“Tarifazo” inevitable

De inmediato se instaló la discusión de si estábamos ante un “tarifazo” con fines recaudatorios, o si simplemente los ajustes se hicieron para cubrir los costos de producción de los servicios públicos. Obviamente, el ministro de Economía Danilo Astori señaló que “de ninguna manera” puede estar “de acuerdo con el uso de la palabra tarifazo porque alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal, y no es así”.

De hecho, el consumidor uruguayo fue de los pocos en el mundo que no pudieron beneficiarse de la fuerte caída del precio del petróleo desde fines de 2015 y hasta hace algunas semanas, porque el gobierno decidió “hacer caja” para tapar el gigantesco “agujero negro” que dejó la horrorosa gestión anterior de Ancap. Ahora que el precio del petróleo ha subido y se ubica por encima de los U$S 50 por barril, no hay más remedio que subir los precios de los combustibles a los efectos de sostener la “mejora” conseguida en la gestión. El ministro Astori podrá considerar que esto no es “tarifazo”, pero en el caso de Ancap como mínimo el “tarifazo” se dio durante todo este año 2016, cuando se mantuvieron sin cambios los precios de los combustibles con costos del petróleo sustancialmente más bajos que los que estaban contemplados en la paramétrica del ente petrolero.

Algo parecido ocurrió y va a seguir ocurriendo con UTE, donde los consumidores de electricidad no han podido beneficiarse de la baja en los costos de generación que produjo un régimen de lluvias más favorable y la incorporación de la energía eólica. Ya tuvimos tarifas más altas de electricidad en este año 2016, y vamos a volver a tener tarifas más altas en el 2017, dado que el Ministerio de Economía le exigió a UTE una mejora de su resultado operativo de U$S 40 millones para el año que viene, que se va a lograr —faltaba más en un monopolio— agregando dos puntos porcentuales al aumento requerido solamente para cubrir los costos.

La mejora de la situación de caja de las empresas públicas que se ha dado en los últimos trimestres se ha basado en un recorte significativo de las inversiones y en ajustes de las tarifas de los servicios por encima de los costos de producción, y tiene muy poco que ver con mejoras en la gestión, más allá de los cambios en ese sentido que se realizan en Ancap. Y esta mejora en la caja de las empresas públicas ha sido lo que ha permitido mantener estabilizado el déficit global del sector público en el orden del 3,5% del PBI, a pesar del deterioro de las finanzas del gobierno central y del BPS.

Cuando gobernaban los partidos tradicionales, a los ajustes de tarifas públicas por encima de los costos de producción para mejorar las cuentas fiscales se los denominaba “tarifazos”, calificación que ahora no parecen querer aceptar quienes la utilizaban en aquel momento (de la misma forma que no quieren decir que han hecho un ajuste fiscal desde comienzos de 2015). Pero esto no es lo relevante.

Lo relevante es que mientras que no se baje el gasto público, habrá que continuar pagándolo, sea con aumentos de impuestos (como fue el caso este año con los ajustes a la forma de liquidar el IRAE para las empresas, y lo será el año que viene con la suba del IRPF), o con mayores precios de los servicios públicos, particularmente en los casos en los que son monopólicos. Hasta que esta realidad no cambie, los “tarifazos” seguirán siendo inevitables.