El transporte, en particular con vehículos diesel, es uno de los mayores emisores de dióxido de azufre y monóxido de carbono. Por eso, poco a poco en Uruguay se ha buscado promover el uso de vehículos eléctricos. Sin embargo, hasta hace unos días atrás en Montevideo circulaba solo un ómnibus eléctrico. Eso cambió a fines de mayo, cuando autoridades nacionales y departamentales anunciaron la incorporación de 30 unidades nuevas.
Se trató de los primeros ómnibus eléctricos adquiridos en el marco de un subsidio que forma parte del proyecto Movés, implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y creado para impulsar la movilidad sostenible en el país. El subsidio cubre la diferencia de precio entre un ómnibus diesel (US$ 140.000) y uno eléctrico (US$ 400.000) para promover la conversión de la flota entre los operadores del transporte público.
En ese sentido, el coordinador de proyecto Movés, Ariel Álvarez, dijo a Búsqueda que este es un “año bisagra” para la iniciativa, que comenzó hace un año y medio. “Hasta ahora nos hemos enfocado sobre todo en la demostración tecnológica, en tratar de acercar vehículos eléctricos a las empresas y a la gente para que los conozcan. Además, estamos concentrándonos en la generación de capacidades y aspectos normativos de la movilidad eléctrica. Y por último, y en lo que cada vez vamos a trabajar más, es en el cambio cultural, en los aspectos comportamentales de las personas, para ir construyendo una movilidad eficiente y sostenible”, dijo Álvarez.
Desde el PNUD ya empezaron a implementar distintos planes que buscan fomentar la movilidad sostenible como el uso de bicicletas, caminatas o del transporte público.
Uno de los mayores desafíos en el desarrollo de la movilidad eléctrica fue lograr que las propuestas que surgieron desde el inicio del plan “fueran realizables, ejecutables y visibles”, dijo Álvarez.
Con el programa Movés también se buscó derribar mitos acerca de los costos, la velocidad y el ahorro de los vehículos eléctricos.
Por eso, los organismos estatales que encabezan el proyecto contrataron tres compañías dedicadas al alquiler de vehículos y arrendaron cinco camionetas eléctricas para que diversas empresas las prueben durante un mes en forma gratuita. El objetivo es que el sector privado compruebe los beneficios de pasarse a la movilidad eléctrica y que de a poco la incorpore. El plan es llegar con esta iniciativa a 80 empresas.
“El instrumento de alquiler sin costo en empresas es reciente. Vamos por unas 20 pruebas de vehículos utilitarios eléctricos y otro tanto de triciclos y bicis. Las empresas que los probaron han mostrado interés y están evaluando la compra de utilitarios eléctricos pero aún no lo han hecho. En cuanto a los triciclos y bicicletas ya hay empresas que han sumado eléctricos a su flota”, sostuvo el especialista.
Por otro lado, la asesora de la Dirección Nacional de Energía, Antonella Tambasco, dijo a Búsqueda que los 32 ómnibus que funcionan hoy en el país —hay un par en el interior—, no completan el cupo del subsidio, por lo que en el futuro se espera llegar a sustituir el 4% de la flota (alrededor de 150 unidades).
Tambasco, quien junto con Álvarez preside la comisión técnica de implementación del subsidio —que integran los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Vivienda—, aseguró que la tecnología va a llegar pronto a Canelones, Rocha y Cerro Largo, pero reconoce que el riesgo para las empresas en el interior es mayor debido a que las flotas son más pequeñas.
“Hasta ahora no todas las empresas podían probar esta tecnología. Pero con el aumento de ómnibus eléctricos tanto en la capital como en el interior creemos que se va a dar esa replicabilidad”, afirmó.
Álvarez también se mostró positivo respecto a la posibilidad de que en el corto plazo crezca la plaza del transporte público eléctrico, así como también el uso por parte de las empresas de triciclos eléctricos y bicicletas de pedaleo asistido.
“Estamos lanzando diferentes estudios, uno de ellos en coordinación con la Intendencia de Montevideo, para definir los indicadores de calidad en el servicio de transporte público, tanto los aspectos más operativos (como la puntualidad o la limpieza), como elementos de la convivencia como la perspectiva de género y la experiencia del viaje en sí”, indicó.
Por otro lado, el PNUD también inició un estudio acerca de las “externalidades” del transporte, tanto negativas, como pueden ser ruidos, problemas de circulación o enfermedades respiratorias debido a la contaminación, o positivas, como la reducción de la siniestralidad gracias a vehículos más seguros. “Cuando se mejora el transporte público, hay aspectos que se pueden hasta cuantificar económicamente. Estás mejorando las condiciones de ciertas personas y hay que tratar de hacer ver a las instituciones que eso también implica un retorno económico y social”, puntualizó Álvarez.
La idea, agregó, es hacer una lista de las cosas que deberían ser estudiadas en todo proyecto de transporte y cuantificar la información, como forma de mostrar que estas son “inversiones importantes”. En ese sentido, Tambasco señaló que para la comisión es fundamental la interacción con los gobiernos departamentales, encargados de regular los servicios de transporte urbano.
Impacto.
Movés, un proyecto ejecutado por los ministerios de Industria y Transporte, con la colaboración de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, se enfoca en la flota de vehículos empresariales y en el transporte público de pasajeros debido a que son aquellos que se utilizan más intensamente y pueden, por tanto, hacer una diferencia mayor.
La flota de vehículos utilitarios de UTE (hasta hace poco la más grande de Latinoamérica) también continúa creciendo y hoy alcanza las 90 unidades. A su vez, ya pueden verse en las calles 64 taxis eléctricos.
Por otra parte, el PNUD anunciará próximamente acuerdos alcanzados con distintos bancos para financiar la compra de vehículos eléctricos por parte de empresas a través de un “crédito verde” —una línea de crédito diseñada específicamente para estimular el recambio de la flota— y con el Banco de Seguros del Estado, que ofrecerá seguros especiales para ese tipo de vehículos.
“Estamos intentando hacer toda la ecuación para facilitar el acceso. Por eso también vamos a lanzar el plan “flota verde”, con el que se espera estudiar la situación de las empresas caso a caso”, añadió.
Uno de los aspectos que provoca incertidumbre sobre los vehículos eléctricos es cómo se realizará la disposición final de sus baterías de litio, que son altamente contaminantes. Es por eso que las autoridades trabajan hoy junto con la Dirección Nacional de Medioambiente en una normativa específica que contemple su uso, reúso, reciclado y disposición final, como la que se aplica a las de plomo ácido.
En esa línea, desde el PNUD estudian junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y UTE procesos para implementar un segundo uso de la batería en aplicaciones más estacionales.
