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Mucho se ha hablado en estos últimos días respecto a la decisión del actual gobierno de no ajustar las tarifas de las empresas públicas a partir del próximo 1º de enero, tal cual se solía hacer todos los años.
El episodio revela mucho respecto a la particular coyuntura en la que estamos y las actitudes de los diversos actores que deben procesar la transición entre el actual y el futuro gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.
Ciertamente, el presidente Tabaré Vázquez y su fuerza política, especialmente habiendo perdido la elección, parecen no tener el más mínimo interés de dejar la casa medianamente en orden desde el punto de vista fiscal. De hecho, nunca lo tuvieron en el actual período ni incluso antes, dado que durante 15 años se dedicaron a aumentar sin pausa el gasto público, siempre por encima de los ingresos cuando estos crecían, y también cuando dejaron de hacerlo, como en los últimos dos años. La consecuencia es un déficit fiscal anual que, sin ingresos extraordinarios, se ubica en 4,7% del Producto, y que al momento del cambio de gobierno puede superar cómodamente esa cifra, especialmente sin el ajuste de tarifas anunciado.
Del otro lado, también es cierto que el presidente electo se cansó durante toda la campaña de hablar en el sentido de que había que “aflojar la cincha”, que el sector privado ya había hecho el esfuerzo y que ahora lo tenía que hacer el sector público, que se iban a bajar las tarifas para mejorar la competitividad, que se iban a ahorrar US$ 900 millones por año (con medidas que estaban todas estudiadas y analizadas), y temas por el estilo. En este sentido, el “enojo” de Lacalle Pou solo debería alcanzar al hecho de que no será él quien anuncie el “congelamiento” de tarifas, porque, de acuerdo a lo dicho en la campaña electoral, eso debería haberse hecho igual, o incluso bajarlas.
Se dirá que la situación fiscal es mucho más endeble de lo que se preveía, pero en realidad era evidente que ese iba a ser el caso. También es cierto que el nivel de gasto para el año 2020 aparece fijado y recién podrá ser modificado en el próximo Presupuesto quinquenal para el período 2021-2025, que habrá que discutir y aprobar el año próximo. No menos cierto es que la medida de no aumentar las tarifas debería idealmente ir acompañada con un aumento salarial para los empleados públicos bastante por debajo de la inflación pasada a partir del 1º de enero, pero es claro que eso no va a ocurrir.
En todo caso, más allá de las “pequeñeces” o “picardías” políticas —según como se las quiere mirar y definir—, el episodio de las tarifas públicas obligará a la “coalición multicolor” a dar las primeras señales claras respecto al camino que se va a seguir en materia de “aflojar la cincha” sobre el sector privado, algo que no admite la menor demora.
Además, es claro que el objetivo de ahorrar US$ 900 millones como se planteó durante la campaña electoral se quedaba muy corto, en virtud del nivel de déficit que se iba a heredar y el costo que supondría ese “afloje de cincha” sobre el sector privado para mejorar su competitividad y rentabilidad. Habrá que ser mucho más austero en el corto plazo, y apuntar a una reducción estructural mayor del gasto público en el próximo Presupuesto, así como a un mayor ahorro a mediano plazo en el gasto en seguridad social cuando se discuta la impostergable reforma del actual sistema.
Dentro de lo complicada que es la situación, al menos el gobierno electo no tendrá ninguna urgencia financiera de corto plazo, tanto por el perfil de vencimientos de deuda pública actual como por la caja en moneda extranjera que se recibirá. Además, las condiciones financieras internacionales continuarán siendo muy favorables al menos por el año 2020. Se debería poder trabajar con total tranquilidad en un proceso racional de ajuste del gasto público global a corto, mediano y largo plazo que sustente tanto una reducción permanente de la presión tributaria explícita y vía tarifas públicas, como del déficit fiscal.
Así las cosas, y sin urgencias financieras de corto plazo, el presidente electo y toda la “coalición multicolor” deberían tomar el reciente episodio de las tarifas públicas “por la positiva”, y concentrarse en lo que de todas formas se iba a tener que hacer y se había prometido. En lugar de insinuar que seguramente se van a aumentar las tarifas a partir del 1º de marzo, el anuncio debería ser que se va a bajar mucho más el gasto y de forma más acelerada, y que se va a abandonar en el próximo gobierno la práctica de usar las tarifas como mecanismo de financiación del Estado. Es uno de los tantos mensajes que el “Uruguay productivo” está esperando, junto a la normalización del valor del dólar, la apertura de nuevos mercados y una mayor neutralidad en las relaciones laborales.
