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Con puntualidad finlandesa, a las 12:00 del martes 23 las autoridades de UPM estaban en el hotel Sheraton listos para comenzar su conferencia de prensa. Iban a dar los detalles sobre la decisión de la empresa de construir en el país una nueva planta de celulosa. Entonces, se les acercó Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable y uno de los principales oponentes a la instalación de la fábrica. Los saludó uno a uno y los felicitó por su gestión. Minutos después amplió el saludo en público, cuando se abrió el espacio para preguntas. “Realmente los felicito de nuevo como hice recién personalmente, porque las formas (en) que negociaron esto para lograr las máximas ventajas de nuestro país a cambio de nada, realmente son admirables”.
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Viñas, así como académicos, organizaciones y dirigentes políticos criticaron el anuncio de inversión por considerar, entre otras cosas, que el gobierno cedió a UPM excesivos beneficios para la construcción y operación de la futura planta, los cuales pondrían en riesgo la calidad del agua del río Negro.
Consultado al respecto, Jorge Rucks, subsecretario del Ministerio del Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), dijo a Búsqueda que el gobierno mantuvo con UPM “discusiones fuertes” para mantener altas las exigencias ambientales y que, como consecuencia, fue un punto que llevó tiempo en las negociaciones. Tan central fue el tema ambiental que “condicionaba los tiempos y condicionaba parte de las negociaciones”, aseguró Rucks. Durante las primeras reuniones, la empresa planteó realizar los mismos controles ambientales que hacía en UPM1. El MVOTMA dijo “no” en varias oportunidades, contó Rucks.
“Tenemos que ser más estrictos en los controles de vertimiento porque el río Negro no es el río Uruguay y nosotros no queremos que el río Negro pase a ser una cloaca en el centro del país”, aseguró el subsecretario del Ministerio del Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
La empresa tenía la preocupación de que las exigencias ambientales complicaran los costos de la inversión que se iban a requerir. “Evidentemente, los niveles de tratamiento de efluentes que se exigen son de niveles altísimos y eso tiene un costo: cuanto más exigís más costos tiene para ellos”, dijo el subsecretario.
Entre los temas discutidos estaban las zonas de mezcla de los vertidos y la información sobre la flora y fauna acuática. “Ahí hubo algunos temas que demoraron mucho en concretarse y sobre los que hubo que exigir información adicional”, explicó Rucks. A lo largo de la negociación, el ministerio le hizo a la empresa veinte solicitudes de información adicional.
“Pusimos condicionantes de emisiones tanto al aire como al agua que son muy superiores a las de UPM1 y Montes del Plata. Estamos reconociendo que para poder mitigar y poder evitar daños ambientales son necesarias muchas de las exigencias. Eso la empresa lo aceptó, fueron discusiones fuertes”, contó Rucks. Usarán las mejores técnicas disponibles a nivel de la comunidad europea con criterios por arriba de la normativa nacional y con siete parámetros adicionales.
“Tenemos que ser más estrictos en los controles de vertimiento porque el río Negro no es el río Uruguay y nosotros no queremos que el río Negro pase a ser una cloaca en el centro del país”, agregó.
En conferencia de prensa el vicepresidente senior del proyecto de desarrollo de UPM en Uruguay, Petri Hakanen, dijo que “desde el punto de vista ambiental se realizarán los controles más estrictos del mundo a la fábrica, que tendrá un desempeño ambiental probado. Las conclusiones que presentó el estudio de impacto ambiental demuestran que todos los potenciales impactos son admisibles y manejables para llevar adelante el proyecto”.
Transparencia y mala fe
Las manifestaciones en contra del proyecto UPM2 se hicieron sentir en las redes este martes. El investigador Daniel Panario, crítico con el impacto que tendrá la planta en el medio ambiente, escribió en su Facebook que era “un día de luto”.
El grupo Un Solo Uruguay publicó una declaración en Twitter en la que auguró que “la historia va a juzgar” al gobierno “entreguista” y a sus “cómplices” de la oposición. El Movimiento por un Uruguay Sustentable cuestionó días atrás el contrato acordado con UPM.
“A todos aquellos que discrepan, se lo agradecemos cuando se hace de buena fe, porque se trata de aportar y se trata de construir. Ahora, tampoco podemos ser cándidos e ingenuos y pensar que no hay situaciones de mala fe. Muchas veces hay intereses que hacen que se defiendan ciertas posiciones en contra de propuestas que se pueden estar discutiendo”, opinó Rucks.
El jerarca aseguró que algunos cuestionamientos, como la gran cantidad de agua que usa la planta, fueron aclarados por el gobierno en varias oportunidades. Sin embargo, “se sigue insistiendo en posiciones que no aceptan la explicación que se da. Entonces, cuando se insiste de esa forma, o hay una convicción muy grande científicamente o hay mala fe”, aseguró el subsecretario.
Con respecto a las críticas sobre la transparencia del proceso, Rucks afirmó: “Si hay algo que podemos decir con total seguridad es que no hubo nunca un proceso tan transparente en las autorizaciones ambientales como se dio en este momento”. Detalló que hicieron grupos de contacto y reuniones temáticas con las poblaciones afectadas por la planta, que informaron sobre el proyecto y recibieron sus puntos de vista. Añadió que trabajaron a través del Observatorio Ambiental de la Dinama, que es un instrumento nuevo, y que “todo el proceso de discusión con la empresa y los informes de la Dinama fueron colgados y anunciados” en todas las oportunidades. “Más transparente que eso, es imposible”.
Territorio
Otro de los puntos destacados de la negociación giró en torno a “la voluntad clara del gobierno de generar un proceso de desarrollo en el centro del país”, contó Rucks.
El gobierno y UPM acordaron establecer 60 viviendas para ser usadas en etapa de la construcción de la planta de hasta tres dormitorios que luego quedarán a disposición del ministerio. También habrá viviendas temporales en Paso de los Toros, Durazno, Centenario y podrían sumarse otros lugares más. Incluirán servicios de saneamiento, electricidad y caminería. Cuando las viviendas se dejen de usar se levantarán pero se dejará el suelo equipado para construir otras.
Además, parte de los acuerdos es un plan para el desarrollo de la forestación, ya que UPM prevé que necesitará unas 90.000 hectáreas más de plantaciones.
