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La imagen del futbolista Nicolás Schiappacasse se viralizó minutos después de ser detenido por la Policía en la Ruta Interbalnearia: rostro temeroso, manos esposadas a la espalda y cuatro agentes rodeándolo luego de incautarle una pistola Smith & Wesson calibre 9 milímetros con ocho proyectiles en su interior, robada y destinada a la barra brava de Peñarol. Las conclusiones del Ministerio del Interior sobre el hecho no demoraron. Dos horas después del arresto, Andrés Capretti, asesor del ministro Luis Alberto Heber, aseguraba que la Ley de Urgente Consideración (LUC) había evitado una tragedia en el partido clásico amistoso del miércoles 26 disputado en Maldonado, al cual Schiappacasse se dirigía.
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“La Policía, en un control de rutina y pedido de documentos, ve en actitud sospechosa a una persona en un auto y detiene a un jugador de fútbol que llevaba un arma que le habían pedido. Si será importante no derogar la ley”, señaló Capretti en un tuit en referencia al artículo 24 de la LUC, que permite el registro de personas, vestimenta, equipaje y vehículo en busca de armas, drogas u objetos robados, en el marco de procedimientos policiales preventivos rutinarios.
Su opinión no fue casual. Desde mediados de enero, ya con los índices de delitos de 2021 a su favor, la estrategia de la secretaría de Estado es ahondar pública y constantemente la idea de que la LUC es la razón detrás del éxito de la política de seguridad del gobierno. Un caso tan notorio como el de Schiappacasse, un talentoso delantero que jugó la temporada pasada en Peñarol y estaba próximo a renovar contrato con el club, fue rápidamente aprovechado.
“No es necesario tener directivas”, dijo Heber a Búsqueda sobre si la postura común entre los jerarcas de su cartera responde a una orden que llegó tras sus conversaciones con el presidente Luis Lacalle Pou. Añadió que la seguridad “es el punto fuerte” de la LUC y por tanto es “lógico” y “central” que desde el Ministerio del Interior se remarquen sus ventajas, aún sin un alineamiento formal previo.
Lo cierto es que el lunes 28 Heber también sumó su voz en favor de la LUC con el episodio de Schiappacasse como ejemplo. Argumentó que la detención del futbolista se debió a un control vehicular “preventivo y aleatorio” que fue habilitado mediante el artículo 24 de la ley. “Resulta incoherente querer derogar esto”, sostuvo el ministro en su cuenta de Twitter. “Es una demostración de que la LUC sirve para combatir la inseguridad. La realidad mata relato”, añadió.
Ese día se expresó en una línea idéntica el subsecretario Guillermo Maciel, quien afirmó que el repetido artículo 24 eliminó la necesidad de requerir intervención fiscal para este tipo de registros, establecida en el Código del Proceso Penal. También se manifestaron en la misma sintonía Luis Calabria y Santiago González, director de Secretaría y director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, respectivamente. Ambos jerarcas, que cierran la plana mayor del ministerio, han profundizado su defensa de la LUC desde el cierre del año pasado, tanto en redes sociales como en actividades partidarias del oficialismo.
“Para nosotros es extremadamente importante la LUC”, destacó a Búsqueda González, quien relativizó las posiciones cada vez más frecuentes con las cuales la mesa chica del ministerio pregona los beneficios de la ley. “A la LUC no es necesario defenderla. Se defiende sola porque es muy buena, tan buena que aún no hay nadie que me haya mencionado un solo artículo que le haya afectado negativamente su vida. Y sin embargo, si lo miramos desde la seguridad, todos los artículos de la ley han impactado positivamente en la población”.
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana señaló que “la gente en la elección presidencial votó un cambio” con un enfoque especialmente inquieto en la situación de la seguridad pública. “Nosotros prometimos que íbamos a presentar una ley de urgente consideración para solucionar ese problema y darle una cantidad de herramientas a la Policía y los datos del trabajo de la Policía en materia del delito demuestran que la ley sirvió”, dijo.
El 18 de enero el ministerio presentó la información cerrada de 2021 a cargo del Observatorio Nacional Sobre Violencia y Criminalidad, que con respecto a 2020 arrojó un descenso del 11,2% en homicidios consumados, 13,5% en denuncias de rapiñas, 5,5% en denuncias de hurtos, 39,2% en denuncias de abigeatos y un aumento del 0,6% en denuncias de violencia doméstica. “Con la LUC ha habido un enorme cambio en la Policía y lo que me llama la atención es que la oposición, en vez de alegrarse por las cifras, cuestiona la forma de medirlas. Es algo difícil de entender por más que estemos en campaña electoral”, afirmó González.
Desde el inicio del gobierno de la coalición, el Frente Amplio afirma que el Ministerio del Interior registra de manera parcial las muertes dudosas y con una metodología distinta a la de la Fiscalía General de la Nación. También apunta a decisiones administrativas que generan una menor recepción de denuncias ciudadanas por parte de la Policía.
Además de las cifras de delitos, el caso Schiappacasse es otro punto de choque entre oficialismo y oposición en materia de seguridad. La fiscal de 4° turno de Maldonado, Carolina Dean, imputó al futbolista por tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos en calidad de autor, en una investigación en curso que involucra a más personas y pretende desbaratar a parte de la barra brava de Peñarol.
Mientras desde el Ministerio del Interior insisten en que la llave del caso son los registros policiales avalados por la LUC, jerarcas de la cartera durante la administración frenteamplista argumentan que el arresto de Schiappacasse no fue fortuito sino resultado de una investigación policial previa. La fiscal Dean indicó que se trató de un “control de rutina” de efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado, similar a otros realizados en el pasado sin la LUC, cuando en ese departamento se juegan partidos de alta peligrosidad.
