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—Autoridades, operadores y exportadores coinciden con que el puerto es caro. La reforma de los noventa buscaba que fuera más eficiente y competitivo. ¿Se desvirtuó ese fin, porque a los operadores y la ANP les interesa más ganar dinero que atraer carga?
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—El desafío es pensar el desarrollo y el crecimiento portuario, y que sea cada vez más competitivo; ese es el norte. Es un camino donde coexisten muchos intereses legítimos de distintas empresas que buscan primero la utilidad comercial, la libre competencia. Lo primero es hacer cumplir la normativa en su totalidad. Y lo segundo —y lo más importante— es que, en el mundo, los ejemplos de puertos que funcionan bien no lo han logrado solo con la autoridad portuaria o con algún operador, sino generando un espíritu de una comunidad portuaria fuerte, comprometida. Mi prioridad es generar el sentimiento y que entendamos que en esa mejora de la competitividad tiene que ver la tarifa. Por eso tenemos pensado generar una readecuación tarifaria a la baja, aunque con la situación actual veremos cuándo la podemos instrumentar. Pero como queremos liderar esa decisión, como ANP pretendemos adecuar las tarifas.
—¿Con eso propiciaría que los privados también bajen sus precios o cree que hay que fijar máximos como se evaluó en el período anterior?
—No, no. Creo que haciendo entender a la comunidad portuaria que para que le vaya bien a los distintos operadores le tiene que ir bien al puerto, y para a eso tiene que ser competitivo. Todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de adecuación tarifaria. Insto a que todos revean sus tarifas a la baja, poniendo primero el ejemplo de la ANP.
—¿En qué porcentaje?
—Tengo un estudio pedido, pero por el contexto es muy difícil hablar del tema tarifario hoy.
—El ministro de Transporte indicó que se harían auditorías en el puerto. ¿En qué áreas?
—Estoy 100% alineado a lo que él determine, y está claro que, más que auditorías, hay que hacer un férreo control de gastos en los puertos.
—El principal accionista de TCP, Katoen Natie, comunicó que iniciaría una demanda contra el Estado por US$ 1.500 millones. ¿Cómo actuará ante eso? El anterior ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo que esa empresa es un “mal socio” para el Estado en la terminal.
—No estoy de acuerdo con eso. Han sido muy positivos e importantes, sin perjuicio de lo cual, por encima de todo, tiene que estar el desarrollo portuario general. Hay un juicio en la órbita de Presidencia; nosotros no vimos nunca ese litigio. Está la preocupación, por supuesto, y deberíamos propender al mejor y mayor relacionamiento de nuestros socios de TCP. La voluntad es de promover instancias de diálogo y solución de controversias de manera amistosa. Soy optimista.
