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Se acerca el cambio de gobierno y, a medida que los días pasan, la escasez de recursos y la necesidad de ahorro se imponen día a día. En ese contexto, todo lo que se pueda “rascar la lata” es bienvenido, sea de pequeños ahorros ejemplarizantes como los viáticos de viaje en el Parlamento a otras partidas más significativas, como los ahorros de gestión en las Empresas Publicas (EEPP) y demás reparticiones del estado.
En el medio de ello, hay otros lugares donde la “lata” se puede (y a mi juicio se debería) “seguir rascando” para hacerse de ese modo de cuantiosos recursos excedentes y, a la vez, desactivar la bomba que significa no hacerlo y dejarlos en manos de sus actuales administradores. Concretamente me refiero a las entidades paraestatales.
Son varias las situaciones, pero las más significativas entiendo son el INEFOP (medalla de oro), LATU, INAC e INIA. Veamos el escenario, tomando como base la información de los últimos balances publicados y algunos extraídos de balances de años anteriores:
INEFOP. Al 31/12/2018 tenía excedentes financieros (Capitulo Inversiones Temporarias o Inversiones Financieras de sus Estado de Situación Patrimonial) de USD 58.470.000 (81.450.000 al cierre de 2017) e ingresos financieros de esos excedentes de USD 7.000.000. Se trata de un organismo claramente sobredimensionado, que no sabe qué hacer con la fortuna que viene recaudando desde que se creó, o más bien, sí lo sabe: despilfarrarla y mal gastarla en amiguismo.
Téngase en cuenta que para los últimos 4 o 5 años, “en promedio” INEFOP gastó en el entorno de USD 16.000.000, lo cual significa que las reservas financieras excedentes le alcanzan para más de tres años de actividad. ¡Un disparate!
LATU. Es una situación similar. Ha acumulado muchos fondos y desde hace varios años se ha trasformado más en un inversor inmobiliario que en el organismo que debería ser. Se ha dedicado a comprar tierras en el entorno de su sede, a construir y a arrendar edificios o espacios, incluso para fines sociales. Hoy día arrienda sus espacios para fiestas u otras actividades, aprovechando la exoneración impositiva amplia que dispone, en clara competencia desleal con el sector privado.
Acumula al 31/12/2018 USD 40.000.000 y genera renta financiera anual por USD 2.500.000 a 3.000.000. Sin perjuicio de los ingresos por cesión de espacios y arrendamientos de inmuebles que poco y nada tienen que ver con sus fines principales.
No tiene ningún sentido que continúe administrando esa “pequeña fortuna” que claramente no precisa para sus cometidos esenciales.
Habría que sacarle la mayoría de esos fondos y restringir la exoneración solo a sus ingresos “genuinos”.
INAC.- Dispone de USD 54.000.000 al 30/06/2018 (último balance publicado) y rentas financieras por la colocación de esos excedentes de USD 413.000 en un semestre, equivalentes a 826.000 en un ejercicio de doce meses.
¿Tiene sentido que administre esos fondos y por ejemplo los dedique a “retiros incentivados” (56 funcionarios desde 2010 al 30/06/2018) por aproximadamente USD 6.000.000? ¿Tiene sentido que haya abonado a varios beneficiarios el equivalente a USD 150.000 o más? ¿Cuántos de los simples mortales quisieran esos beneficios?
Y ojo, dentro de esos beneficiarios, uno de los primeros fue el Vice actual, que según surge del Balance 2010, cobró un incentivo equivalente a USD 145.000 y quedó de Vice, percibiendo el sueldo correspondiente.
¿Tiene sentido que INAC dedique cuantiosos recursos a esos beneficios de retiro, a comprar inmuebles en Ciudad Vieja, a proyectos de investigación de dudoso retorno y a otros fines, cuando hay cientos o miles reclamando mucho menos que eso?
INIA. Dispone de recursos excedentes (Disponibilidades e Inversiones Temporarias) de más de USD 28.000.000 que rentabiliza colocándolos y luego “invierte” (¿?) o gasta, en conceptos de más que dudosa razonabilidad. Solo de intereses y diferencias de cambio ganados, en 2018 obtuvo más de USD 2.500.000.-
Por otra parte, en 2010 destinó parte de esos recursos a un fideicomiso, para complementar el retiro de sus técnicos. No se objeta la justicia de los retiros, pero ¿tiene sentido que un organismo disponga este tipo de medidas y en los hechos cree un sistema jubilatorio particular? El común de los mortales del sector público y para estatal se jubila “con lo que hay” sin chistar. ¿Por qué un reducido grupo debería tener privilegios sobre la enorme mayoría? ¿Por el simple motivo de pertenecer a una organización “generosa”? A todas luces, no parce sensato.
Hay más ejemplos, pero los enunciados constituyen a mi juicio una muestra representativa de que las entidades paraestatales, cuando acumulan excedentes, suelen usarlos en destinos que no se condicen con el interés general.
Por tanto, así como hubo leyes que dispusieron la creación de esas entidades, le asignaron recursos y exoneraciones y les encomendaron ciertas funciones, hoy día que los números demuestran que acumularon cuantiosos recursos que generalmente malgastan, deberían dictarse nuevas leyes que se los extraigan (al menos parcialmente) y los destinen a fines más loables y urgentes.
Antes de que se les ocurra gastarlos y disponerlos en provecho de sus propios funcionarios o a fines no esenciales a lo que disponen sus respectivas Cartas Orgánicas, habría que: 1) sacarles esos fondos, 2) adecuar sus ingresos actuales y regulares a sus estructuras y fines 3) eliminar toda exoneración que no tenga relación con sus fines esenciales y 4) aplicar esos fondos a necesidades urgentes, que las hay y muchas.
