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En el balance de su primer año de gestión realizado el martes 1º en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Tabaré Vázquez señaló como las mayores preocupaciones del gobierno cuidar el grado de inversión que tiene el país, así como continuar la lucha “frontal” y “sin tregua” contra la inflación.
Como bien señaló el presidente, la eventual pérdida del grado de inversión sobre la deuda pública tendría consecuencias negativas en muchos frentes, fundamentalmente por el aumento del costo en materia de financiamiento que ello implicaría, tanto para el sector público como para el privado. Asimismo, repercutiría negativamente sobre la inversión extranjera directa (IED), que fue muy relevante en los últimos años, por la pérdida de confianza que se generaría.
La preocupación del gobierno se da en medio de una tendencia creciente del déficit fiscal, que en los 12 meses terminados en enero de 2016 se ubicó en 3,8% del PBI, el nivel más alto desde la crisis de 2002-2003. La magnitud del déficit es claramente incompatible con la meta de mantener la deuda pública en un sendero sustentable a mediano plazo. Si esto no se corrige, el investment grade estaría en riesgo.
Es obvio que la inflación es, también, un problema muy significativo. Hace muchos años está por encima del rango meta definido por las autoridades (entre 3% y 7%) y todos los esfuerzos hasta ahora tratan de evitar que supere el 10%, apelando a “acuerdos voluntarios” de precios y al manejo de las tarifas públicas.
Otro punto importante del mensaje presidencial fue la confirmación de que en las negociaciones salariales se mantendrán los lineamientos propuestos por el Poder Ejecutivo el año pasado, los cuales han sido muy resistidos y criticados por el PIT-CNT.
La economía uruguaya atraviesa una coyuntura muy complicada, especialmente por el fuerte cambio negativo en el contexto externo, tanto regional como internacional, que ha expuesto todos los problemas que el “viento de cola” que tuvimos hasta hace un par de años permitía disimular.
El problema es que el balance del presidente Vázquez se queda muy corto en cuanto a las medidas que el gobierno debería adoptar para hacer frente a los problemas señalados.
Durante toda la discusión de la ley de Presupuesto, Búsqueda advirtió que los supuestos que se estaban utilizando para su elaboración eran totalmente irreales y que, por lo tanto, el nivel de gasto público que se programaba implicaría un aumento muy significativo del déficit fiscal, un incremento igualmente significativo de la presión tributaria o, directamente, la imposibilidad de ejecutarlo.
La economía no va a crecer lo que está previsto en el Presupuesto, de modo que los ingresos fiscales van a ser menores a lo proyectado. Y, si se pretende gastar lo que se presupuestó, la brecha entre ingresos y gastos se ampliará irremediablemente.
El presidente solo prometió que se va a tratar de bajar los “gastos que no sean prioritarios” y enseguida aclaró: “¡Pero que quede claro! Mantendremos en todo su nivel la inversión comprometida en políticas sociales”. El tema es que el llamado “gasto social” es la mayor parte de las erogaciones públicas en términos absolutos y no hay forma posible de evitar el deterioro de la situación fiscal si no se reduce este componente, salvo que aumente fuertemente la presión tributaria.
Ya lo hemos dicho reiteradamente en los últimos meses: el actual esquema de política económica está agotado por el cambio en el contexto externo y por los propios desequilibrios que generó durante la época de bonanza. Si el presidente Vázquez realmente está preocupado por la inflación y la posible pérdida del grado de inversión, debería olvidarse del actual Presupuesto, reducir el gasto público corriente e ir a una desindexación mucho mayor de la política salarial que acelere la necesaria caída de los salarios reales —sobre todo en dólares— para restaurar más rápidamente la competitividad perdida. Así, la economía quizá pueda volver a crecer en un futuro no muy lejano.
