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El ex tupamaro Amodio Pérez, procesado con prisión por su colaboración en la detención “ilegal” de militantes del Movimiento de Liberación Nacional -Tupamaros durante la dictadura militar (1973-1985), reclama que el Estado lo reconozca como víctima de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en ese período.
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“El Estado uruguayo me ha reconvertido en ciudadano para procesarme y considero que como ciudadano uruguayo tengo una serie de derechos. Entre ellos la ley 18.596 me otorga derechos que voy a reclamar, como el certificado de víctima de terrorismo”, dijo Amodio a Búsqueda.
Esa ley reconoce la actuación ilegítima del Estado entre junio de 1968 y febrero de 1985, y establece la responsabilidad del gobierno de reconocer y reparar a las víctimas.
“Estuve preso en dos sitios, creo que me corresponde y por eso lo vamos a solicitar”, afirmó el ex tupamaro.
“Se está buscando ampararse en el marco de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 18.596”, explicó a Búsqueda su abogado, Andrés Ojeda.
Ese artículo establece que el Estado uruguayo, a través de una Comisión Especial, “expedirá un documento que acredite la condición de víctima y la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado la dignidad humana” de quienes, entre otras cosas, fallecieron por el accionar ilegítimo del Estado, estuvieron detenidos o debieron exiliarse por motivos ideológicos o políticos. El documento se otorga a solicitud de parte o de los familiares.
Amodio fue detenido el 8 de agosto de 2015, a pocas horas de llegar a Uruguay para presentar un libro. Casi un mes después fue procesado con prisión por su responsabilidad en “reiterados delitos de privación de libertad especialmente agravados”.
La defensa del ex tupamaro apeló el fallo. Amodio, que cumple prisión domiciliaria en la casa del escritor Jorge Marius, está convencido de que el Tribunal revocará su procesamiento. “En algún momento va a primar lo jurídico sobre lo político”, afirmó.
Amodio criticó el tiempo que tardó en llegar su caso al Tribunal. “Me procesaron en 38 días, pero pasaron ocho meses para que mi causa llegara al Tribunal. Había voluntad de enlentecerlo, si no, no se justifica. Este procesamiento es una venganza, no cabe otra”.