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De aprobarse el proyecto de flexibilización del secreto bancario, la Dirección General Impositiva (DGI) tendrá un poder “excesivo” al conocer saldos y rentas de las cuentas de todas las personas residentes en el país así como de las empresas, advierten algunos políticos y expertos tributaristas. Según dicen, habrá un “incremento muy fuerte” en la “capacidad de hurgar” en la vida privada de los individuos.
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La iniciativa fue enviada este mes por el Poder Ejecutivo al Parlamento alegando que la obligación para los bancos de proporcionar esa información a la DGI es necesaria para poder cumplir, desde 2018, con el compromiso de intercambiar automáticamente datos financieros de extranjeros con residencia en Uruguay a los efectos de colaborar en la detección de evasión de impuestos en sus países de origen. El proyecto también exige que a las instituciones financieras pasen datos sobre los saldos de los uruguayos al cierre de cada año, que son de interés exclusivamente para la Impositiva.
Según dijo a Búsqueda el director general de Rentas, Joaquín Serra, lo que está planteado se encuentra “dentro de los lineamientos de la OCDE”, una organización que agrupa a una treintena de países avanzados o en camino de serlo que está liderando una cruzada a favor de la transparencia tributaria con propósitos de combatir la evasión internacional.
Agregó que otros países, como Estados Unidos, Francia, España y Argentina, también exigen a los bancos de sus sistemas que les proporcionen datos sobre personas residentes. “En algunos casos, tienen información de la que la DGI va a tener” si se aprueba el proyecto, que refiere exclusivamente a saldos anuales e intereses, no los movimientos mensuales, acotó el jerarca.
“Problema de equilibrio”.
Juan Bonet, un especialista en temas impositivos del estudio Guyer & Regules, señaló a Búsqueda que el estándar de intercambio automático de información fiscal que la OCDE exige a Uruguay es que brinde los datos de las cuentas en bancos locales de los no residentes, “pero nunca” que le dé a la DGI las de residentes en el país. “Eso para nosotros es algo en lo que (la administración tributaria) se ha extralimitado de los fines”, opinó. El proyecto de flexibilización del secreto bancario “va más lejos de lo que la OCDE solicita”, recalcó.
Otro experto, Leonardo Costa, socio de Brum Costa Abogados, reflexionó ayer miércoles 27 en el programa “A Diario” de “El País TV” sobre el pedido de la Impositiva a los bancos sobre los gastos con tarjetas de crédito de unos 500 contribuyentes vinculados a los “Panama Papers” (ver página 22). “Es un incremento muy fuerte en la capacidad de hurgar en nuestras cuentas y trae de la mano un problema de equilibrio de poder entre el contribuyente y la DGI”. Y agregó: “Me preocupa que los contribuyentes tienen muy poca defensa y si bien la DGI ha sido equilibrada en muchos casos, en algunos no lo es”. A su juicio, la indefensión de las personas frente al fisco está entre “las peores” de América Latina.
Para Costa, si bien “en general no existen abusos” de parte de la oficina recaudadora, que “tiene muy buen profesionalismo”, es preciso “aggiornar” la agenda de derechos de los contribuyentes.
Estado que “acorrala”.
“Un Estado ausente donde debe estar, que acorrala la libertad de las mayorías y tiene facultades para todo”, escribió esta semana en Twitter el ex ministro de Economía y ex senador colorado Isaac Alfie, aludiendo al asunto.
“No comparto (…) pero en cualquier caso acusar de fascista es muy grueso”, le contestó el asesor del Ministerio de Economía Martín Vallcorba por la misma red social.
Consultado por Búsqueda, Alfie explicó que el Estado “está asumiendo una cantidad de facultades. Que no las esté usando en muchos casos, no quiere decir que venga alguien y las use después”. Agregó: “Es un avance muy grande, (…) hoy hay un uso racional de las facultades, pero el problema es la norma”.
Aclaró, no obstante, que a su juicio el Ministerio de Economía y sus dependencias hacen un “uso razonable” de las facultades. “Lo que quise decir es que cuando los Estados avanzan así, los que avanzaron fueron Estados fascistas o comunistas. La diferencia es que unos eran supuestamente más duros que los otros porque uno lo era en la acción y el discurso, y el otro solo en la acción. Los comunistas en el discurso eran diferentes, en la acción eran iguales”, explicó.
Alfie criticó que se pretenda que los bancos manden “información en bloque” que “cualquiera puede ver” o “jaquear”. Eso, alegó, “no parece nada razonable (…) Es un avance (del Estado), una violación absoluta de la intimidad de las personas”. Y reclamó “poner un contrapeso del otro lado, hay que darle garantías a quien entrega” los datos.
El senador Pedro Bordaberry también disparó contra lo que considera “el atroz avance del Estado” sobre los derechos de los ciudadanos. En una columna publicada el domingo 24 en el sitio “El Telescopio”, reclamó: “Si van a poner más exigencias formales tributarias deberían profundizar los medios de garantía de defensa de los derechos del contribuyente”.
La “trufa podrida”.
Días atrás, el diputado del Partido Nacional Alejo Umpiérrez le pidió al líder de su sector, el senador Luis Lacalle Pou, para referirse en un acto partidario a su preocupación por el proyecto de flexibilización del secreto bancario. Lacalle Pou —quien ya en intervenciones en el Parlamente años atrás reivindicaba el “libre albedrío” del país frente a exigencias en tal dirección desde el exterior— lo respaldó.
Umpiérrez dijo a Búsqueda que desde la OCDE se está presionando para que Uruguay haga “los deberes que ellos no hacen”, lo que consideró “una hipocresía absoluta manejada con el ropaje de una trufa podrida en papel de celofán”.
“Nos tratan de vender —prosiguió— una serie de medidas para el combate al narcotráfico y el lavado de activos cuando en realidad es una pretensión de fiscalidad, obligando a volver a los capitales expatriados al país de origen”.
Dijo que si bien el Partido Nacional defiende la transparencia y el combate al lavado de activos, “otra cosa es ser subsidiario de estrategias tributarias de los países centrales”. “Este es un imperialismo 2.0” y “es doloroso ver al gobierno con el espinazo partido y las rodillas a tierra en estos temas”, añadió Umpiérrez.
En la misma línea, Santiago Torres columnista del semanario colorado “Correo de los Viernes” —que responde al dos veces presidente Julio María Sanguinetti— escribió que el gobierno “se apresta a destruir el derecho a la privacidad” con el proyecto de flexibilización del secreto bancario “haciendo mandados ajenos”.
