotraficantes. En ese sentido, sostienen que “la legalización podría tener un impacto mayor en la disminución del narcotráfico si incluyera más drogas y aquellas que tienen más valor de mercado”.
Por otra parte, el estudio hace referencia a la Ley de Urgente Consideración (LUC), que aumentó las penas para los delitos de microtráfico de forma “desproporcionada”. Esto produjo “un incremento de la población carcelaria y, en particular, de las mujeres”. Ellas usualmente desempeñan tareas de bajo rango y remuneración en la cadena del narcotráfico, pero con “alta probabilidad de ser descubiertas”. La feminización de la población carcelaria tiene, además, un “claro impacto negativo en la niñez”.
Por esto, para los autores “es crucial la revisión del artículo 74 de la LUC y la búsqueda de medidas alternativas a la prisión para las penas de microtráfico”.
