Hasta hace algún tiempo una ley de urgente consideración no era mucho más que un mecanismo legislativo con plazos excepcionales previsto en la Constitución y escuchar ese nombre aportaba poca información. En el último año, después de mucho tiempo, esas tres palabras se cargaron de significado político y también de contenido. Primero fueron una promesa de campaña, luego un proyecto de contenido misterioso y, poco tiempo después, un extenso texto con buena parte de la agenda de cambios del nuevo gobierno. Fueron el primer enemigo de los sectores políticos opositores y la primera prueba de fuego para la coalición y su bancada de legisladores. Hoy la Ley de Urgente Consideración es una realidad consumada.
Tan real como la notificación policial que le llegó el 20 de agosto al Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), que había instalado una carpa en la entrada al obrador del muelle pesquero de Capurro en el marco de un conflicto con el consorcio Teyma Chediack Lavigne. “Visto la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.889 LUC del 9/07/2020, artículos 392, 468, 469 y 470, deberán mantener la libre circulación de ingreso al consorcio, como así también de las vías de acceso público”, decía el breve comunicado de la seccional 7ª. El sindicato estaba trancando de forma intermitente el ingreso de algunos camiones al predio. El 26 de agosto el comunicado se transformó en una conversación personal en la cual la Policía les anunció que los iba a desalojar, algo que finalmente no ocurrió, porque dejaron la medida sin efecto ante la apertura de un canal de negociación con la empresa.
Una situación similar pero más tensa se había registrado pocos días antes en el departamento de San José, donde el sindicato de la empresa de transporte de pasajeros Cotmi estaba retrasando la salida de coches como medida de protesta. Tras algunas advertencias en un tono similar al de la notificación que recibió el Suntma, la Policía estaba decidida a dar un paso más y reprimir la manifestación, y así se lo comunicó al Juzgado Penal. La intervención de esa sede y un fiscal permitió una solución mediada. El episodio no les pasó por alto a los principales dirigentes del PIT-CNT, que una semana después visitaron la ciudad y realizaron un acto numeroso.
“La aplicación de esta norma como forma de dificultar la acción sindical ya empezó”, evalúa Héctor Zapirain, miembro de la sala de abogados del PIT-CNT. La visión de ese equipo de asesores sobre la nueva normativa es “muy crítica”. Consideran que constituye “una limitación a los derechos de libertad sindical” que va más allá de la opinión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, según su lectura, ha reconocido al piquete y a las ocupaciones como mecanismos válidos de la huelga si son pacíficos.
En el marco de una intensificación de la conflictividad por el presupuesto y la negociación salarial, Zapirain ve con preocupación el rol que vuelve a tener la Policía en las relaciones laborales. “No es la institución más adecuada para mediar, interceder en los conflictos sociales como las huelgas, los conflictos, las negociaciones. En un conflicto social la Policía no tiene nada que hacer, salvo que entre para reprimir”, advierte.
Zapirain cree que las nuevas disposiciones “no van a solucionar nada”. Dice que su nacimiento “a espaldas del interlocutor sindical” las condena “tarde o temprano al fracaso”, aunque para comprobarlo hay que esperar.
Cambios normativos
El artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración establece que “el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho a huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar” y “el derecho de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”. El 468 declara “ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación de personas, bienes o servicios, en espacios públicos o privados de uso público”, mientras que el 469 le encomienda al Ministerio del Interior garantizar esa libre circulación. Finalmente, el 470, habilita a la Policía, ante hechos de apariencia delictiva, a detener a los infractores e informar al Ministerio Público.
El espíritu de ese paquete normativo no es nuevo. Zapirain sostiene que lo que comienza a verse con su aplicación es bastante similar a la forma en que se gestionó ese tipo de conflictos entre el 1966 y el 2005. Durante ese período rigió el decreto 512/966, que habilitaba al Ministerio del Interior a desalojar locales comerciales, industriales, y otros que estuvieran ocupados por los empleados si el titular de la empresa así lo requería. La actuación policial, decía el texto, debía limitarse a “restablecer el orden público, la tranquilidad y mantener el respeto al derecho de propiedad”. Su alcance fue ampliado por otro decreto del 2000.
Esas dos normas fueron derogadas en el primer gobierno del Frente Amplio en 2005 mediante el decreto 145/005. Luego vino el decreto 165/006 que en su artículo 4º reconoció la ocupación como una modalidad del derecho a huelga y le puso algunas condiciones y límites. En 2006 se sumó la ley de negociación colectiva, que incorporó algunos artículos de ese decreto y se convirtió en el principal marco de gestión de las relaciones laborales de los años siguientes.
“Durante los últimos años se fue consolidando un sistema de relaciones laborales que apuntaba más a la negociación que al conflicto. Siempre el conflicto está ahí, no hay nada que lo impida. Pero sí se pudo canalizar; la negociación y el diálogo social jugaron un rol importante. Eso indudablemente en estos 15 años fue una característica”, valora Zapirain.
El decreto 165/006 también establecía que, si las medidas sindicales ponían en riesgo la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la sociedad, el Ministerio de Trabajo y el competente en la actividad en cuestión podían solicitar al Ministerio del Interior el desalojo. Durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio hubo algunos episodios de tensión, como la desocupación del Codicen en 2015.
En general, los conflictos derivados de ocupaciones y piquetes pasaron a dirimirse en la Justicia. En particular los empresarios, y en algunos casos los trabajadores no huelguistas, recurrieron a acciones de amparo que los jueces civiles tendieron a respaldar. Ese fenómeno fue visto con preocupación por el movimiento sindical y por algunos expertos en derecho laboral, que cuestionaban la competencia de la Justicia para intervenir en esos conflictos, la falta de formación de los jueces en temas laborales y alertaban sobre algunos excesos sobre la Constitución (Búsqueda Nº 2033).
La visión del destacado laboralista Santiago Pérez del Castillo difiere de la de Zapirain. En su opinión, el debate sobre la “validez” de la ocupación como medida de conflicto es un tema “laudado”. Así queda expresado en la jurisprudencia de los recursos de amparo concedidos reiteradamente para levantar las ocupaciones. La Ley de Urgente Consideración aprobada meses atrás, sostiene, recoge esa “consciencia jurídica” y hace que quien ocupa sepa que “más temprano que tarde este gobierno tiene los instrumentos para pedir la desocupación sin tener que acudir a un juzgado civil”. “Se volvió a una situación de lógica”, concluye.
Sobre la participación de la Policía sí coincide con la visión de Zapirain. “Hay que usarla cuando se pierde el sentido común”, enfatiza.
Aun así, reconoce que el decreto 512/966 era efectivo y daba seguridades a ambas partes. Su derogación, afirma, fue “una macana” del Frente Amplio. Para fundamentar su posición, recurre a lo que alguna vez dijo Héctor Barbagelata, que fue uno de los referentes uruguayos del derecho laboral.
“Si me preguntan si los decretos eran correctos, diría que no, pero en el derecho del trabajo se vive sobre la realidad y la realidad es que eso funcionaba bien en todos los sentidos. El empleador sentía que tenía cierta defensa y los trabajadores también (...). Con eso todos estaban tranquilos, nadie decía que había que tocarlos. Y bueno, fue tocarlos y se desbarrancó todo”, cita.
“Muchas interpretaciones”
Ante la pregunta de qué deben hacer de ahora en más los sindicatos con medidas como la ocupación y los piquetes, Zapirain dice que como abogado no puede aconsejarle a los sindicatos que violen una ley. Sin embargo, también desliza que las leyes tienen “muchas interpretaciones”. En esa línea, considera que la nueva normativa que el gobierno empieza a aplicar con un sentido restrictivo de las ocupaciones y piquetes puede admitir una lectura opuesta.
“Ese artículo viene a confirmar que la ocupación es una medida legítima. En tanto sea pacífica, en tanto permita el ingreso del propietario y el de las personas que quieran trabajar. Mientras se respete eso la ocupación es válida”, argumenta.
Para intentar contrarrestar la visión del gobierno, Zapirain ve varios “ámbitos de disputa”. El primero es el de la “discusión doctrinaria” donde, asegura, ya está teniendo lugar un debate entre los laboralistas sobre los alcances de estas normas y sus consecuencias. Una segunda posibilidad es instalar el tema en las negociaciones de los consejos de salarios. El tercer camino es recurrir a la Justicia —aunque hay debates jurídicos sobre si el Poder Judicial debe intervenir o no en conflictos colectivos— y el de los recursos de inconstitucionalidad. Por último, Zapirain dijo que analizan la alternativa de llevar la discusión a la OIT. Por un carril paralelo, esos artículos podrían incluirse en el referéndum que el PIT-CNT está analizando impulsar contra la Ley de Urgente Consideración.
Las opciones están sobre la mesa y el camino a seguir dependerá “de la definición política que tomen los dirigentes del PIT-CNT”, dice Zapirain.
