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    Ancap tuvo pérdidas en 2020, pero menores a las previstas

    El ente encara un año de ajustes en algunas áreas de negocios

    La reforma del mercado de los combustibles que el Poder Ejecutivo elevó el martes 2 al Parlamento desencadenará, además de una serie de modificaciones legislativas y reglamentarias, un plan de acción y ajustes para Ancap. Sin embargo, este año no habrá cambios drásticos para el ente sino mejoras y ajustes en la gestión vinculados al abastecimiento y la logística que solo pueden llegar a significar un escaso margen de ganancia, admitieron a Búsqueda fuentes oficiales.

    En 2020 las finanzas de Ancap habrían cerrado “mejor de lo proyectado”, más allá de que el impacto por el Covid-19 en las ventas fue relevante, añadieron. Inicialmente se pensó que la empresa perdería entre US$ 70 millones y US$ 90 millones, pero una estimación preliminar las sitúa en menos de la mitad: entre US$ 30 millones y US$ 40 millones. En eso habría incidido la recuperación de la demanda de combustibles en el último trimestre del ejercicio y la evolución favorable (por debajo de lo calculado) del precio del petróleo, entre otras variables, explicaron.

    Añadieron que de haberse cerrado la venta de la subsidiaria en Argentina Carboclor —que se frustró por la falta de documentación que probara la existencia y origen de los fondos ofertados por un grupo árabe interesado (Búsqueda Nº 2.108)—, el resultado hubiera sido positivo.

    Alur y fletes

    Una de las definiciones del Poder Ejecutivo para reducir el precio de los combustibles incluida en su plan de reforma es la eliminación de la obligación de mezclar biodiesel en el gasoil producido en el país. Esa medida fue sugerida por una comisión técnica creada a instancias del gobierno y recogida en la “propuesta de revisión del sector combustibles líquidos” que remitió al Parlamento.

    Según las fuentes, un cambio de ese tipo —que implica modificar la ley de agrocombustibles vigente (Nº 18.195)— no ocurrirá antes de mediados de este año. Para Ancap, por ahora, la propuesta de reforma solo significará una gestión más ajustada en la compra de materia prima para moler (lo que hace la aceitera privada Cousa) para evitar un sobrestock que luego no tenga que utilizar, explicaron.

    La problemática del ingenio azucarero en el norte del país —que el gobierno decidió mantener por el impacto social y derrame que tiene para la comunidad de Bella Unión— es otra área donde Ancap buscará eficiencias. Las fuentes indicaron que sobre fines de este mes el ente les anunciará a los productores de caña de azúcar cambios en las condiciones de los contratos, tendientes a reducir en el mediano plazo los costos de la materia prima que compra y procesa Alcoholes del Uruguay (Alur) para producir el bioetanol que mezcla en las naftas. Alegaron que propondrá un nuevo contrato a cuatro o cinco años que incluya incentivos o premios al productor que supere cierto nivel de rendimiento y un factor de ajuste con base en el valor internacional de la caña de azúcar.

    Por otro lado, las fuentes indicaron que se propondrá a los actores de la cadena de combustibles un cambio relacionado con los fletes, que hasta el momento asume Ancap a través de llamados a licitación, pero que el gobierno quiere que pasen a la cadena de distribución secundaria. La idea es que ese costo sea asumido por los sellos o, en algún caso, por las estaciones de servicio que se provean con logística y equipos propios. Esta semana el tema será tratado en las reuniones pedidas por algunos sellos con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, agregaron.

    Cemento

    Otro negocio de Ancap que da pérdidas es el del portland. Luego de dialogar con el sindicato sobre las distintas posibilidades, el ente anunciará que buscará los medios para mantener la actividad en la planta de Paysandú, dijeron las fuentes. Pero es probable —apuntaron— que a mediano plazo se decida concentrar la producción en la fábrica de Minas y realizar un proceso competitivo entre inversores privados interesados en el negocio, y en pensando en posicionarse en el mercado de la mesopotamia argentina. Si eso no prosperara, la alternativa sería una asociación de los privados con el ente, indicaron.

    El tema tiene en alerta al sindicato de Ancap, que entiende que “ya existe una decisión política” del gobierno en el sentido de buscar una asociación con privados. Un documento elaborado por Ancap enumera algunas conclusiones compartidas y otras particulares del sindicato (Fancap). Bajo “consideraciones generales” el ente indica la necesidad “imprescindible” de revertir el negocio deficitario del portland y señala que la “continuidad operativa segura y confiable” de la planta sanducera “está cuestionada”, cuya “disponibilidad mecánica viene cayendo sistemáticamente con el paso del tiempo”.

    Entre sus causas, menciona que el “horno III”, adquirido hace más de cinco años, no se instaló y que es preciso realizar nuevas inversiones en tecnología e incorporar mejoras en la gestión. Dada la capacidad financiera actual, indica el documento, habrían de considerarse “en conjunto con otras prioridades” de inversión “inevitables”.

    Agrega que el mercado interno de cemento en la zona de influencia de la planta de Paysandú se estima en torno a las 50.000 toneladas al año, pero que para ser sustentable requeriría de una “demanda adicional de entre 400.000 y 450.000 toneladas”. Ello equivaldría a un “incremento sostenible en el tiempo del 50% de la demanda actual” de todo el mercado nacional, lo que “solo puede generarse con el acceso al mercado regional”.

    A su vez, apunta, eso “solo sería posible con la incorporación de un socio comercial que tenga el debido ‘know how’ del negocio” y un “posicionamiento o  interés estratégico”.

    Sobre el final de su documento, Ancap señala que el planteo de Fancap de incrementar la demanda interna a través de un plan nacional de vivienda e infraestructura “no es viable” en el actual contexto por las limitantes fiscales del país.

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