Aquello de la mujer del César

Casi cada vez que un partido (o una coalición de partidos) gana una elección, se abre una oportunidad de cambio. O al menos eso es lo que nos cuentan quienes lideran ese partido o coalición: vótenme a mí que ofrezco cosas nuevas. De hecho, esa regla de la cosa “nueva” suelen ofrecerla incluso aquellos que pertenecen al partido que gobierna: vótenme de nuevo porque aunque soy casi lo mismo, traigo otros caramelos distintos en la bolsa.

Se dice que la mujer del César no solo tiene que ser honrada sino que además debe parecerlo. Es justo en ese sentido que resulta llamativa la decisión del gobierno (y del presidente en concreto) de colocar en el cargo de director de UTE a Julio Luis Sanguinetti. Es verdad, los cargos en los entes son “de confianza” o “políticos”. Y, es verdad, el hijo del expresidente colorado no tiene cuentas pendientes con la Justicia aunque se ha encontrado y rozado varias veces con ella. Y sin embargo, no parece la mejor decisión tomando en cuenta que se trata de un gobierno recién llegado, que viene lidiando con una situación inédita y que con esta figura polémica podría abrir un nuevo flanco de debate innecesario para sus intereses.

Es claro que la idea que subyace detrás de los cargos “políticos” o de “confianza” se refiere a la confianza que esos cargos le brindan a quien los coloca en ellos. Pero, ya lo he dicho en otras columnas, desde la perspectiva del ciudadano no siempre es claro el beneficio que ofrece el señor que ocupa tal o cual cargo de confianza. Por un lado, porque la agenda político-partidaria que lo coloca allí no tiene por qué conectar con lo que la ciudadanía necesita. Esa “confianza” no se conecta con unas habilidades técnicas sino con la circunstancia de la interna del gobierno que lleva al señor a esa posición. En el caso de Julio Luis Sanguinetti, ni siquiera es clara la “confianza” o las ventajas que ofrece en términos de fidelidad al gobierno: debe existir una docena de personas que podrían ocupar ese cargo sin tener que pagar el eventual coste político que tiene esta designación en concreto. De la solvencia técnica para el cargo ni hablamos, ya que no parece estar considerada en la jugada.

En esta argumentación estoy haciendo la lectura que se me ocurre menos nociva para con el gobierno: se acepta incorporar una figura controvertida a cambio de lo que, supongo, serán eventuales apoyos clave en momentos venideros. Otra lectura, menos compasiva con el gesto, sería la de que el gobierno cree, siguiendo el mecanismo que mencioné al comienzo de esta columna, que una vez instalado allí no tiene por qué rendir cuentas al ciudadano de lo que hace o deja de hacer. Esta versión, la que solo considera al ciudadano como tal cuando se acerca una elección y pasa a considerarlo un estorbo cuando la elección pasó, me parece mucho más peligrosa para la democracia.

Es una visión que, justamente, el Partido Nacional y el Partido Colorado criticaron de manera clara y dura durante los 15 años que fueron oposición. Y es que una cosa es asumir ciertas nominaciones como eventuales “costos” políticos en pro de un supuesto bien mayor (que aún está por verse) y otra muy distinta es pensar que no se debe rendir cuentas a la ciudadanía cuando se cae en contradicciones flagrantes como esta. Flagrante porque no se puede asumir un gobierno con la promesa de cambiar la política y acto seguido repetir los peores tics de la política previa. Lo dije hace exactamente seis meses, en diciembre de 2019: “Viendo algunos casos extremos de esta lógica en el actual gobierno del Frente Amplio (complete la línea punteada con el nombre del peor cargo de confianza que se le ocurra: ……………….), sería bueno para el gobierno entrante incluir esta perspectiva ciudadana a la hora de repartir las cartas”.

Es verdad que la larga tradición partidaria de nuestro país ha contribuido a dar estabilidad y continuidad a nuestro ethos democrático. Pero no es menos cierto que esa larga trayectoria se ha visto manchada por un uso partidario e interesado de los cargos del Estado. Esto ha sido así hasta el punto en que más de un politólogo se ha preguntado si el Estado uruguayo tal como lo conocemos es resultado de una disfunción provocada por su uso discrecional como bolsa de trabajo a cambio de favores políticos o si su diseño institucional no es directamente clientelar, sin errores ni excesos que lo expliquen.

Este gesto, que puede parece menor en un instante delicado y confuso como el que estamos viviendo, es una mala señal (espero que no deseada) que se envía a la ciudadanía. Además de que implica, obviamente, proveer de buena munición a la oposición. Tensiona de manera innecesaria la confianza que el electorado le brindó a la coalición de gobierno y abre un compás de duda sobre la prometida nueva política. Si la nueva política va a necesitar de esta clase de “confianza” es que se parece mucho a la vieja política. Por eso conviene recordar aquello de la mujer del César: serlo y parecerlo. No estoy seguro de que este sea el caso.