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La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) estudia estatizar en forma progresiva el servicio de gestión y recolección de residuos hospitalarios, un negocio hasta ahora manejado por empresas privadas que, a juicio del gobierno, es “bastante oligopólico”.
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Esta idea es concebida por las jerarquías de ASSE en momentos en que el organismo enfrenta una “compleja” negociación para adjudicar ese servicio mediante un proceso licitatorio, luego de que una empresa intentara desafiar a las restantes compañías al presentar un recurso de revocación de las licitaciones, que en las últimas horas fue rechazado por la administración.
Según informó a Búsqueda la gerenta general de ASSE, Alicia Ferreira, el organismo está “evaluando instalar” su propia planta para, progresivamente, comenzar a hacerse cargo del servicio. “Es lo mismo que hicimos con el oxígeno (envasado), que también es otra área muy costosa; empezamos por poner plantas y mejoramos mucho el precio”, dijo Ferreira.
“Lo mismo (pasaría con) el tratamiento de los residuos hospitalarios, que significa un costo muy elevado para ASSE”, afirmó. Las autoridades solicitaron una habilitación ambiental a la Dirección Nacional de Medio Ambiente, que aún se encuentra en proceso de aprobación. Ferreira dijo que ASSE destina alrededor de U$S 250.000 por mes para pagar a las empresas adjudicatarias que se encargan de tratar los residuos de unos 250 establecimientos públicos.
Una comisión está analizando cómo comenzar a brindar el servicio y evalúa instalar una suerte de “plan piloto” a partir de una experiencia de tratamiento de residuos en Lavalleja, dijeron fuentes de ASSE.
Ferreira dijo que el Hospital Militar instaló una planta de tratamiento de residuos hospitalarios y que ASSE espera firmar un convenio con esa institución.
“Bastante oligopólico”.
La definición de ASSE se produce en medio de una “compleja” y “delicada” negociación con las empresas que se presentaron a dos llamados a licitación para gestionar los residuos del área metropolitana y del interior en los centros públicos de salud. El procedimiento generó dudas a una de las empresas que se presentó por primera vez, Distiklos SA, cuyos directivos presentaron un recurso de revocación ante ASSE y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Patrocinados por el ex ministro Carlos Delpiazzo, los directivos de Distiklos SA dicen que su descalificación fue “ilegítima”. Argumentan que el requisito que no cumplieron —contar con plantas de tratamiento y transporte habilitados por el Ministerio de Medio Ambiente— tampoco es cumplido “cabalmente” por las demás empresas.
Pese a eso, ASSE decidió desestimar el recurso y continuar negociando con el resto de las empresas, informó Ferreira, quien agregó que se consultó a esas firmas y se concluyó que “sí están habilitadas”.
“Miramos detenidamente el reclamo, porque el tema de los residuos hospitalarios es bastante oligopólico; entonces, cuantas más empresas sean, más competencia hay y bajan los precios. Pero (Distiklos) no cumplía con la normativa”, explicó.
Ferreira dijo que ASSE no tiene “evidencia” de que las empresas puedan incurrir en prácticas oligopólicas a la hora, por ejemplo, de presentar precios, como “sospecha” Distiklos.
También aseguró que se cumplió “con los puntos y las comas del TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera)”, aunque el texto presentado por Distiklos marca varios incumplimientos.
Licitación.
El proceso licitatorio comenzó a principios de 2012, cuando ASSE realizó dos llamados para brindar servicios de manejo de residuos sanitarios, uno para los centros públicos del interior y otro para el área metropolitana.
Para la licitación pública de los servicios del interior se presentaron varias empresas: Trenal, ATT Ambiental Uruguay, Dulcelit, Olecar y Distiklos.
El Departamento Asesor Contable Financiero de ASSE evaluó las ofertas y dijo que Distiklos fue la única que cotizó el total de los servicios. Además ofreció el menor precio por kilo de residuos. Cuando la información fue elevada a la Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA), ésta manifestó que la licitación debía dejarse sin efecto. Según consta en la documentación, pidió “la anulación total de las presentes actuaciones” dado que “ninguno de los oferentes” cumplió “cabalmente con los requisitos del llamado”, entre otros argumentos.
Pese a esa recomendación, la Gerencia Administrativa de ASSE concluyó en un informe del 7 de agosto que “no se comparte la sugerencia”.
El Directorio de ASSE designó una Comisión Negociadora que sesionó, analizó los pliegos de las dos licitaciones referidas y además evaluó todas las ofertas presentadas en uno y otro llamado, todo en un mismo día, cuestiona Distiklos en el recurso.
“Tal premura explica la improcedente descalificación de la oferta de nuestra representada, la admisión de otras ofertas a pesar de sus apartamientos sustanciales a lo requerido en el pliego y el inicio de una instancia de negociación manifiestamente ilegítima”, agrega.
La empresa también alega un tratamiento desigual en la negociación, ya que no fue invitada a una reunión citada por ASSE para renegociar los precios de los servicios y en la que las empresas aceptaron bajarlos alrededor de un 20%.
Esta instancia de negociación no cumplió “con ninguno de los requisitos exigidos por el TOCAF vigente”, denuncia Distiklos. “La descalificación resulta de la aplicación de criterios más estrictos que los aplicados respecto a los restantes oferentes”, por eso “resulta excesiva” y también “ilegítima”, según el escrito.
Si bien todavía no resolvió la licitación, el Directorio de ASSE ya rechazó el planteo de Distiklos y estudia el segundo informe de la Comisión Negociadora, en el que se sugiere otorgar el negocio de $ 119.927.526 (unos U$S 6.000.000) por dos años a las empresas Dulcelit, Trenal, ATT Ambiental Uruguay y Olecar.
