Ancap suspendió acuerdo con empresa paraguaya por una orden “verbal” del Poder Ejecutivo, pese a que la cancelación le costaría U$S 7 millones

El gobierno uruguayo y el venezolano firmaron en 2005 un acuerdo de cooperación energética, y en el marco de ese convenio, Ancap compró durante varios años petróleo crudo a Pdvsa con un régimen especial de financiación. Para 2012 la deuda con la venezolana ascendía a U$S 700 millones.

“Ni bien quedó excluida”, Exor presentó “dos notas reclamando el pago de honorarios por la gestión realizada”, que el Directorio rechazó, contó Bianchi. “Conjuntamente con eso inició gestiones personales, a través de autoridades de Ancap para obtener ese reconocimiento de honorarios y se le dijo que no”.

Entonces la paraguaya inició un juicio contra Ancap. Bianchi solicitó a las áreas administrativas que informaran si había “algún acto administrativo contratando a Exor” y respondieron “que no”. Los actos administrativos deben estar por escrito, explicó, salvo excepciones que no aplicaban al caso.

De acuerdo a la demanda que presentó Exor, la contratación “sucedió en la reunión que mantuvieron con Sendic, pero ni el presidente de Ancap ni ningún funcionario está autorizado a realizar contratos en forma verbal”, afirmó Bianchi. A partir de esa supuesta contratación, Exor reclamaba daños y perjuicios.

Finalmente, la paraguaya propuso “transar el juicio y se lo planteó al presidente de Ancap en una reunión”, contó Bianchi. Allí propuso que en lugar de reconocer sus honorarios, la contrataran para tramitar ante Pdvsa la deuda que se había generado por el pago a crédito que hacía Ancap.

El acuerdo que se alcanzó, aprobado por el Directorio, “consistía en concesiones reciprocas: Exor daba por finalizado el proceso judicial y Ancap celebraba el acuerdo de servicios”. Las ventajas para Ancap eran que se ahorraba los gastos del juicio, se eliminaba el riesgo y lograba la precancelación de la deuda nueva que tenía con Pdvsa con una quita beneficiosa, y “todo eso sin pagarle nada a Exor, porque no se le pagaban honorarios, sino que tenía que buscar su rentabilidad de la estructura de ese negocio”.

Además se estableció una liquidación anticipada de daños y perjuicios que era un porcentaje de la deuda a cancelar y que equivalía a “7 millones y algo de dólares”.

Firmados los acuerdos, Exor empezó a trabajar en el tema, pero transcurridos seis meses “me llama (José) Coya (entonces presidente de Ancap) y me dice que recibió una directiva del Poder Ejecutivo para realizar una cancelación anticipada de la deuda con Pdvsa a través de otro procedimiento”, que era “incompatible” con el acuerdo firmado con Exor, narró Bianchi.

Eso “significó un incumplimiento con Exor”, afirmó Bianchi. “Dado eso, la presidencia de Ancap con la asistencia de los servicios jurídicos, inicia tratativas con Exor y de ahí deriva otro acuerdo transaccional”, por el cual el ente se comprometió a abonarle U$S 3.100.000 en cuotas.

Pero el Tribunal de Cuentas observó el gasto y el Directorio no lo reiteró. La transacción no se firmó y el juicio se reanudó, situación que se mantiene hasta la actualidad.

“Riesgo”.

En el interrogatorio Bianchi debió responder, entre otras cosas, por qué Ancap aceptó negociar con Exor si no había ningún contrato firmado que sustentara el reclamo de la paraguaya.

“¿Si en opinión de Jurídica no había al principio elementos que sustentaran la demanda iniciada por Exor, por qué se tranza con ella y se la reintroduce como intermediaria para la cancelación de la deuda?”, preguntó el fiscal del caso, Luis Pacheco.

Los motivos por los que se hace la transacción son “básicamente económicos, financieros, políticos y estratégicos, cosa que no nos compete analizar”, respondió Bianchi.

El fiscal Pacheco también lo consultó acerca de la solución inicial que había encontrado Ancap para evitar el juicio de Exor. “¿Sabe por qué Ancap se obliga al pago de comisiones por incumplimiento si no sabía si podía cumplir, como ocurrió?”, preguntó Pacheco. “Ancap sabía que iba a cumplir, la directiva del Poder Ejecutivo que genera el incumplimiento fue seis meses después”, respondió.

“¿Quién dio la orden y a quién de Ancap?”, interrogó el abogado del Partido Nacional, Pablo Correa. “Yo no puedo afirmar quién dio la directiva, pero si mal no recuerdo, cuando le dieron la directiva (a Coya) estaban presentes representantes del Ministerio de Economía, la ministra de Industria actual (Carolina Cosse), el Ministro (Tabaré) Aguerre y creo que estaba el vicepresidente de la República, Sendic”.

“¿Cuando Coya le comenta las instrucciones recibidas, le advirtió a él y al Directorio de los riesgos que ello implicaba?”, le preguntó Correa. “Efectivamente le advertí al presidente Coya de los riesgos. De todas formas, creo que cualquiera se hubiera dado cuenta del riesgo”, afirmó Bianchi.

La oposición también cuestionó el hecho de que Exor fue “contratada” (o se la dejó participar de las negociaciones iniciales con Pdvsa) sin licitación. Consultado sobre el tema, Bianchi dijo en la audiencia que hubo otras “4 o 5” propuestas con “características similares” a la de Exor, y que la ingeniería que propuso no era “novedosa”. “Y por qué Ancap no llamó a licitación, lo desconozco”, afirmó. De todas formas, aclaró que para la primera deuda Ancap no contrató a ninguna de las empresas que se presentaron (ya que finalmente se canceló la deuda con la intervención del Bandes).

El representante de Exor en Uruguay, Alejandro Steineck, fue diputado suplente del Frente Amplio. Su vínculo con el oficialismo es uno de los hechos que genera sospechas entre los partidos de la oposición.

Ayer miércoles debía comparecer Steineck en el Juzgado, pero solicitó postergar la audiencia por razones de salud. También estaba citado, para hoy jueves, el representante de Exor en Paraguay, Cesar Addario, pero sus abogados Andrés Ojeda y Fernando Posada se presentaron a la Justicia para pedir una postergación de la audiencia debido a que se encuentra en ese país y recibió la notificación con poca anticipación.