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El mes próximo, más de 80 operadores de la refinería de La Teja tendrán una “sanción económica” por la conflictividad que afectó la actividad de Ancap en la segunda quincena de diciembre. Así se lo informó al sindicato (Fancap) la semana pasada que, en reacción a la medida, aprobó un paro general de 24 horas para el 2 de marzo.
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El tema ya generó una mesa tripartita en el Ministerio de Trabajo, que se reunió este 30 de enero y donde el ente señaló que “no va a echar para atrás”, dijo a Búsqueda la presidenta de Fancap, Natalia Belo. La sanción es de un descuento de 15% sobre el salario de los días en que se tomaron las medidas sindicales.
La dirigente declaró que el Directorio de Ancap lleva adelante decisiones “antes de agotar las instancias de negociación” con el sindicato como forma de relacionamiento. “Primero resuelve y después hay una oportunidad de discutir los temas. (...) Eso es un problema, no es positivo, porque con este Directorio no hay punto medio, aunque luego de resolver digan: ‘Vamos a negociar’”, alegó.
Belo cuestionó que el ente aplique la misma actitud para definir la política de nuevos ingresos de personal. Dijo que mientras mantiene “altos cargos” y mueve la estructura hacia arriba, está “retaceando” puestos y recursos en las escalas fucionales más bajas. Advirtió que con esa estrategia se “promueven las tercerizaciones” en la empresa estatal que, indicó, se vienen “profundizando” a través de los servicios que contrata a través de Matriz —una sociedad del grupo— para proveer personal en varias áreas en la que tienen escasez de operarios. A su juicio, dijo, ello va “en contra de la calidad del trabajo” porque hay trabajadores contratados por Matriz que “cumplen la misma tarea que un funcionario de Ancap, pero tienen menos derechos y menos salarios”. Belo expresó preocupación porque esa forma de gestión vaya generando una estructura que sea una “cáscara”.
Compensaciones
Otra medida aprobada por el ente vinculada a la gestión de los recursos humanos fue el cambio en el régimen de partidas extra (compensaciones) para pagar menores montos por ese concepto a los nuevos funcionarios.
El director de Ancap, Richard Charamelo, que preside el comité de gestión humana, dijo a Búsqueda que con eso se pretende generar “un antes y un después” e ir “saneando de a poco” a la empresa de los “excesivos” gastos por compensaciones salariales que paga. Explicó que no habrá afectación en ese tipo de partidas que cobran los actuales funcionarios porque son “derechos adquiridos”, pero que permitirán un ahorro a futuro. “Hay gente que se va a ir retirando, gente que por diferentes motivos no va a estar y, por tanto, con los nuevos (ingresos) se va a generar un ahorro importante, que se verá con el pasar del tiempo”, indicó.
En 2020 Ancap pagó $ 2.000 millones por más de 80 tipos de compensaciones.
Ahora, el ente estableció que el conjunto de las compensaciones se revise cada cuatro años, que para la creación de nuevas deba existir partida presupuestal y que un mismo hecho generador no puede dar lugar al pago de más de una compensación.
Además, aprobó nuevos reglamentos para las compensaciones “por desarraigo” y de “temporada estival”.
Los pagos por “desarraigo” aplican para los funcionarios que presten funciones en el interior o aquellos que deban trasladarse a trabajar en dependencias en Montevideo por la necesidad de cubrir un puesto específico, o bien producto de “reestructuras” o cambios organizacionales. Para recibir la compensación, se requerirá la resolución expresa del Directorio y su plazo máximo será de cinco años. El monto variará de acuerdo con el cargo: 10% sobre el total de las remuneraciones fijas para jefes y superiores; entre 10% y 15% para profesionales; y entre 15% y 35% para el resto de los cargos. Ahora esta partida se ubica entre 10% y 35%, dependiendo de la zona del país a la que se movilice la persona.
Adicionalmente, podrá concederse una partida extra por vivienda, (inicialmente de $ 16.861), que también regirá por un máximo de cinco años.
La partida por temporada estival —que busca compensar el aumento de los precios de temporada que ocurre en Maldonado—, según el nuevo reglamento se cobrará de diciembre a marzo y se fijó en 10% del salario fijo. En este caso, la revisión ocurrirá cada tres años. La partida se fijó por debajo de lo que actualmente rige, que es de 40% para los residentes en ese departamento, y de 17,3% para los que se trasladaron a Maldonado a trabajar y cobran por la radicación en el interior.
Según la presidenta de Fancap, estos cambios producen una “inequidad enorme entre los que están y los que ingresan” que considera es pasible de “recurrir”.
