Algo huele mal en la magistratura

Tal vez haya llegado ese momento.

Dos departamentos se han convertido hoy en bancos de pruebas debido a los sumarios al juez penal de Paysandú, Gerardo Azarola, a la jueza penal de Treinta y Tres, Mariela Tejera, y a la jueza de paz del mismo departamento, María Virginia Bajac. Paralelamente, por hechos vinculados, la Fiscalía General investiga a la fiscal de Treinta y Tres, Sandra Freitas, según informó sobre los dos últimos casos “El Observador”.

El sumario de Azarola, que fue separado de su función, está a cargo del ministro Jorge Catenaccio; el de Tejera y Bajac —que insólitamente se mantienen ejerciendo su función— lo instruye el ministro Rolando Vomero.

¿Qué se investiga? Azarola fue denunciado por una mujer con la que tenía una relación sentimental. Cuando esta decidió romperla para retomar su vida conyugal, el juez la hostigó y acosó mediante reiterados mensajes de texto. “Quedó al borde de un delito; abusó en lo personal y también como juez penal”, me comentó una fuente del Poder Judicial. Añadió que, además, el magistrado tenía “un monumental atraso de expedientes”.

Tejera y Bajac fueron denunciadas por el Colegio de Abogados de Treinta y Tres. Tejera registra un sumario anterior por haber retenido durante años en forma ilegal —con el conocimiento de Freitas— la libreta de conductor de un procesado.

Un abogado me citó como “anécdota patética” que Tejera, quien tiene dos perros, le pidió a Bajac, como jueza de faltas, que investigara a un conductor que había circulado demasiado cerca de ella y de sus perros. Bajac lo procesó por una falta.

Otra denuncia circula en el terreno gastronómico. Dice que Tejera y Bajac concurrieron a un restaurante de la capital olimareña y, al pretender estacionar el auto, no tenían espacio. Exigieron que se les hiciera lugar y para ello destacaron su condición de juezas. Como en Macondo.

Algunos hechos parecen surgidos de un guión tragicómico, pero son dramas reales que afectan el prestigio del Poder Judicial y del Ministerio Público, medulares en una sociedad democrática.

Lo ocurrido también pone sobre el tapete los mecanismos de acceso a la magistratura y la calidad y método de la formación integral que ofrece el Centro de Estudios Judiciales (CEJU), el cual depende de la Corte. De este organismo surgen los futuros jueces.

Aunque la mayoría son designados entre sus egresados —condición que la Corte se empeña en destacar a texto expreso cuando dispone un ascenso— algunos llegan a ser jueces en forma directa. Bajac, que perdió el examen de ingreso al CEJU —no se sabe si el psicológico o el académico— fue luego designada a dedo.

Siempre hay amigos, conocidos y recomendados.

La formación académica, el estudio global del derecho, la doctrina y la jurisprudencia, son centrales para la formación de los futuros jueces. Igual importancia tiene que durante ese período de formación asuman cuál es el límite de su autoridad, que deben actuar con el máximo de ponderación y que es imprescindible el equilibrio, no solo para sentenciar sino también el personal ante la sociedad y los justiciables. Si esto se enseña, algo falla.

Hasta ahora, el CEJU ha sido acrítico. Su discurso oficial, como en otros órdenes de la vida nacional, se ha basado en el autoelogio: es el mejor centro de formación de jueces de América Latina.

En algunos casos la prepotencia, la arrogancia y la arbitrariedad —un comportamiento de los mediocres o de quienes se creen seres superiores— se impone al sentido común, la decencia y los buenos modales. Los directores del proceso se transforman en dictadores del proceso. En algún caso llegan a anunciar a través de una funcionaria que no saludan dándole la mano a las partes. Todos olvidan que están para garantizar el derecho de las personas y que deben hacerlo con transparencia y ecuanimidad.

A quienes no actúen de esa forma hay que erradicarlos.

Si no ocurre, a llorar al cuartito.