El peso relativo de los procesamientos por estupefacientes en el total de delitos detuvo una tendencia de crecimiento que exhibía casi sin pausa desde 2002, según un reciente estudio al que accedió Búsqueda. Ese corte se dio en 2013, el mismo año en el que se aprobó la norma que regularizó la producción y venta de cannabis. Y aunque la hipótesis de algunos investigadores los llevan a pensar que la nueva regulación pudo haber incidido, la falta de datos oficiales les impide confirmar o descartar esa idea.
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“Queda la interrogante, porque en los procesamientos por estupefacientes no se discrimina el tipo de droga y no se puede decir si es por la ley de marihuana o no. Además, por ahora la penetración que han tenido en farmacias ha sido muy baja”, dijo en diálogo con Búsqueda el sociólogo Marcelo Brito.
Brito, quien trabaja en el Instituto Técnico Forense (ITF), realizó una investigación de carácter personal sobre el comportamiento de los procesamientos por estupefacientes entre 1989 y 2015, como parte de un trabajo monográfico para un diploma en Políticas Sociales. Ya con los datos recabados hasta 2014, presentó sus resultados a la Junta Nacional de Drogas, y ahora espera actualizar su base con la información de los últimos dos años. Mientras, participa del trabajo que el ITF lleva adelante con otros órganos del Poder Judicial para intentar unificar los criterios de registro.
“Estamos tratando de unificar fuentes de información entre la policía, la unidad antinarcóticos, el laboratorio de química y toxicología —que es a donde se llevan a quemar las drogas— y el registro de antecedentes penales. Pero no hay una convergencia de los datos. Está mezclado todo: pasta base, cocaína, heroína, drogas sintéticas. Se podría ahondar más”, opinó.
La Ley 19.172 habilitó la adquisición de hasta 40 gramos de marihuana a través de farmacias, así como permitió el cultivo de plantas en el hogar y la participación en un club de consumidores. Fue, sin embargo, una norma que se aplicó por etapas: mientras que en 2014 empezaron el autocultivo y lo clubes, recién en julio del año pasado comenzó la venta en farmacias.
Pero la ley incorporaba también un mecanismo de evaluación que suponía la presentación de informes por parte de algunos ministerios y la creación de indicadores oficiales. Uno de los principales problemas para elaborar un informe de evaluación del impacto de la ley ha sido la falta de información unificada, según el informe preeliminar que realizó el grupo interdisciplinario Monitor Cannabis y la Universidad ORT.
“No solamente no hay buenos datos accesibles, sino que hay varias fuentes de información y son discordantes. La Policía y el Poder Judicial, por ejemplo, tienen datos muy distintos de las cantidades incautadas, con diferencias de hasta tres toneladas”, explicó el coordinador del informe, Marcos Baudean.
El investigador dijo que hasta 2012 las autoridades tenían datos estadísticos sobre incautaciones y personas procesadas según el tipo de droga que traficaban. Esa información dejó de elaborarse justo el año en que empezó a discutirse el proyecto de ley de marihuana. “Alguien tiene que tomar la posta y producir la información necesaria para evaluar la marcha de la ley”, agregó.
El informe preliminar —al que accedió Búsqueda— intenta ahondar en cuánto se logró arrebatar al mercado negro de marihuana y el efecto que esto podría tener en términos de una baja en la delincuencia o en sentencias en el ámbito judicial. Pero algunas de las hipótesis quedan sin comprobar por la falta de datos, o se arriesgan conjeturas con base en proyecciones y estimaciones.
“La hipótesis fundamental”, cuando se aprobó la ley, era que la nueva regulación iba a “afectar el negocio del narcotráfico” y “progresivamente iba a haber menos gente detenida” por traficar marihuana, recordó Baudean. “Hoy no tenemos información que nos permita saber si eso es así. A nivel del Estado, no hubo un trabajo de armar la evaluación y cada oficina sigue con su lógica, pensando en sus problemas. No hay nadie que vaya conduciendo esto de manera central”.
El “negocio familiar” del narcotráfico.
La investigación de Brito revela una creciente feminización de los procesamientos por estupefacientes, junto con una notoria baja en el nivel educativo de los delincuentes. Así, aunque con oscilaciones en el período que va desde 1989 a 2015, el peso relativo de la mujer en estas causas es mayor que en el total de procesos, mientras que el nivel educativo ha ido en caída hasta acoplarse al del resto de la población carcelaria.
“Hay un aumento del peso relativo de los delitos de estupefacientes en el total. Y una complejización del mercado. Son grupos más organizados donde hay una participación del núcleo familiar. Cuando el hombre que es sustento del hogar va preso, la mujer y la familia se dedican a tomar la boca y conducen la venta de droga”, explicó el investigador.
En 1989 la participación de la mujer en los procesamientos por estupefacientes se acercaba al 7% y en 2015 rondaba el 30%. El total de procesos donde la persona contaba con secundaria completa en estos delitos pasó de casi 22% a 5%. En general, los procesados por estupefacientes son primarios y reciben más condenas con prisión que en el resto de los delitos. Y su peso relativo aumentó: pasaron de 25% del total de procesamientos a 64%.
“Pueden incidir cambios sustantivos de la actividad policial en cuanto a la captura de los presuntos delincuentes y la obtención de pruebas contundentes que permitan al juez procesar”, señala el estudio. Pero agrega que para explicar el “descenso marcado” que se observa entre 2013 y 2015 “deberíamos tener más elementos para sostener si el mismo se debe a una incidencia de la ley de regulación del mercado de cannabis”.
Problemas de un arranque parcial.
La implementación por etapas de la ley de marihuana, que habilitó primero a los autocultivadores y los clubes, pudo llevar a un acceso desigual a la droga, que favoreció a las personas de ingresos medios y altos, apunta la investigación coordinada por Baudean. Esto, además, pudo impactar en la concentración en la periferia de las bocas de pasta base, una hipótesis que el director de la Policía, Mario Layera, no descartó al ser consultado por los investigadores.
“La idea de que en poco tiempo la regulación iba a afectar el negocio del narcotráfico dependía de que se implementase rápido. Y todavía se está aplicando. El segundo punto importante es que cuando se lanzó esta ley se pensó que iba a tener una influencia directa, que le iba a dar un golpe rápido al narcotráfico, y eso no ocurrió. Por la implementación lenta pero también porque hubo expectativas desmesuradas del poder que la regulación iba a tener. El narcotráfico ha echado raíces en un entorno urbano y social complejo, y eso no lo vamos a erradicar con la regulación del cannabis”, explicó Baudean.
La investigación estima que para 2014 el mercado de cannabis en el país representaba 34,6 toneladas anuales. Y recordando proyecciones que el grupo Monitor Cannabis presentó el año pasado, apunta que el mercado legal representó 9% del total en 2016. Las incautaciones de marihuana se mantuvieron estables entre 2012 y 2016 aunque la tasa de homicidios subió. Los detenidos vinculados a estupefacientes crecieron entre 2013 y 2016, mientras que las condenas por drogas se estabilizaron en los últimos años en alrededor de 9% del total de encausados.
Baudean dijo que otro de los objetivos de la ley era terminar con una contradicción establecida en la normativa anterior: el consumo de drogas es legal en Uruguay desde 1974, pero están prohibidas todas las actividades necesarias para acceder a las sustancias. Además, cuando una persona era detenida con droga, la legislación daba discrecionalidad a los jueces —que debían guiarse por su “convicción moral”— a la hora de decidir si la cantidad era para consumo personal o no. Antes de la aprobación de la ley, era habitual que los magistrados procesaran por tenencia de drogas a personas que tenían pocos gramos de marihuana en su poder, según un estudio de Gianella Bardazzano.
La ley estableció que los jueces deberán valorar cada situación “conforme a las reglas de la sana crítica”, pero además que “se entenderá como cantidad destinada al consumo personal hasta 40 gramos de marihuana”.
La nueva regulación podría haber tenido efectos sobre los procesamientos por el delito de tenencia. “Hay una caída moderada pasando del 23% en 2013 al 20% en 2016 en el total de los delitos de drogas. Eso según los datos de Policía Técnica, que son datos por individuo”, explicó Baudean. “En los datos de procesamientos del Poder Judicial (que se diferencian de los otros porque una persona puede ser procesada más de una vez), la cifra pasó de 22% en 2013 a 18% en 2015. Hay una tendencia a la baja. Se podría pensar que es porque hay menos gente que ingresa por marihuana, pero no lo sabemos”, advirtió.