Ancap y la justicia

Existe la idea del colapso de la empresa, su patrimonio con tendencia a hacerse nulo en el corto plazo, su pléyade de empresas ineficientes desde los cementos a los biocombustibles, su proceso de endeudamiento inapropiado e improductivo, etc. Y la lógica conclusión de la opinión pública es que esto ha sido un fracaso.

Más allá de las responsabilidades de cada uno en este desbarranque en concreto, de lo que se trata es de revisar la forma de gobernanza de estas empresas. Se ha intentado, sin éxito, su privatización. Se alzan voces proponiendo otro tipo de soluciones para eliminar la posibilidad de gravitación de cualquier objetivo improcedente en su conducción.

Al llegar a este punto aparecen voces defendiendo su condición actual, y se ha escuchado el argumento de que hay que mantener las empresas como están porque “han sido gravitantes en el desarrollo del país”.

Durante esta década de oro que hemos atravesado en materia de precios de las materias primas se puso en evidencia la “gravitación de estas empresas en el desarrollo nacional”. Los precios altos permitieron extender actividades productivas, o técnicas de producción, a casi todo el país. El caso de la agricultura es el más elocuente; hemos visto caer algunos mitos agronómicos, como que en el norte del río Negro no se podían llevar adelante cultivos de invierno, incluso la propia agricultura de verano; esta se expandió a lugares lejanos de los puertos, como la zona norte y noreste, llevando consigo todo lo de progreso que tiene una actividad intensiva: los salarios subieron, los comercios locales renacieron, en fin, se incrementó la generación de riqueza local. La ganadería incluso accedió a técnicas de producción, como la suplementación con granos, que le estaba vedado por los altos costos de los fletes.

Seguramente, el desequilibrio territorial de la riqueza —económica y social— tiene muchas causas, pero el fin de la década deja en evidencia la incidencia que tienen aspectos como los costos de los fletes, hijos directos de los costos de los combustibles, y de la ausencia de mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial, pero esto es harina de otro costal.

Pasó la década y con ella se fueron los altos precios, y estas actividades comenzaron a replegarse; la agricultura desaparece de las zonas lejanas a los puertos, la ganadería encuentra dificultades para continuar con el uso de las mencionadas técnicas, la forestación ve cuestionada su rentabilidad, etc.

Es decir, que queda en evidencia la mentada “gravitación de las empresas públicas”, en este caso Ancap, en el diseño de las desigualdades sociales que se verifican en el territorio nacional. La ineficiente producción de combustible, la mala administración de la empresa, solo se financia con el precio del combustible, y eso hace que “las distancias del país sean mayores”; que el norte quede “más lejos”. El país podría ser otro, si en esta materia se accediera a precios internacionales de los insumos; podrían verse menos diferencias entre el litoral y el sur respecto al norte y al noreste.

Esta forma inequitativa del desarrollo en el territorio, es consecuencia de la persistencia durante décadas en formas de conducir las empresas públicas que proveen bienes y servicios en forma ineficiente, de mala calidad y altos precios. Y ello castiga más a unas regiones que a otras.

Se podría hoy ver un país más homogéneo, menos injusto desde el punto de vista social y económico, si no hubiera sido por la equivocada persistencia de la sociedad en mantener las cosas incambiadas respecto a estas empresas.

Cuando se hable en el futuro de qué hacer con estas empresas, deben tenerse presente aspectos de justicia social, de desarrollo territorial armónico, de defensa del territorio, que más allá del obvio aspecto del menoscabo de la competitividad han marcado duramente y a fuego el interior del país, especialmente en el “lejano norte”.

(*) El autor es ingeniero agrónomo y consultor privado