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    ANEP y Defensa se desmarcan del convenio impulsado por el MSP para aplicar un plan de apoyo familiar por su “enfoque religioso”

    El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, se negó a firmar un convenio de cooperación impulsado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y suscrito por una decena de instituciones, para implementar un programa de ayuda a familias vulnerables, después de constatar que la iniciativa había tenido un “enfoque religioso” en países de América Latina donde se aplicó.

    Silva aseguró a Búsqueda que el tema fue discutido en sesión del Codicen, pero “ANEP nunca firmó el convenio de cooperación”, del cual “se bajó” días atrás el Ministerio de Defensa, también por la vinculación religiosa de la iniciativa, según informó la diaria.

    Se trata del programa Familias Fuertes, promovido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y orientado a mejorar los vínculos intrafamiliares para prevenir “situaciones de violencia, consumo de drogas y prevalencia de actividad sexual sin protección en adolescentes de entre 10 y 14 años de edad”.

    La iniciativa cuenta “con el liderazgo del MSP” y el aval de la OPS, pero, a la hora de firmar el convenio, los titulares del Codicen y de Defensa dijeron que la información de la que disponían era “incompleta”.

    “Pese a ser una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, detectamos que en algunos países la experiencia había tenido un enfoque religioso, y yo dije, personalmente, que no iba a participar en nada hasta aclarar el tema”, afirmó Silva.

    Por su parte, García dijo a la diaria: “Cuando profundicé y analicé [el programa] vi que tenía alguna vinculación religiosa, entonces no estuve de acuerdo. Vi que en algunos países tenía ese origen, y eso me pareció que no correspondía” aplicar en Uruguay.

    Además del MSP, y exceptuando a Defensa y ANEP, que finalmente no participarán, el convenio involucra a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, la Junta Nacional de Drogas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OSE, UTE y Antel.

    Valores familiares

    En la resolución oficial fechada el 19 de octubre, a la que accedió Búsqueda, las autoridades de gobierno explican que la iniciativa se enmarca en la Estrategia Regional para Mejorar la Salud de Adolescentes y Jóvenes de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer, el Niño y el Adolescente (2016-2030) dada “la importancia estratégica de la población joven en el éxito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.

    “Los estudios de seguimiento han demostrado que el programa tiene un impacto significativo y es costo-efectivo en la prevención de: consumo de drogas, violencia, y prevalencia de actividad sexual sin protección en adolescentes a corto y largo plazo”, indican sus promotores. Además, destacan “cambios favorables en los estilos de crianza de los padres y cambios positivos en las conductas de los adolescentes en el ámbito familiar y educativo”.

    El convenio expresa que “el país seleccionó este programa como modelo para ser aplicado en Uruguay, dado que fortalecer el involucramiento de los padres en la crianza de sus hijos se ha identificado como factor protector para prevenir conductas de riesgo en adolescentes”.

    Familias Fuertes dice basarse en “la orientación y fortalecimiento de la comunicación efectiva entre padres e hijos, de los vínculos y de los valores familiares como factores protectores”.

    Aunque el convenio no lo explicita, el programa mantiene vínculos con organizaciones religiosas de América Latina, particularmente en instituciones católicas de Chile y de varios países de Centroamérica.

    Está previsto que la instalación del programa en Uruguay se ejecute entre octubre y diciembre de 2020, primero en Canelones, a “modo de adaptación nacional” y para “la capacitación teórico-práctica de los facilitadores” o encargados de los talleres con las familias.

    Entre marzo y abril próximos tendrá lugar el lanzamiento púbico del programa internacional en siete departamentos del país, sujeto a la disponibilidad de recursos humanos y “por el cruzamiento de datos como suicidio, violencias y consumos de sustancias en adolescentes”.

    La implementación nacional del programa está proyectada para 2024, y abarcará alrededor de 600 familias.

    Según el convenio, “las familias que tengan hijos menores contarán con servicio de cuidados para niños” durante el transcurso de los talleres y al finalizar la actividad se realizará “la ceremonia de graduación”, en la que se entregará “el diploma de ‘Familias Fuertes’, y el premio de una ‘canasta de servicios’, que incluye un mes sin costo de UTE, OSE y Antel por familia”.

    De tener una evaluación positiva, se realizará “el diseño y planificación presupuestal para su incorporación en la órbita del Estado”, puntualiza el convenio.