Agenda de seguridad del Poder Ejecutivo avanza con dificultades en el Parlamento pese a que surgió de acuerdos multipartidarios

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, destacó la semana pasada que en el 2016 se cumplieron “los objetivos” planteados a comienzos de año. Uno de ellos fue el referido a la promoción y aprobación de normas para mejorar la seguridad pública.

La iniciativa impulsada por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, fue aprobada con los votos de legisladores de todos los partidos. El único voto en contra del proyecto fue el de la diputada nacionalista Graciela Bianchi, quien planteó sus reparos y afirmó que “algo huele mal en Dinamarca”.

Camino difícil.

No todas las iniciativas acordadas tuvieron tanta suerte. Un proyecto enviado en setiembre que aumentaba la pena mínima para el delito de homicidio —que pasaba a ser inexcarcelable—, y fijaba como agravante “cuando se diere muerte a una persona que revista la calidad de funcionario policial, juez o fiscal, siempre que el delito fuera cometido a raíz o en razón de su calidad de tal”, todavía no superó el Parlamento.

En la reunión de bancada de la tarde de ayer, los senadores oficialistas decidieron dejar este proyecto para estudiarlo a fines de febrero y definir su viabilidad. Sin embargo, existe mayoría para no aprobarlo, dijeron a Búsqueda dos legisladores frenteamplistas. En noviembre, la senadora Constanza Moreira dijo a Búsqueda que no estaba de acuerdo con el aumento de penas.

Un camino complicado también deberá superar el proyecto para crear un “Plan integral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado”, enviado el 11 de julio. En la exposición de motivos, el gobierno explicó que la finalidad de la iniciativa era “aunar esfuerzos entre varios organismos estatales, con la finalidad de mejorar cualitativamente la lucha contra el flagelo del narcotráfico”. Entre otras medidas, fijaba “en dos años de penitenciaría la pena mínima para la producción de materias primas” o drogas. También se establecía que sería de dos años la pena para el tráfico de estupefacientes “cuando es cometido por un grupo delictivo organizado”.

Si bien fue aprobado en la Cámara de Senadores, no todos los legisladores oficialistas están de acuerdo con sancionarlo sin cambios.

El coordinador de la bancada de diputados del Frente Amplio, Gonzalo Civila, dijo a Búsqueda que todos los proyectos han generado debate en la interna del partido de gobierno. 

En especial los que aumentan penas. Para estos el Frente Amplio decidió conformar una comisión especial y estudiarlos con juristas y técnicos antes de ponerlos a consideración del cuerpo legislativo. 

“Todos estos proyectos que tienen inflación penal —para los que creemos que la inflación punitiva no es el camino para mejorar la seguridad pública— generan discusión y debate sobre el equilibrio entre la política cohercitiva y la de derechos. No está planteado un proyecto con medidas que uno diga son terribles como la baja de la edad de imputabilidad, si no que están planteadas modificaciones puntuales, pero va a generar debate”, opinó el diputado socialista.

En la misma línea opinó el senador de la Lista 711 Marcos Otheguy, quien manifestó a Búsqueda que espera que en febrero de 2017 se encuentre una solución unificada dentro del Frente Amplio. 

Promesa incumplida.

A principios de mayo de este año, al ver que había diferentes posiciones sobre los proyectos que intentaban impulsar dentro del partido de gobierno, el presidente Vázquez se reunió con dirigentes de todos los sectores oficialistas para comprometerlos a que dieran su apoyo en el Poder Legislativo. 

El lunes 9 de mayo en la residencia presidencial de Suárez y Reyes el jefe de Estado escuchó uno por uno a los dirigentes. “Este es un gobierno de diálogo. Se está intentando acordar. Esa es nuestra tarea”, dijo el mandatario para abrir la ronda y escuchar uno por uno a cada participante. “El gobierno no va a presentar ninguna iniciativa que no tenga el aval de la bancada” oficialista, añadió, según comentaron participantes de la reunión a Búsqueda en ese momento.

Su movida pareció lograr los efectos buscados. Vázquez se quedó con el compromiso de todos los sectores frenteamplistas para que cada proyecto que el gobierno enviase al Parlamento recibiera el apoyo de la bancada oficialista. Sin embargo, esto no ocurrió. Para los legisladores frenteamplistas la no aprobación de los proyectos de seguridad acordados en la comisión liderada por el presidente Vázquez no implica un rompimiento del pacto. Dirigentes del Movimiento de Participación Popular, la Lista 711 y Casa Grande sostienen que ante la interpelación al ministro Bonomi, en noviembre, el acuerdo se desarmó.

La oposición hace otra lectura y acusa al partido de gobierno de no respetar la palabra del jefe de Estado. 

El senador del Partido Nacional Javier García, que participó de las reuniones multipartidarias con el presidente Vázquez, opinó que el ámbito “fracasó rotundamente” por la mala disposición de la bancada legislativa del Frente Amplio. 

García explicó que en las primeras reuniones con el jefe de Estado en la Torre Ejecutiva lo consultó acerca de si las decisiones allí tomadas iban a tener el respaldo parlamentario del oficialismo. Luego de consultas a la dirigencia frenteamplista, Vázquez dijo que sí. “Esto no ocurrió. Y a las pruebas está que pasaron meses y meses y aún hay proyectos sin aprobarse, y declaraciones públicas del Frente Amplio de que no se van a aprobar. Está claro quién rompió con el acuerdo multipartidario en materia de seguridad”, dijo el senador blanco a Búsqueda.

Después de la salida de Gonzalo Mujica del Frente Amplio, el oficialismo no tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y eso para García es una “nueva oportunidad” para impulsar los proyectos de ley sobre seguridad que el oficialismo no ha querido apoyar.

Por eso discutirán la estrategia para el 2017 para que la oposición tome la posta y saque a flote los proyectos de aumento de penas “encajonados” producto de las desavenencias en el Frente Amplio.